Al titular del juzgado de instrucción número 2, Arturo Zamarriego, se le está acabando la paciencia con la cúpula policial en el caso del pequeño Nicolás. Según ha sabido Público por fuentes del Ministerio del Interior, hace una semana los investigadores que forman la comisión judicial entregaron al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, una providencia en la que le informaban y advertían de que actuará “para dar cumplimiento fiel con la legislación vigente” contra el número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y otros altos mandos por “obstruir a la justicia” desde el mes de septiembre al negarse a aportar los datos que les solicitan.

En la última de esas negativas, el comisario jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía señala expresamente al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, como la persona que ha ordenado que no se entreguen esos datos a la comisión judicial que actúa por orden de Zamarriego. Según José Manuel Pérez, “la información excede de sus competencias y a petición de la DAO vuelve a recordarle que los miembros de esta Comisión Judicial no forman parte de la Unidad de Asuntos Internos por lo que no puede realizar funciones que dicha Unidad tiene atribuidas”.

En total han sido siete peticiones desde el mes de septiembre en las que los mandos policiales se han negado a obedecer las órdenes del juez. Las excusas van desde que “referirse a datos de carácter personal y profesional vulneran el derecho a la intimidad”, hasta el hecho de destacar que la comisión judicial no tiene carácter de policía judicial. De hecho, los investigadores comisionados por el juez Arturo Zamarriego han tenido que explicar por escrito a los responsables policiales que son “policía judicial en el sentido estricto y que actúan por autorización del titular del juzgado al que están adscritos”, es decir, “teniendo no sólo potestad de solicitar dicha información sino exigirla y la falta de colaboración podría ser constitutiva de la correspondiente infracción penal”.

Comisarios bajo sospecha

La relación de la cúpula policíal con la investigación del caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias es mala desde que el juez llamó a declarar al comisario José Manuel Villarejo Pérez, al relacionarse su nombre con una grabación ilegal realizada entre los investigadores del caso y dos agentes del CNI. El jefe de los investigadores,  que ahora encabeza la comisión judicial, es el comisario Marcelino Martín Blas-Aranda, que dirigía la Unidad de Asuntos Internos y que se topó con el comisario Villarejo en más de una investigación: la de la mafia china de Gao Ping, la india en la Operación Prima o en esta del pequeño Nicolás.

Esta grabación fue entregada por un “adscrito al Ministerio del Interior” a los periodistas Eduardo inda y Esteban Urrieztieta para que convencieran a Francisco Nicolás que saliera de su refugio tras la detención, según recoge el sumario, “cuando lo que tendría que haber hecho era ponerla a disposición del juzgado por ser una grabación ilegal”. Por este motivo hay abierta una pieza separada y declarada secreta a la que ya han ido a declarar, como desveló Público, el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el comisario Eugenio Pino; el comisario de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño; y la mano derecha de Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, autor del informe que dio por compatible los negocios privados de Villarejo –que acumula 16 millones de euros- y que ahora está destinado en Holanda junto a su mujer con una dieta de 10.000 euros al mes, aunque ha pasado bastante tiempo en Madrid, según ha sabido Público.

Las maniobras de la cúpula policial para que el comisario Marcelino Martín Blas-Aranda dejara de investigar al comisario José Villarejo pasaron por destituirlo a principio de año de su puesto de jefe de la Unidad de Asuntos Internos para ser enviado al Consejo Asesor de la Policía, un destino sin actividad alguna.

Sin embargo, el juez Arturo Zamarriego decidió constituir una comisión judicial para investigar el caso para lo que reclamó a este comisario, al inspector que instruía la causa y que detuvo a Francisco Nicolás y a otros cinco agentes que pertenecían a la Unidad de Asuntos Internos. Los escritos del juez fueron muy duros, ya que dejaba claro que el comisario Marcelino Martín y el inspector Rubén López sólo recibirían órdenes y darían cuenta de su trabajo ante el juez y no ante ningún mando policial ni del Ministerio del Interior.