CorrupcionEl juez de la Púnica atribuye tres delitos de fraude y cohecho al presidente de Murcia

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha conformado la pieza sobre la trama Púnica en Murcia con 22 investigados (antes imputados), entre ellos el exconsejero de Educación y actual presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora, Pilar Barreiro.

En el auto de la denominada pieza 3 de la Púnica, Velasco atribuye a Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por supuestamente concertarse con empresas del conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro, para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin mejorar su reputación en Internet y redes sociales para postularse a presidente de la región.

La nueva pieza del caso se conoce dos semanas después de que el Tribunal Superior de Murcia anunciara que investigará a Sánchez por los supuestos delitos de fraude y malversación de caudales públicos, entre otros, dentro de un caso separado en torno a la construcción de un auditorio. De esta manera aumenta la presión sobre el gobierno regional de Murcia, controlado desde 2015 por el Partido Popular gracias a un pacto con el partido liberal Ciudadanos bajo el cual el mandatario se vería obligado a dimitir en caso de verse involucrado en una investigación de este tipo.

"No se puede demostrar lo que nunca existió"

Sánchez ha declarado, tras conocer el auto de la Audiencia, que "no se puede demostrar lo que nunca existió". El presidente de Murcia ha advertido de que cuenta con más de una decena de certificados oficiales que acreditan que no existió relación comercial entre la Consejería de Educación y Cultura, que él dirigía, y las empresas investigadas. Ha reconocido que "recibieron ofertas, alguna de ellas insistentemente y con agresividad comercial", pero ha reiterado que "no se hizo nada con con ninguna compañía".

En su breve comparecencia ante los periodistas, Sánchez ha dicho también que no existía ninguna partida de formación a la que cargar el supuesto contrato de 30.000 euros con las empresas de la trama, y que hay un certificado oficial que acredita la inexistencia de ese concepto en la consejería. Preguntado por las peticiones de dimisión hechas desde los grupos de la oposición, el presidente ha contestado: "No espero que la oposición me apoye. Ni en esto, ni en cualquier tema". "Tenemos una oposición que en estas circunstancias ya sabemos lo que dice", ha añadido.

Sobre ello, José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos, que apoya el Gobierno murciano, ha asegurado que su formación pedirá la dimisión de Sánchez hasta que no sea citado a declarar como investigado bien por la trama Auditorio o Púnica. La formación que dirige Albert Rivera ha puesto el límite temporal para exigir la dimisión del presidente en ese momento y no antes, como sí hizo con los expresidentes de Andalucía, José Antonio Griñan y Manuel Chaves, por el caso de los ERE en Andalucía, cuya renuncia exigieron antes de que fueran procesados el 1 de junio de 2015.

Cohecho, fraude, tráfico de influencias...

En el caso de Pilar Barreiro, el juez le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

El juez señala que al tratarse de una senadora (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo) y del presidente de la Región de Murcia (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Murcia) debe recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, "su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada".

Junto a Sánchez y Barreiro, el juez incluye en el procedimiento a De Pedro, al exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Juan Carlos Ruiz López y al exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras. También figuran Jose Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena; David Conesa, el que fuera jefe de gabinete del actual presidente de la región; Francisco de Asís Ferreño, exjefe de gabinete de la alcaldía de Cartagena, además de otros directivos y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. Igualmente, también dirige el procedimiento contra cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos: Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

De todo lo investigado en Murcia, el magistrado afirma que en septiembre de 2014 Alejandro de Pedro y Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, acordaron realizar trabajos en Internet y redes sociales que mejorasen su reputación ya que "pretendía convertirse en candidato de su partido para la Presidencia de Murcia". Tales trabajos "serían facturados bajo conceptos relacionados con la formación e incluirían también la retribución por los trabajos de reputación" para Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena. Este modo de actuar era similar al empleado meses antes por De Pedro y Jose Antonio Alonso Conesa para sufragar trabajos de reputación al exconsejero Juan Carlos Ruiz López, quien también perseguía postularse como candidato a presidente de la región.

El contrato de Sánchez incluía Estrategia SEO y Linkbuilding "Pedro Antonio Sánchez", creación de identidad digital, dinamización del contenido en blogs y sites sectorizados, servicios de posicionamiento, auditoría de posicionamiento SEO en webs inexistentes, 1 periodista e informes mensuales. Todo ello con un coste de 4.600 euros al mes en un periodo de 7 meses, del 1 de noviembre de 2014 al 30 de mayo de 2105, el periodo previo a la campaña electoral de ese año y se facturarían como "formación". Pero estas cantidades, señala el auto, no se llegaron a cobrar porque la Púnica estalló a finales de octubre.

Trama en varias autonomías

La investigación de la trama Púnica investiga la presunta corrupción en varias instituciones locales y regionales de varias comunidades autónomas que estuvieron gobernadas por el PP.

También supone un nuevo golpe para el partido de Mariano Rajoy que este fin de semana celebró un Congreso Nacional en el que la formación intentó mostrar regeneración y unidad tras perder casi tres millones de votos desde 2011.