El juez cierra la investigación y exonera a Repsol, Caixabank, Brufau y Fainé por los encargos a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado por concluida la instrucción de la conocida como pieza Wine del caso Tándem o caso Villarejo. En su auto, el magistrado señala que los directores de Seguridad de Repsol y Caixabank se reunieron en varias ocasiones con el comisario, ahora jubilado, José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo desde finales de 2011 hasta la primera mitad de 2021. Los servicios de investigación contratados se centraban en obtener información sobre el empresario Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, la mujer de este, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo director Financiero de Repsol YPF.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez propone juzgar, además de a Villarejo y a Redondo, a los directores de Seguridad de Repsol Rafael Araújo y de Caixabank Miguel Fernández Rancaño, y a Rafael Girona y a Enrique García Castaño.

Asimismo, el magistrado acuerda el archivo de la causa para Repsol y Caixabank y para los presidentes de ambas compañías, Antonio Brufau e Isidro Fainé. También se ha decidido el sobreseimiento provisional y archivo respecto de los directivos Luis Suárez de Lezo, Joaquín Uris, Juan de Amunátegi y Antonio Masanell en esta pieza en la que se han investigado los encargos de Caixabank y Repsol a Villarejo para evitar una adquisición de acciones del empresario Luis del Rivero sobre esta última compañía.

En su resolución, el magistrado explica que de la investigación se desprende "sin género de dudas" que ambas compañías, ya en el momento de la contratación con Cenyt, contaban con un modelo de prevención de delitos que cumplían con los requisitos previstos en la ley y, por tanto, no se les puede atribuir los delitos investigados en este procedimiento.

Respecto de los presidentes de Repsol y de Caixabank, señala que no hay indicios ni sospechas de que la orden de contratar con Cenyt o a Villarejo fuese conocida por ellos, ni de que ambos fuesen informados de sus resultados ni del pago al proveedor, que fue realizado, según el juez, por los respectivos jefes de Seguridad.

En definitiva, el magistrado concluye que de las diligencias de investigación practicadas no es posible mantener la situación de imputación que a día de hoy ostentan los dos presidentes, "cuando de todo ese acervo se desprende su total falta de participación en los hechos investigados, estando prescrita la imputación por razones meramente objetivas por razón del cargo".

En su auto, el juez explica que en 2011 Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, llegó a un acuerdo con la compañía mexicana Pemex para aumentar su participación en Repsol hasta casi un tercio del capital social sin lanzar una OPA.

Como consecuencia de estas operaciones, desde servicios directivos de Caixabank y Repsol se articularon de modo conjunto distintas vías de acción para evitar dicha adquisición, entre ellas la contratación con el Grupo Cenyt que confeccionó el denominado proyecto Wine.

Por estos servicios, el Grupo Cenyt recibió a cargo de Repsol y CaixaBank un total de 413.600 euros por una supuesta elaboración de estrategia.

El juez se ha basado para la instrucción de esta pieza en las declaraciones de los implicados y en los informes que dejó escrito Villarejo a modo de soporte de facturas. El análisis realizado por Público de las agendas del comisario y otros documentos relacionados con la causa muestran la existencia de una relación fluida y sostenida en el tiempo tanto con CaixaBank y Repsol como con Sacyr (en la persona de su jefe de Seguridad) y Pemex. Esto refuerza la idea de que se trató de una operación en beneficio de todos: espolear al alza el valor del 20% de Repsol en poder de Sacyr de forma que esta sortease la quiebra el 21 de diciembre de 2011.

Es importante el punto que señala el magistrado de que cuando se llevaron a cabo estos hechos, Villarejo era comisario de Policía en activo.

Los hechos serían constitutivos de los delitos de cohecho pasivo (Villarejo y Redondo), cohecho activo (Rafael Araujo, Fernández Rancaño y Rafael Girona) y descubrimiento y revelación de secretos (Enrique García castaño, Villarejo y Redondo).

En otros dos autos, el magistrado rechaza unas diligencias solicitadas por Luis del Rivero.