La Abogacía del Estado ha recurrido el auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para solicitar a la jueza que impute también como parte de los cargos por malversación un contrato de publicidad por importe de 110.260 euros que se adjudicó y pagó a Havas Media en 2017 para inserciones en periódicos extranjeros.

Según el sumario de actuaciones al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía ya solicitó al Juzgado que incluyese este contrato por entender que se había producido un error por omisión en el auto de procesamiento, sin embargo, su iniciativa fue desestimada, por lo que ahora ha presentado un recurso de reforma a fin de que se reconsidere la decisión.

El contrato fue adjudicado a la mencionada multinacional por importe de 105.628,57 euros por resolución de 20 de enero de 2017 firmada por Joaquím Nin, el número 2 del departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya en aquel momento. Los servicios se prestaron, la obligación fue reconocida y el pago se realizó mediante transferencia el 31 de mayo de 2017 e importe de 110.263,51 euros, tal y como recoge el escrito.

La compañía debía ejecutar una serie de inserciones en prensa internacional escrita anunciado una conferencia sobre el reférendum catalán que tendría lugar el 24 de enero en el Parlamento Europeo con el presidente de la Generalitat, el vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda y el consejero de Asuntos Exteriores como ponentes.

Conforme describe la Abogacía del Estado en su recurso, el anuncio era la imagen de "una urna con la bandera de la comunidad autónoma de Catalunya en su frente y sobre dicha urna, introduciéndose un sobre y por otro lado, al pie izquierdo, el escudo de la Generalitat de Catalunya y su expresa referencia".

Concretar la adjudicación de 'civisme' 

Para la Abogacía, "resultan palmarios indicios racionales de criminalidad del empleo de fondos públicos para la preparación del referéndum del 1 de octubre, en concreto, la inserción publicitaria en prensa escrita europea, del anuncio relativo a una conferencia sobre el referéndum catalán a través del contrato adjudicado a Havas Media Group, habiéndose prestado el servicio, que efectivamente se pagó, por la Administración Autonómica".

Considera que "en consecuencia, tales indicios racionales de criminalidad de malversación de caudales públicos deben ser incorporados al auto de procesamiento", del que sin embargo, han quedado excluidos hasta la fecha.

El recurso incluye asimismo una mención al modo en que el auto de procesamiento refiere los "indicios racionales de criminalidad del empleo de fondos públicos" con relación a la campaña 'Civisme', también de publicidad. Insta a que "se precisen dichos hechos" y "que se hagan constar las resoluciones de adjudicación de dichos contratos y la persona que los dictó", el secretario de Comunicación de la Generalitat, Antoni Molons.