El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón retoma este lunes los interrogatorios por la compra presuntamente irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II y cita a declarar en calidad de investigados a cinco exconsejeros, entre ellos el exmiembro del gobierno madrileño de Alberto Ruiz-Gallardon y expresidente de Adif, Juan Bravo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 llama además a declarar a Adriano García-Loygorri, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz y Agapito Ramos, todos ellos presentes en la reunión del 14 de noviembre de 2001 en la que el Canal dio el visto bueno a la operativa de compra de la filial sudamericana por 73 millones de dólares.

Según la Fiscalía Anticorrupción tanto Bravo, en calidad de consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, como Ruiz-Gallardón firmaron a favor de la propuesta que les trasladó el consejo del Canal, aunque en el sumario de la trama Lezo no obra ni este acta ni la documentación de la que se dispuso para dar el visto bueno a la operativa.

Se trata de la tercera sesión dedicada a las citaciones de los 25 exmiembros del Consejo del Canal acordadas por el juez a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que apunta que la adquisición se llevó a cabo a través de la empresa pantalla Aguas de América S.A y estuvo plagada de irregularidades.

De acuerdo con las actas de la reunión a las que ha tenido acceso Europa Press, las personas que informaron a los consejeros de la compra fueron el exdirector gerente de la empresa madrileña y hasta hace poco presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda; José Antonio de Cachavera y Pablo López de las Heras. Los tres jugaron un papel "esencial" en el desarrollo de una operativa paralela que supuso un desfalco al Canal de 70 millones de dólares.

Confianza en la dirección del canal

En las sesiones del pasado martes y miércoles los investigados expusieron que tuvieron acceso a la documentación sobre la compra horas antes de que se celebrara la reunión y que ellos se fiaron de las explicaciones que les dieron desde la cúpula del Canal, especialmente las que ofreció Cachavera. De hecho, a tenor de sus aclaraciones, Agapito Ramos dijo en la sesión que este tipo de actuaciones era "buena" para el Canal de Isabel II si previamente se contaba con un estudio minucioso de la situación.

El entonces consejero manifestó que habiendo escuchado a la dirección económica de la compañía pública de aguas no tenía más que decir puesto que eran sus integrantes los que más directamente habían trabajado en el asunto y por tanto su criterio era "básico" para emitir un voto favorable. La compra de Inassa se aprobó por unanimidad de todos los miembros del consejo.

Sin embargo ninguno de ellos tuvo conocimiento de que se empleó la empresa panameña en la operativa (no consta en las actas del consejo) y tampoco conocieron que la cantidad final de la compra ascendía a 73 millones de dólares, de acuerdo con fuentes de la investigación presentes en los interrogatorios.

Preguntas por el papel de Gallardón

Todo apunta a que la fiscal del caso, Ana Cuenca, preguntará a cada uno de los citados por el grado de conocimiento que tuvo de esta operativa Ruiz-Gallardon ya que ha hecho lo propio con los cinco exconsejeros interrogados hasta el momento. Uno de ellos, Rafael Merino López-Brea, lo hizo en calidad de testigo ya que no participó en la reunión de noviembre al tener dudas acerca de la naturaleza de la operación.

El juez también ha fijado para el martes y miércoles próximo citaciones de ocho testigos implicados en la adquisición de la colombiana, entre los que destaca José Ferrán Beltrán, de la empresa Técnicas Valencianas de Aguas (Tecvasa) que adquirió el 25 por ciento de Inassa y Ciril Rozmán, exdirector financiero de la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar).

Esta compañía fue uno de los socios iniciales de Inassa en su constitución aunque en el año 2000 vendió su participación en la colombiana precisamente a la sociedad pantalla que participó en la adquisición y detrás de la cual se encontraban empleados de la sociedad general de aguas.

Arturo Canalda declara el 23 de enero

La ronda de interrogatorios a investigados se reanudará el lunes 23 de enero con el exdirecto gerente del Canal Arturo Canalda. El martes está llamado a declarar el que fuera subdirector de nuevos negocios Pablo López de las Heras y un día después José Antonio de Cachavera, exdirector económico y de desarrollo comercial.

Según Anticorrupción, estos tres directivos son los responsables de haber cerrado un acuerdo de compraventa previo a la autorización formal del Consejo. En concreto seis días antes de la sesión ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la panameña Aguas de América SA.