Rajoy nunca quiso negociar; El Govern intentó dialogar, pero la "silla" del Gobierno central "siempre estuvo vacía". La primera frase lleva años siendo un mantra de los principales dirigentes soberanistas catalanes; la segunda sintetiza parte de la intervención de Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat y líder de ERC, en el interrogatorio-entrevista de su abogado ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, encargada de enjuiciar el procés.

Sólo una semana después, el exconseller Santi Vila, también procesado pero en libertad -Junqueras lleva más de un año y cuatro meses en prisión provisional-, negó la mayor: dijo que el Ejecutivo del PP tenía "un alto interés" por evitar "el choque institucional" con la Generalitat, apenas dos días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017.

Con estos mimbres, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy debe aclarar si hubo o no negociación esta misma semana, en su declaración como testigo -y, por tanto, con obligación de decir verdad-, prevista para las 16.00 de este miércoles.

Su comparecencia se ha visto retrasada un día, y llega tras los interrogatorios a los últimos 2 procesados -la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart-.

Rajoy abre la sesión de la tarde, y por tanto declará tras Joan Tardá, Roger Torrent y Artur Mas, entre otros. Primero podrán preguntar la defensa de Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, y la acusación popular de Vox, y se espera que los utraderechistas aprovechen la comparecencia para intentar sacar provecho del altavoz mediático que les supone este juicio.

Además, el nuevo calendario del Supremo invierte el orden anunciado a mediados de la semana parasa, y hace que comparezcan antes que Rajoy la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El extitular de Interior Juan Ignacio Zoido (cuya citación fue inicialmente rechazada por el Alto Tribunal), no comparecerá hasta el jueves.

Y, si bien se espera que en el caso de Montoro las preguntas giren fundamentalmente en torno a si se cometió un delito de malversación, como sostienen las acusaciones y niegan las defensas -y como ha rechazado el propio exministro de Hacienda, hasta hoy-, la existencia de violencia o no en el procés previsiblemente será clave en las declaraciones de Rajoy, Santamaría y Zoido.

De hecho, en el propio PP afirman que es muy difícil encontrar alguna declaración del expresidente del Gobierno en la que explícitamente tildara el procés de violento. Hay declaraciones del actual presidente, Pedro Sánchez, a favor y en contra de la consideración de un delito de rebelión en este marco, no así de Rajoy.

Las hay sobre los CDR, pero no sobre la causa que se juzga en la Supremo, si bien fue el fiscal general del Estado José Manuel Maza, designado por Rajoy, quien impulsó la querella contra el Govern de Carles Puigdemont por los supuestos delitos de rebelión y sedición que dio origen a la causa. 

La Abogacía del Estado, además, avaló la acusación por rebelión hasta noviembre de 2018, cuando el Gobierno Sánchez decidió modificar su postura y eliminar las alusiones a la supuesta violencia en el escrito de acusación, para pasar a imputarles un delito de sedición (a la mayoría, no a todos los procesados). Todo lo anterior viene de la Administración Rajoy, y por tanto tendrá que aclarar dónde se aprecia que efectivamente hubo una rebelión, como se sostuvo durante su mandato.

Y, pese a las posiciones de su administración, El País publicó la semana pasada los documentos que probarían que Rajoy nunca consideró aplicar el estado de sitio en Catalunya, si quiera con el 1-0. Estos documentos, avalados por el jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, han sido remitidos por el Ejecutivo al Supremo, y el rotativo del grupo Prisa daba por hecho que serán utilizados por las defensas en la causa. De ser tan grave esta "rebelión", el Gobierno de entonces debería haber estudiado este escenario, y si no lo hizo fue porque no se dio ninguna "rebelión", interpretarían. 

Suárez y González: los precedentes

Rajoy se convirtió en el primer presidente del Gobierno en activo en declarar como testigo. Compareció ante la Audiencia Nacional por Gürtel, la trama corrupta de la que se sirvió su partido -como partícipe a título lucrativo-, según la sentencia de la Audiencia Nacional, la misma que sirvió para expulsar a Rajoy de La Moncloa, vía moción de censura. 

Ante la Audiencia Nacional compareció también Adolfo Suárez, si bien ya como expresidente, mientras que Felipe González lo hizo ante el Supremo, también cuando llevaba dos años fuera del cargo. El primero compareció voluntariamente para negar que Banesto le entregase 300 millones de pesetas a cambio de realizar alguna "gestión" en su favor; el segundo lo hizo para hablar del secuestro de Segundo Marey. 

La dificultad de probar la rebelión

Por su parte, los equipos legales de los procesados consultados por Público no quieren anticipar movimientos, pero sí son unánimes al señalar que la Fiscalía tiene cada vez más difícil sostener esta acusación. Esta dificultad se ha evidenciado especialmente en los rifirrafes del fiscal Javier Zaragoza con Jordi Sànchez, al que preguntó por retweets realizados desde su cuenta de Twitter, por los comentarios vertidos por el perfil oficial de la ANC, pese a que Sànchez dejó claro que él no era responsable de administrar esta cuenta, e incluso sobre un supuesto "intercambio" de mails que, según el procesado, únicamente consistió en que recibió y no leyó un único correo electrónico.

Las preguntas sobre la identidad de quien pegó pegatinas en coches de la Guardia Civil en la protesta frente a la Consellería de Economía, el 20 de septiembre de 2017, o los errores de otros representantes del Ministerio Público, preguntas sobre la afiliación o no a Ómnium Cultural incluidas -por el fiscal Jaime Moreno-, frente al relato unánime de los procesados de que no hubo violencia, hacen pensar a sus defensas que será muy difícil sostener que el procés cuadre con este delito, por el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel para Junqueras.

En esta tesitura, la actuación del magistrado presidente de la Sala de Lo Penal, Manuel Marchena, ha resultado fundamental. Fuentes del Alto Tribunal dan por hecho que Marchena intervendrá cuando estime necesario, siempre que considere que las partes se sirven de la presencia de Rajoy para formularle preguntas que no estén directamente relacionadas con la causa. Sin ir más lejos, el discurso de Vox apuntala la crítica al PP -"La derechita cobarde"- en su gestión de la situación en Catalunya, y en este sentido los ultraderechistas consideran a Rajoy y a Santamaría piezas de caza mayor.

Por su parte, si bien esta última recibió el encargo de liderar la fallida Operación Diálogo, mientras el Gobierno recurría al Tribunal Constitucional para frenar decisiones y acuerdos del Parlament y la Generalitat,lo cierto es que habitualmente la exvicepresidenta fue mucho más dura que Rajoy en lo que respecta al procés.  Al menos en lo discursivo.

Sus polémicas declaraciones sobre "descabezar" a los partidos independentistas fueron particularmente mal recibidas en Catalunya, y a la vez la actuación de su Gobierno ha sido muy criticada entre sus propias filas. Este malestar se tradujo en la enmienda a la gestión de la era Rajoy que llevó a Pablo Casado a vencer a Santamaría en su pugna por controlar el PP. Para bien o para mal, la situación en Catalunya siempre pesa.