El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha decidido admitir a trámite una denuncia interpuesta por el PSOE de Andalucía el 20 de junio pasado contra el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), según informó el PSOE en un comunicado enviado a los medios.

La denuncia presentada por los socialistas es por los delitos de malversación y prevaricación en la adjudicación de contratos de emergencia sanitaria, que se otorgaron bajo el procedimiento excepcional establecido para la pandemia de la covid-19. Este procedimiento fue prorrogado por el Servicio Andaluz de Salud hasta 2023, "dos años después de su derogación legal", según el PSOE.

El Gobierno andaluz siempre ha defendido la legalidad de su actuación y ha asegurado que contaba en este caso con los avales de los letrados de la Junta. 

Estos contratos —el grueso de ellos, 77, entre 2021 y 2022, están publicados en el portal de transparencia— tienen su origen en un acuerdo que firmó en enero de 2021, durante la pandemia, el entonces director-gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, hoy fuera de la Junta de Andalucía, que dejó el Gobierno tras fichar por una aseguradora sanitaria en medio de una fuerte polémica.

Entre las compañías hay grandes grupos sanitarios y otras más pequeñas en todas las provincias andaluzas y supusieron –mediante tres prórrogas– un desembolso total de dinero público de 242 millones de euros en tres años, más del triple de lo inicialmente previsto, que fueron 70 millones.

Instrucción de Hacienda

En junio de 2021, con la pandemia ya en remisión, la Consejería de Hacienda, concretamente el director general de Contratación de la Junta de Andalucía, emite una Instrucción, dirigida a todo aquel con capacidad de contratar en la administración andaluza, en la que insta a reducir al mínimo la contratación de emergencia.

"Incluso cuando se dirija a adoptar medidas que directa o indirectamente se orienten a hacer frente a la Covid-19 tendrá carácter excepcional y residual, esto es, siempre que la necesidad a satisfacer no pueda cubrirse acudiendo a ninguno de los procedimientos de contratación contemplados en la legislación de contratos o en las normas internas de contratación que pudieran ser de aplicación", recogía.

Este claro y directo consejo de Hacienda es el elemento clave para la oposición. A partir de este momento, consideran los socialistas, el recurso a los contratos de emergencia ya estaba vedado, o al menos, muy constreñido para Salud y para el resto de consejerías.