El juez Castro cita a declarar a Villar Mir como imputado por el caso de Son Espases

PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha citado a declarar, a petición propia y en calidad de investigado, al expresidente de OHL y exministro Juan Miguel Villar Mir, quien será interrogado el 9 de enero por videoconferencia en el marco de la causa que investiga la adjudicación presuntamente irregular de las obras del hospital de Son Espases así como su vinculación con la reforma de la sede nacional del PP.

Junto a Villar Mir también han sido emplazados a declarar ese mismo día un total de seis testigos: el director de la construcción de Son Espases, Rafael Martín; el de la edificación del hospital, Joaquín Gonzalo; el viceinterventor de la Comunidad Autónoma en 2006 José Amengual, y Carlos Ribas, Miguel Femenías y Víctor Rubira, quienes intervinieron en uno de los informes emitidos de cara a la adjudicación de las obras.

Mediante una providencia dictada este martes, Castro insta asimismo a un letrado a que aporte el contrato suscrito entre la UTE Garrigues-Bearing Point con la Conselleria de Sanidad relativo a su intervención en el proceso de construcción y explotación de la infraestructura hospitalaria, por la que cobró 385.500 euros públicos.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Baleares ha rechazado archivar la imputación de Villar Mir al entender que esta cuestión debe planteársela a Castro una vez finalizadas las investigaciones y no ahora.

La defensa de Villar Mir, cuya constructora partía a nivel técnico como ganadora en el concurso de Son Espases y finalmente fue desbancada por Dragados -una de las filiales de ACS-, recrimina que se dirijan acciones penales contra él "por ser quien es" en base a "conjeturas imprecisas", "vaguedades" y "buscando lo que no existe".

Es más, el encausado ha llegado a comparar de forma velada su situación procesal con la de la Infanta Cristina en el caso Nóos: "Se hace preciso recordar que la misma Fiscalía Anticorrupción" -querellante en el caso Son Espases- "en otros procesos sobradamente conocidos siempre mantuvo, con acierto, que no se es responsable por ser quien es ni por lo que se es, sino por lo que se hace. En suma, la misma tesis que defendemos aquí".

En otro escrito, el máximo accionista de OHL insinúa que determinadas resoluciones dictadas en el marco de este procedimiento podrían "enmascarar" intentos de evitar la prescripción de los hechos investigados.

La defensa de Villar Mir se apoyaba así en una sentencia de noviembre de 1988 en la que el Tribunal Constitucional destacaba que las demoras "se producen a veces por la práctica de diligencias y trámites absolutamente innecesarios que, en no pocas ocasiones, enmascaran supuestos de inactividad o intentos de evitar prescripciones".

La causa se encuentra pendiente de que la Audiencia confirme o no su complejidad y, por tanto, si debe ésta alargarse doce meses más a contar desde el pasado mes de junio, cuando Castro ya acordó prolongar un año las pesquisas.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma es la única acusación que pide un año más de instrucción al considerar que lo extenso de las pesquisas hace necesario que se alargue su duración para esclarecer las supuestas irregularidades que rodearon a la concesión de Son Espases y si los trabajos realizados en la sede del PP fueron sufragados de forma ilegal por parte de las empresas que optaron a la construcción del hospital.

Asimismo, José Castro ha archivado de forma provisional la causa que investigaba de qué forma fue financiada la reforma de la sede del PP balear. El juez ha adoptado esta decisión tras así haberlo solicitado la Fiscalía Anticorrupción y apartarse del caso la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

Los investigadores apuntaban a que los pagos corrieron a cargo del propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

En su auto, dictado este martes, Castro responde con dureza al criterio de las acusaciones al aseverar que éste encuentra un "serio obstáculo" ante un dato "objetivo que no ofrece discusión": que el PP balear se ha financiado de forma ilegal y que la formación "ha venido contando con un sistema de financiación estructurado sobre una duplicidad de cajas y contabilidades".

El juez se ampara para ello en la sentencia dictada después de que, en octubre de 2015, el extesorero del PP balear y cuñado de Matas, Fernando Areal, se declarase culpable de un delito electoral al haber pagado hasta 71.958 euros en negro, en la sede del partido, a la agencia de publicidad Nimbus por organizar parte de la campaña electoral de la formación en 2007.

El acusado, quien hasta ese momento siempre había negado el manejo de dinero en 'B', confesó haber abonado los casi 72.000 euros en metálico sin que éstos tuvieran reflejo en la contabilidad del partido, al haber superado los límites legales establecidos para los gastos electorales. Areal alcanzó así un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que reclamaba inicialmente tres años de prisión para él, y fue condenado a una pena de año y medio de cárcel -cuya ejecución fue, sin embargo, suspendida- y una multa de 15.000 euros.

En su resolución, Castro llega a recriminar a Areal que poco tiempo antes de conformarse por estos hechos reprochaba "a quien ahora resuelve, con gran dosis de irritación por cierto, su falta de fe en la versión que aquél le proporcionaba".

El magistrado afirma, sin embargo, que, a raíz de la posición mostrada por las acusaciones, "deviene imposible despejar las sospechas" de si los ingresos de que se nutre el PP, entre ellos para financiar la reforma de su sede, "no tendrían un claro carácter finalista, bien como contraprestación a contrataciones públicas de las que se beneficiaron sus donantes o como comisión a cuenta de las que el futuro les depararía".

Pese a ello, Castro recoge las declaraciones efectuadas en su día por el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos y el extesorero del PP Luis Bárcenas sobre los fondos que de forma irregular, afirmaban, habría recibido el partido para financiar su sede.

"Cada cual es muy libre de darles la valoración que tenga por conveniente y, muy en especial, sobre el carácter de las donaciones que de manera tan peculiar y subrepticia describe el señor Bárcenas", asevera el juez en su resolución, en la que señala que si estas confesiones no se han visto refrendadas por datos objetivos ajenos a las mismas se debe a que los autores del supuesto delito "ya se afanarían por hacer las entregas de manera que no dejen rastro".

Castro subraya además que las testificales de De Santos y Bárcenas cuentan con una "credibilidad incomparablemente superior" a la que "cabría otorgar" a quienes, como Pinal y Matas, en lugar de rebatirlas, optaron por acogerse a su derecho a no declarar.

En concreto, De Santos explicó en su día ante el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, tal y como recoge el instructor en su auto, que "en más de una ocasión" Pinal le comentó que "por su costumbre de trabajar en el País Vasco, trabajaba financiando tanto al PP como al PSOE".

En una contundente declaración, efectuada en julio de 2014, De Santos explicó que el empresario le comentó que ayudó en la compra del inmueble de los 'populares' a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets.

Según explicó el exconcejal, conoció a Pinal de la mano del que fuera diputado del PP en el Parlament Joan Huguet, y en una comida el empresario le dijo que su mercantil se sentía "agraviada" por no haberle sido concedida la rehabilitación de la zona de Sa Gerreria.

Más adelante, en una reunión en la que estaba presente la exalcaldesa de Palma Catalina Cirer, Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto y que para ello debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de este departamento. De Santos señaló que había que impulsar para ello una sociedad de capital mixto integrada por el Consistorio palmesano y Bruesa, de acuerdo a las pretensiones de Pinal.

Las bases para el concurso, insistía el promotor -según la confesión de De Santos- pasaban por la necesidad de incluir "una zona más lucrativa porque si no, no salían los números, y no compensaba urbanizar sólo la zona de Corea".

Una vez realizado el proyecto técnico, apuntó el exconcejal ante Horrach, se reunió con Pinal y el expresidente del Govern Jaume Matas en el Consolat de Mar -sede de la Presidencia balear-, "advirtiendo" el exregidor "un interés" por parte del exmandatario autonómico, quien, según sus palabras, llegó a espetar: "Si tú consigues un compromiso de Bono con los cuarteles, yo te adjudico la obra evitando el concurso".

Para ello, aseveró el entonces presidente, se constituiría una sociedad mixta con el 49 por ciento del capital de Bruesa y el 51 por ciento público, utilizando la fórmula del convenio a fin de evitar la convocatoria de un concurso, siempre según la confesión del exconcejal de Urbanismo.

De Santos apuntó que Matas le llamó más adelante para que acudiera a su despacho "porque no encontraba a Catalina", y al llegar, en lugar del expresidente estaba Pinal, que le dio una carta con la autorización del Ministerio, firmada por quien entonces era director general de Infraestructuras de Defensa, el mallorquín Joan Mesquida.

El exregidor recordó finalmente conocer que el PP fue financiado de forma ilegal porque Pinal le emplazó a cenar al hotel Son Vida, donde éste le dijo que le invitaba "porque has sido el único que has tenido huevos de decirme claramente desde el principio lo que pensabas sin engañarme, y que el proyecto tal cual no se podía ejecutar". Eso le costó al empresario, concluyó De Santos, el pago de la sede del partido.

Por su parte, el extesorero del PP Luis Bárcenas explicó posteriormente la realidad de las aportaciones realizadas por Pinal y otros empresarios en relación a la sede, "pero no respecto a la reforma, sino a la compra de la misma, todo ello con el conocimiento del tesorero nacional Álvaro Lapuerta", según un oficio de la Policía.

Cabe señalar que desde hace más de seis años el juez se encuentra volcado en esclarecer si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.

Una de las últimas diligencias que practicó en el marco de estas pesquisas fue reclamar a distintos organismos y entidades bancarias documentación sobre un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor del propietario de Pinal, a fin de averiguar si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición y reforma del inmueble de los 'populares'.