La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado revocar el archivo del llamado caso ITV y reabrir este proceso judicial, donde figuran como investigados la actual alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), y siete ediles de su Ejecutivo local por la presunta condonación fraudulenta de una deuda a la empresa ITV Móstoles SL.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles acordó el sobreseimiento provisional de esta causa, al entender que "en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas", pero ahora la Audiencia Provincial ha revocado esa decisión.

En un auto adelantado por el diario El País y al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia estima el recurso de apelación presentado por dos ediles de Más Madrid, Gabriel Ortega y Susana Millán.

"Debemos revocar y revocamos el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, en el sentido de dejar sin efecto ese sobreseimiento y ordenar al Juzgado Instructor que acuerde la transformación de la causa en Procedimiento Abreviado", se insiste en el auto.

Investigados

Además de a la actual alcaldesa, la causa investiga al primer teniente de alcalde, David Muñoz; la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y la de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz, todos ellos del PSOE.

Figuran asimismo como investigados la actual concejala socialista de Igualdad, Dolores Triviño; la anterior responsable de dicho área, Beatriz Benavides, también del PSOE aunque ahora jubilada y fuera de la Corporación; y la edil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos.

Todos ellos, junto a la alcaldesa y el exedil de Hacienda y ahora de Recursos Humanos, Aitor Perlines (PSOE), que también fueron llamados a declarar por el mismo caso, formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles SL.

Deuda

La querella que dio pie a la investigación fue interpuesta en febrero de 2021 por los dos ediles de Más Madrid en Móstoles, Susana García y Gabriel Ortega, al entender que el Ayuntamiento "perdonó el cobro de las tasas" derivadas de la utilización de suelo público para que la citada empresa desarrollara su actividad en la localidad, atendiendo "al interés de la empresa privada".

Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles insistía en su auto de sobreseimiento, ahora revocado, en que había quedado "acreditado, pese a lo que dicen los querellantes, que el acuerdo alcanzado era favorable para las arcas públicas".

En este sentido, reiteraba que el acuerdo alcanzado "era el mal menor", ya que "si la mercantil ITV Móstoles SL hubiera sido declarada en concurso de acreedores el Ayuntamiento de Móstoles hubiera tenido serias dificultades para hacer valer su derecho de crédito frente a otros créditos privilegiados".