La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha confirmado este miércoles que el Gobierno reformará la Ley de Memoria Histórica, que incluye responsabilizar al Estado de la exhumación de las víctimas que permanecen en fosas, la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y la nulidad de las sentencias de los tribunales de represión franquistas. Asimismo, Delgado ha adelantado que su departamento estudiará la manera de llevar a cabo la "ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo", como la Fundación Francisco Franco.

Este periódico analizó en un artículo publicado el pasado lunes las propuestas para reformar la Ley de Memoria Histórica tanto del PSOE como de IU, así como los puntos coincidentes y las diferencias entre ambas. Lo más destacable de estas propuestas es el consenso de las dos formaciones en que debe ser el Estado quien se ocupe de exhumar las fosas de la Guerra Civil y no las familias o las asociaciones de víctimas como hasta ahora. La principal diferencia, por otro lado, es que los socialistas consideran que es "imposible" juzgar al torturador franquistas Antonio González Pacheco (Billy el Niño), mientras IU considera que sí es posible. 

"Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición", ha afirmado Delgado en su primera comparecencia en el Congreso.

Por este motivo, el Ministerio de Justicia ha creado una nueva Dirección General para la Memoria Histórica que, tal y como ha explicado Delgado, se encagará de establecer "planes de búsqueda de desaparecidos" y contará con "expertos en materias relacionadas con el Derecho, la Arqueología y la Antropología Forense, así como representantes de asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas y cualquier otra persona destacada en materia de Memoria Histórica".

Esta dirección general hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. También procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Nulidad de los Top

Según la ministra, esta reforma tendrá como objetivo "declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de la verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos".

Además de ello, ha remarcado Delgado, el Ejecutivo se propone reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.

"No se trata de la calificación de las víctimas de un lado o de otro, es algo diferente. Se trata de cumplir con los principios básicos del Derecho Humanitario, del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Y algo mucho más próximo: de cumplir la ley y, en su falta, definir los mecanismos que la complementen".