La sentencia sobre los proxenetas y agresores que pagaron para acceder a las menores víctimas de una red de explotación sexual en Murcia ha sacudido la opinión pública en todo el país, especialmente en la región, donde ya se han organizado cuatro grandes manifestaciones para mostrar el rechazo a la ínfima condena. Esta semana, la Audiencia Provincial ha decidido que irán a la cárcel tres de los intermediarios. En cambio, unos días antes se había anunciado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión a todos los empresarios pederastas acusados –con la condición de que no vuelvan a delinquir–, cuyas sanciones tras haber alcanzado un acuerdo de conformidad no superan los dos años.

El proceso judicial, que ha tardado más de una década en resolverse, ha terminado con condenas que muchas han tachado de insuficientes y que han generado una gran sensación de impunidad. Hay quien ve un retroceso a épocas "no solo preconstitucionales, sino decimonónicas", como es el caso de Altamira Gonzalo, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Para esta letrada, la sentencia representa "un ejemplo de justicia misógina, patriarcal y clasista". A su juicio, la dilación excesiva del proceso ha servido para beneficiar a los acusados, mientras que las víctimas, menores de edad en el momento de los hechos, "han sido ignoradas y desprotegidas a lo largo de los años", ha explicado en una conversación con Público.

Esto envía un mensaje "peligroso y disuasorio" a futuras víctimas de violencia sexual, al percibir que la denuncia no conduce a una justicia efectiva, sino más bien a un proceso tortuoso que termina con condenas irrisorias. España –recuerda la jurista– es uno de los países "en los que menos se denuncian los delitos sexuales, se calcula que apenas un 8%". A su vez, insiste Gonzalo, "más del 60% de las condenas por delitos sexuales son inferiores a dos años", es decir, que "casi no existen condenas de privación de libertad a personas que han quitado y han dañado tu libertad sexual. Es una vergüenza", lamenta.

Su enfoque destaca la ausencia de una perspectiva centrada en la reparación y el acompañamiento a las entonces menores. En este sentido, la crítica no solo se dirige a las penas impuestas (que van desde unos pocos meses a dos años), sino también a la forma en que el sistema ignora el daño psicológico prolongado "que estas jóvenes han sufrido y que aún enfrentan, a pesar de que ahora sean mayores de edad". En opinión de la experta, las indemnizaciones y penas de multa, que oscilan entre los tres y los 12 euros diarios, "no se corresponden con la magnitud de los traumas sufridos, incumpliendo las directrices establecidas por instrumentos internacionales como el Convenio de Estambul". 

El precio del acuerdo de conformidad

El uso de los acuerdos de conformidad entre las partes involucradas es otro de los asuntos peliagudos, los cuales, según María del Prado Escoda Merino, magistrada en la Audiencia Provincial de Tarragona, Portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, "se ajustan, sin embargo, a la legalidad vigente". Del Prado subraya que estos acuerdos no solo son comunes en la Justicia española, sino que son necesarios para agilizar un sistema judicial sobrecargado. La especialista ha explicado en declaraciones a este medio que estos pactos permiten reducir las penas cuando se reconocen circunstancias atenuantes, como las mencionadas dilaciones indebidas, un problema crónico en la Administración de Justicia en España que ha sido reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La magistrada, no obstante, también ha señalado que la percepción pública puede ser negativa cuando la Justicia se muestra indulgente con ciertos perfiles de acusados, especialmente aquellos con poder económico y social. En este caso, la sentencia parece haber sido más severa con las personas que facilitaron el contacto entre los explotadores y las víctimas, que con los propios empresarios, colaboradores necesarios de esta situación de violencia. Un "sesgo clasista" que, como señala Altamira Gonzalo, genera una sensación de "salir de rositas" hacia los verdaderos responsables del abuso, mientras que "los proxenetas, a menudo personas con menos recursos, son quienes enfrentan el peso de las penas privativas de libertad". 

En la misma línea, Gonzalo pone en duda que las víctimas fueran informadas debidamente por su representación fiscal de las implicaciones de la conformidad. Mientras Del Pardo recuerda que "lo que puede ser un acuerdo reparador para unas, a ojos de otras, puede resultar papel mojado". Por ello,  anima a respetar las decisiones de las demandantes.

En todo caso, no conviene perder de vista el contexto legislativo bajo el cual se han juzgado estos hechos. Los delitos cometidos se produjeron en 2014, cuando la legislación era menos severa y protegía menos a las menores víctimas de este tipo de abusos. A partir de 2022, por ejemplo, la inhabilitación para el ejercicio de actividades que impliquen contacto regular con menores es obligatoria, mientras que antes no lo era. Esto "limita la capacidad de los tribunales de imponer ciertas penas, lo que contribuye a la sensación de que las condenas no se corresponden con la gravedad de los hechos". Sin embargo, María del Prado Escoda Merino insiste en que, pese a estas limitaciones, los jueces han aplicado la ley vigente. 

"La sentencia olvida a las víctimas"

Más allá de las críticas a la duración del proceso y a la levedad de las penas, tanto Altamira Gonzalo como otras expertas advierten de una grave carencia de la sentencia: la falta de un enfoque reparador. Las medidas que reconocen el derecho a una asistencia psicológica a las víctimas y la reparación económica, en la práctica, no se han traducido en un apoyo concreto y suficiente. Gonzalo subraya la necesidad de que el sistema judicial considere a las víctimas como el centro de estos procesos, garantizando que sus derechos sean prioritarios en todas las fases del juicio, desde la instrucción hasta la ejecución de la sentencia. "La condena no les garantiza nada de esto, es un fallo que olvida completamente a las víctimas", argumenta.

Por otro lado, la magistrada Del Prado destaca que la reparación puede extenderse incluso a la fase de ejecución, a través de la mediación y otros mecanismos que permitan a las víctimas expresar sus necesidades. Sin embargo, reconoce que estas opciones no siempre se aprovechan de manera adecuada, lo cual deja a las víctimas con una sensación de desamparo. Ambas coinciden en la necesidad de mejorar y asegurar que la legislación evolucione para responder de manera cada vez más contundente a este tipo de delitos.

Entre tanto, la aparente indulgencia parece seguir revelando una tensión latente entre la aplicación estricta de la ley y la percepción de justicia por parte de la sociedad. En última instancia, lo que está en juego es la protección de las menores, el equilibrio entre la seguridad jurídica y la sensibilidad hacia el sufrimiento de unas víctimas completamente vulnerabilizadas. Un dilema que requiere una respuesta integral para evitar que casos como este refuercen la idea de que "sale barato agredir", de que la impunidad es la norma.