El juez Castro impulsa una pieza para investigar la financiación ilegal del PP de Baleares

PALMA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado abrir una nueva pieza en el marco del caso Palma Arena, la número 28, con el objetivo de investigar la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la compra y reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Así lo ha determinado el juez mediante un auto dictado este viernes, en el que cita además a declarar como testigo, el próximo día 24, al exconcejal de Urbanismo Javier Rodrigo de Santos, quien el pasado año realizó una confesión en torno a estos hechos. Castro da así respuesta a la documentación presentada ayer por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien entregó facturas relativas a la reforma del inmueble.

En su resolución, Castro señala cómo examinados los documentos entregados por Horrach, entre los que se encuentra la propia declaración que efectuó Rodrigo de Santos, "se aprecia aquéllos, con independencia del resultado al que pudieran abocar, contienen imputaciones respecto de una posible financiación ilegal del PP" y que estos hechos "podrían relacionarse con contrataciones públicas de las que pudieran haber sido destinatarios sus benefactores".

Circunstancias que, añade, de ser ciertas "constituirían delito" que guardaría analogía con los que son ya objeto de investigación en la causa, en cuyo seno el magistrado indaga desde hace más de cinco años si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.

El juez tiene asimismo en cuenta las manifestaciones efectuadas al respecto por el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas durante la comisión de investigación del hospital de Son Espases en el Parlament balear, en la que, a través de videoconferencia, afirmó que un empresario gallego, Antonio Pinal, presidente de Bruesa, colaboró en la adquisición y financiación de la sede del partido junto a otros empresarios.

Del mismo modo, Castro tiene en cuenta los interrogatorios efectuados al constructor Juan Serra, quien reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó -hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través del extesorero Fernando Areal-, así como al administrador de la empresa Over Marketing, Daniel Mercado, quien declaró a su vez haber pactado con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco.

Mercado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

De hecho, explicó cómo Areal establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro en las antiguas oficinas del partido. "Pero el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones", apuntó en su día el declarante.

Los hechos que rodean a Over, en cuyo beneficio habrían sido amañados diversos expedientes de contratación, están siendo precisamente investigados en el marco de la pieza 27 del caso, considerada la ramificación de la trama Gürtel en Baleares. En este fleco están imputados tanto Matas y Areal, como el exdelegado del Gobierno en las islas y actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, el expresidente del Parlament Pere Rotger.