BARCELONA.- Tras una última reunión celebrada esta misma mañana en el Parlament, Junts pel Sí (JxSí) ha presentado una “propuesta de acuerdo” a la CUP para investir a un gobierno independentista de la Generalitat. La propuesta se ha trabajado “conjuntamente” entre las dos formaciones, según ha afirmado el diputado de JxSí Raül Romeva, pero no está ratificada por el partido de la izquierda independentista, que la someterá a votación en la asamblea nacional que celebrará el domingo en Girona.

El portavoz parlamentario de la CUP, Albert Botran, ha reiterado esta tarde en rueda de prensa que será “la militancia” la que “debatirá” y “aprobará o no” la propuesta de JxSí.

El también diputado de la CUP Benet Salellas ha matizado la interpretación de Romeva y ha puntualizado que el documento es “el esfuerzo de aproximación” que Junts pel Sí ha hecho a las propuestas de la CUP, recogidas hace algunas semanas en el texto Fil a l'agulla.

Las negociaciones de las últimas semanas han servido, básicamente, para que la coalición de CDC y ERC haya asumido algunas exigencias de la izquierda independentista, como la paralización del proyecto BCN World -dedicado al juego- y que se abra la puerta a recuperar la gestión pública de Aigües Ter – Llobregat (ATLL), privatizada por el gobierno de Mas. Con todo, los diputados de la CUP no han querido hacer una “valoración técnica” de la propuesta de JxSí, dejando este papel para la asamblea de domingo.

El documento presentado este mediodía, que tiene 63 páginas, incorpora nuevas concreciones en el plan de choque social y la reversión de algunas privatizaciones -como pedía la CUP-, pero mantiene a Artur Mas como único candidato a la presidencia de la Generalitat, al frente de un ejecutivo que contaría, además, con tres presidencias de comisiones, en recaerían en Oriol Junqueras -presidente de ERC-, Neus Munté -dirigente de CDC y vicepresidenta en funciones del ejecutivo en funciones- y el mismo Romeva.

En palabras de Romeva, se trata de una “presidencia de transición entre el estatus actual y la etapa constituyente”. Eso sí, con Mas manteniendo sus competencias como jefe de la ejecutivo, entre las que destaca la capacidad para convocar elecciones. Por lo tanto, la propuesta es la misma que ya hizo JxSí hace algunas semanas, y que fue rechazada claramente por las bases de la CUP en el debate nacional que el partido celebró el pasado 29 de noviembre en Manresa (enlace). El diputado de JxSí ha confirmado que se mantiene la moción de confianza, a la que sometería Mas dentro de un año y que podría significar el fin de su presidencia si su gestión no recibiera el apoyo de la mayoría simple de los parlamentarios.

En la rueda de prensa de la tarde, el diputado cupaire Albert Botran ha reconocido que si la asamblea del domingo decide rechazar el acuerdo con JxSí, y por lo tanto la investidura de Artur Mas, el escenario más probable seria la celebración de elecciones, ya que difícilmente la fuerza mayoritaria del Parlament pondría encima de la mesa un candidato alternativo “si no lo ha hecho hasta ahora”.

El diputado de la CUP Albert Botran, junto a los demás parlamentarios de su grupo, durante la rueda de prensa que han ofrecido en el Parlament, en la que han anunciado que no se posicionarán ni orientarán el voto en la asamblea de este domingo que debe decidir sobre la propuesta de investidura. EFE/Andreu Dalmau

270 millones para el plan de choque

Romeva ha sido el encargado de presentar la propuesta de acuerdo, acompañado de los también diputados de JxSí Marta Rovira, Josep Rull, Toni Comín, Lluís Corominas, Eduardo Reyes, Jordi Turull, Muriel Casals, Pere Aragonès, Magda Casamitjana y Lluís Llach, y ha asegurado que el documento pretende “garantizar la seguridad jurídica” a partir de la creación de las estructuras de estado y de los marcos jurídicos para hacer viable la transición nacional. El documento surgido de semanas de negociaciones cita como objetivo “ampliar la base social” del independentismo y, según Romeva, es “escrupulosamente democrático”.

En lo que respecta al plan de choque, el dirigente de JxSí ha detallado que las medidas previstas sumarían “270 millones de euros”, una cifra “cuantiosa, pero asumible” y ha añadido que algunas de las propuestas se podrían llevar a cabo con los presupuestos prorrogados, mientras que otras necesitarían de la aprobación de unas nuevas cuentas. Estos nuevos presupuestos se deberían negociar independientemente del acuerdo de investidura. Entre otras medidas, Romeva ha afirmado que el documento plantea protocolos de actuación para garantizar que ninguna persona será desahuciada. Con todo, la cifra queda muy lejos del plan de choque planteado por la CUP, que tenía un coste de unos 3.000 millones de euros.

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y la vicepresidenta Neus Munté, durante la reunión semanal del Govern. EFE/Toni Albir

También se prevé la “paralización a todos los efectos” del complejo del juego BCN World, actualmente en tramitación, en lo que era una exigencia clara de la CUP. En ámbito sanitario, Romeva ha asegurado que no se ampliará ninguna concesión de gestión privada y que se revertirán “recortes” -como quería la CUP- mientras que el debate sobre el futuro de Aigües Ter Llobregat se dejaría para la “fase del proceso constituyente, porque es una cuestión de modelo”. Con todo, ha matizado que JxSí apostaría por el “modelo público de gestión” de una empresa que privatizó el gobierno de Mas. Desde la CUP, Albert Botran ha reconocido que en algunos ámbitos las posiciones estaban muy alejadas y que la solución ha sido plantear “moratorias” para que se decidan posteriormente, en el marco del proceso constituyente.

Los portavoces de JxSí han asegurado que los resultados de las elecciones generales del domingo, con el fuerte descenso de CDC -que sólo fue cuarta fuerza en Catalunya, por detrás de En Comú Podem, ERC y PSC- no cambian el escenario y mantienen la apuesta por una hoja de ruta que contempla llegar a la independencia de Catalunya en 18 meses. En este sentido, Romeva ha comentado que el proceso constituyente debe tener dos fases, una primera que reclama “un gran protagonismo de la ciudadanía” en la que ya se estaría entrando, y una segunda que requiere “la implicación de las instituciones”.