La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial es la gran apuesta tanto del Ministerio de Trabajo como del Gobierno en materia laboral para esta legislatura. Desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz se ha llegado incluso a afirmar que esta reforma es de mayor calado que la reforma laboral que copa buena parte del capital político que la dirigente gallega ha acumulado a raíz de su labor en el Ejecutivo.

Sin embargo, en los planes del Ministerio, y también en su agenda, está presente otro de los grandes debates que pueden condicionar la legislatura en el ámbito laboral: la reforma del despido.

La reforma laboral del pasado curso político desmontó parcialmente las medidas que el PP de Mariano Rajoy consolidó durante su mayoría absoluta que logró en el año 2011.

En concreto, el objetivo era el de acabar con la temporalidad inherente al sistema apostando de manera clara por el contrato indefinido como la modalidad ordinaria y reduciendo la inabarcable tipología de contratos que se crearon bajo el pretexto de tratar de aumentar la flexibilidad en la contratación.

Sin embargo, la reforma de Rajoy (y también anteriores reformas del Estatuto de los Trabajadores desde los años 80) también rebajó la protección de las personas que eran despedidas por su empresa, bajo el pretexto de poder dar oxígeno a las empresas en un momento de crisis económica a través del despido (y a costa de lesionar los derechos de los trabajadores en materia de protección frente al despido).

Desmontar la reforma laboral de Rajoy en dos tiempos

Algunas formaciones progresistas que se opusieron en la legislatura pasada a la reforma laboral argumentaron su rechazo en base, precisamente, a que esta no tocaba el despido, y se centraba casi por completo en acabar con las grandes tasas de temporalidad que lastraban al mercado de trabajo español.

Sin embargo, el plan de Trabajo consistía en desmontar las políticas de Rajoy en dos tiempos; en la pasada legislatura, la temporalidad; y en esta presente, el despido y sus causas. Pero la realidad es tozuda y, a veces, complica las agendas y las previsiones.

La negociación para reducir la jornada laboral es un buen ejemplo de la situación de un diálogo social que ha pasado de ser el más productivo de la historia reciente (con una veintena de acuerdos en algo más de tres años, muchos de ellos tripartitos), a apenas avanzar en sus objetivos.

El cambio de actitud de la patronal ha sido determinante en este sentido, y hace muchos meses que los de Antonio Garamendi no estampan su firma en un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos (la última subida del salario mínimo interprofesional se llevó a cabo sin la connivencia del empresariado). 

Además, la situación respecto a la pasada legislatura no sólo ha cambiado en el diálogo social. El Gobierno de coalición ha pasado de contar con un parlamento de mayoría progresista en el que tenía capacidad para alcanzar amplios consensos, a estar en una situación de debilidad que hacen que ni siquiera una medida como los Presupuestos Generales del Estado esté garantizada.

Fuentes del diálogo social trasladan a Público que ven muy complicado que Díaz vaya a abrir el "melón del despido" en este escenario tan inestable, aunque la intención de Trabajo es la de abordarlo cuando se cierre la negociación de la jornada laboral (de hecho, aparece en el plan normativo del Gobierno).

A finales de julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales declaró que el despido improcedente en España no se ajusta a la Carta Social, después de una demanda de los principales sindicatos.

En su resolución el órgano establecía que la indemnización recogida en la ley (de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades) no era ni disuasoria para las empresas ni restaurativa para los trabajadores (es decir, que no reparaba de forma suficiente el daño causado).

El modelo del despido restaurativo 

Además, se criticaba con dureza el límite de 24 mensualidades impuesto para calcular la indemnización y se denunciaba que la legislación impedía a los jueces imponer indemnizaciones adecuadas.

La reforma que pretende acometer el Ministerio de Trabajo (respaldada por los sindicatos y por la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales) pretende hacer borrón y cuenta nueva del sistema actual.

En primer lugar, se busca evolucionar el modelo de cálculo de la indemnización de los despidos improcedentes para dejar atrás el sistema de días por año trabajado y pasar hacia un cálculo del daño real que le ha provocado ese despido al trabajador en función de elementos como su edad, su formación o los años que ha estado en la empresa.

También se buscará reforzar la causalidad, para que los despidos deban tener una justificación adecuada y no se utilicen de forma arbitraria ni como primer recurso. Pese a las intenciones de Trabajo, la realidad del diálogo social y del Congreso de los Diputados ponen muy difícil, a priori, una reforma de calado del despido. El desenlace en la reducción de la jornada laboral podría señalar el camino.