Una jueza absuelve al dueño de un restaurante de lujo que fue detenido por una fiesta ilegal en la pandemia

La titular del Juzgado de lo Penal 22 de Madrid ha dado la razón a Francisco Javier Otero de Navascues, propietario del restaurante de lujo 'La Favorita', en la calle Covarrubias de Madrid, detenido durante la pandemia por organizar una fiesta, prohibida entonces en aras de salvaguardar la salud pública. 

La jueza no entra a valorar si en 'La Favorita', un restaurante alojado en un palacete en el barrio de Chamberí, se incumplieron reiteradamente las normas y se organizaron varias fiestas ilegales, hasta el punto de que el local fue clausurado en febrero de 2021 por este motivo; un motivo que, en todo caso, correspondería a la vía administrativa.

La jueza Beatriz Suárez ha juzgado únicamente a Otero de Navascues por el delito de atentado y cuatro de lesiones a los policías que le detuvieron. El Ministerio Fiscal, que modificó sus conclusiones solicitando la condena por un delito de resistencia y no de atentado, junto con el de lesiones, pedía para el acusado 18 meses de prisión y una sanción económica ante los daños causados a los agentes por el enfrentamiento, que tuvo lugar en diciembre de 2020. 

Los hechos ocurrieron a las doce y media de la noche del 12 de diciembre de 2020. Los agentes de la Policía Municipal de Madrid recibieron un aviso sobre una fiesta ilegal en 'La Favorita'. Al llegar, se encontraron la puerta cerrada. Esperaron a que alguien saliera del interior y en ese momento entraron en el local. 

Salían dos invitados de la fiesta acompañados precisamente por el dueño, que intentó impedirles la entrada, según los policías. Los agentes alegaron que el restaurador se enfrentó a golpes contra ellos, que mantuvo una actitud agresiva y que luego se calmó. Al final, procedieron a detenerle por resistencia, desobediencia y atentado. Además el restaurador se negó a identificarse. Fruto de la situación, cuatro de los agentes precisaron asistencia médica. 

La versión del dueño de 'La Favorita' es otra. Su letrado, el penalista Juango Ospina, que ya ha ganado otros casos relativos a atentados a la autoridad y resistencia, planteó la cuestión como un exceso o abuso de los policías al irrumpir en una propiedad privada. El local estaba cerrado con llave y los agentes de la Policía Local no solo no estaban autorizados a entrar, sino que lo hicieron contra la voluntad de su dueño. 

De hecho, hay que recordar que en otro caso seis policías se enfrentan a un juicio por haber entrado en un piso a la fuerza para frenar una fiesta durante la pandemia. 

El acusado explicó que organizó un evento privado y que cuando dos de sus invitados salieron, se encontraron con cuatro hombres de paisano, que resultó que eran policías pero que él este dato lo supo después. Según el restaurador, salió corriendo "pensando en escaparse" pero acabó alcanzado por los agentes, que sacaron las porras "y le dieron golpes en la espalda y lumbares y le retorcieron dedo pulgar".

Contradicciones de los policías

La jueza concluye que las declaraciones de los agentes "no permiten concluir de modo coherente y consistente cómo se producen los hechos, existiendo discrepancias entre los agentes sobre si "el acusado subió o no esposado al patio, el momento en el que el acusado quedó detenido, el motivo de la detención y principalmente el modo en el que relatan el supuesto acometimiento por parte del acusado, faltando en su relato la claridad, precisión y detalle necesarias para considerar probada la conducta imputada al acusado", consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Público.

Por otro lado, dice la jueza, "el acusado niega los hechos, afirma que se puso nervioso y trató de huir, pero en ningún caso agredir a los agentes, que le superaban en número, versión corroborada por los testigos de la defensa, por todo ello, considera la juzgadora que procede el dictado

de una sentencia absolutoria". 

Para la jueza "no podemos hablar de un delito de resistencia, ante la falta de gravedad de los hechos", considerando que "la prueba practicada plantea en la juzgadora una duda razonable sobre la denuncia formulada por los agentes y el modo en el que se produjeron los hechos, que debe resolverse en favor del reo".

La sentencia deja la puerta abierta a que la conducta del dueño de 'La Favorita' pueda estimarse constitutiva de una desobediencia leve y sancionable en el ámbito administrativo, por la ley mordaza.