La titular del Juzgado de Instrucción 50 de Madrid, Ana María Iguácel, ha suspendido en la mañana de este viernes la declaración de Julio Pacheco y de la testigo Rosa García, citados en el marco de la querella por las torturas recibidas en 1975 de cuatro policías, entre ellos, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, según el querellante. 

Lo hace la jueza para "reexaminar" la causa, que "tiene muchas aristas desde el punto de vista jurídico", ha indicado el abogado de Pacheco, Jacinto Lara, letrado de CeAqua, la plataforma de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. 

Jacinto Lara ha manifestado, al salir del juzgado, su "sorpresa" porque no se les había notificado la suspensión con antelación. "Se ha asignado un nuevo juez, un juez de refuerzo. La jueza titular ya no va a seguir instruyendo la causa y nos ha explicado que lo que pretende es reexaminar la causa, porque considera que la causa tiene muchas aristas desde una perspectiva jurídica y que tiene que reconsiderarlo". 

Las explicaciones de la jueza son para Lara "peregrinas e improcedentes, tanto desde una perspectiva jurídica como desde la consideración a la persona del querellante, que se ha visto obligada a acudir al juzgado con unas falsas expectativas para que inmediatamente se suspenda la  declaración". 

Hay que recordar que la querella de Julio Pacheco es la primera de cien que se han presentado en los juzgados de toda España por crímenes del franquismo que se ha admitido a trámite y se ha iniciado una investigación; de ahí la importancia que tenía la declaración prevista para este viernes de Pacheco, que sufrió torturas durante siete días en la Dirección General de Seguridad, en agosto de 1975. 

En su auto de admisión de la querella, la jueza Iguácel cita como investigados a los policías José Manuel Villarejo, José María González Reglero, Álvaro Valdemoro y José Luis Montero, todos ellos destinados en los años setenta en la Brigada de Investigación Social (BIC). Salvo Villarejo, los otros tres podrían haber fallecido ya. En todo caso, no se les ha tomado declaración aún. 

Los cuatro fueron recompensados económicamente por el Ministerio de la Gobernación por la operación policial en la que se detuvo a Pacheco, un estudiante de Biológicas que militaba en el Partido Comunista y repartía propaganda contra el régimen.

"Es una falta de consideración de la Justicia una vez más hacia un querellante de crímenes contra la humanidad --ha dicho Jacinto Lara--. Esto nos suena muy mal; es una música que ya conocemos, una aplicación de las políticas de impunidad que mantiene el Estado español en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas. Veremos cómo se resuelve por parte del juez de refuerzo".