SEVILLA.- El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, que investiga la pieza política del fraude de los ERE, ha acordado la apertura de juicio oral contra 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El auto confirma que existen indicios claros de delito y que inalmente todos tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por un delito continuado de prevaricación y por otro de asociación ilícita. Además, 18 de ellos, entre ellos el propio Griñán, serán también juzgados por un presunto delito continuado de malversación, con penas de cárcel.

La apertura de juicio oral es el límite procesal que recogen los estatutos del PSOE para exigir la dimisión de uno de sus militantes si en ese instante ocupa un cargo público.
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También es el momento en el que serían expulsados del partido, sin embargo, la presidenta andaluza, Susana Díaz, decidió endurecer por su cuenta el propio código ético del PSOE, exigiendo públicamente la dimisión de Chaves y Griñán cuando ambos fueron imputados por el Tribunal Supremo. Entonces el primero era diputado en el Congreso y el segundo senador. Ambos abandonaron sus actas, y se retiraron de la política activa.
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La decisión de Susana Díaz, que levantó ampollas en la vieja guardia socialista (también se hizo contra la voluntad del entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez), venía motivada por las negociaciones que en ese momento se estaban produciendo con Ciudadanos para garantizar su investidura como presidenta de Andalucía. El partido de Albert Rivera había exigido la dimisión de los dos expresidentes como condición sine qua non para facilitar el Gobierno a Díaz, y ésta no dudó en saltarse el código ético de su formación y dejar caer a sus mentores políticos.

Entre los acusados también hay otros seis exmiembros del Gobierno andaluz, el exconsejero de la Presidencia y mano derecha de Chaves, Gaspar Zarrías, el extitular de Empleo y exdiputado en el Congreso, José Antonio Viera, otro exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, la exconsejera de Economía y exministra, Magdalena Álvarez, la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo. El órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa es la Audiencia de Sevilla.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para Griñán y diez de inhabilitación para cargo público para Chaves. El PP, personado en la causa, eleva las penas para ambos expresidentes, y reclama prisión para los dos. El Gobierno andaluz, sin embargo, había solicitado en vano el archivo de la pieza política en lo referente a los dos expedientes andaluces, y de la larga lista de acusados, sólo reclama prisión para el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Es la primera vez que un Gobierno autonómico pide pena de cárcel para un exmiembro de su gabinete.

Al tratarse de indicios de un delito continuado de malversación, el juez exige fianza de responsabilidad pecuniarias a los 18 procesados por malversación. En las diligencias consta que no se han creado las piezas de responsabilidad civil sobre cuatro de estos procesados, por lo que el juez establece las siguientes fianzas para ellos: 6,2 millones de euros para Viera; 4,2 millones para Griñán; 4,2 millones para Martínez Aguayo y 3,7 millones para Vallejo. El auto establece el plazo de 30 días para que las defensas presenten escritos frente a las acusaciones formuladas.