El juzgado de instrucción número 42 ha abierto diligencias por un presunto delito de coacciones contra la Comunidad de Madrid y la empresa energética Naturgy por el corte de luz en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, que dura ya 82 días. Según ha podido saber Público, el juzgado ha ordenado la investigación inmediata de los hechos, seis días después de recibir la denuncia de las familias afectadas.

El juzgado ordena a la Policía la investigación sobre los motivos del apagón generalizado que deja a 4.500 personas, entre las que hay 1.800 menores de edad. No disponen de luz para calentarse, ni tener agua caliente y ni corriente de luz para los electrodomésticos. Cuarenta personas ya han sido atendidas por inhalación de monóxido de carbono por la mala combustión de las estufas, entre otras patologías.

El abogado de las familias de la Cañada Real, Javier Rubio, ha manifestado a Público su esperanza en que la investigación sea "rápida" debido a la "emergencia" que se está viviendo en el asentamiento, "con niños pequeños pasando mucho frío". Este letrado explica que uno de los aspectos más importantes en este caso es la dificultad que desde la Comunidad de Madrid se está poniendo para ofrecer autorizaciones para un suministro legal de electricidad, pese a que el Pacto Regional para la Cañada Real de 2017 así lo establecía.

Este martes las familias han acudido a la Fiscalía General del Estado para pedir su intervención con el objetivo de que ordenase el restablecimiento urgente del suministro de luz. La empresa Naturgy sostiene que el problema se debe a que hay residentes que han realizado enganches ilegales destinados a abastecer de luz cultivos interiores e intensivos de marihuana y que esto provoca picos en el suministro que conlleva apagones constantes.

"Las familias de los sectores 5 y 6 quieren pagar su recibo de la luz, llevan años reclamándolo. No se puede criminalizar a 4.500 personas por unas prácticas que la Policía debe investigar", dice Javier Rubio.