El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una copia certificada de la auditoría interna que reveló la orden ministerial firmada por el exministro José Luis Ábalos en la primera compra a la empresa clave de la trama. En ese pedido se habría duplicado la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en un periodo de "tan solo 38 minutos".

En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno también requiere "la indicación de los funcionarios que procedieron a su elaboración, comisionando para la ejecución de esta diligencia a la Unidad de Policía Judicial encargada de la presente investigación".

Ese informe, presentado en el Senado por el ministro Óscar Puente, señala que un día antes de esa orden, el 19 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia del coronavirus, se realizó una estimación de cuatro millones de mascarillas para los 15 primeros días del primer estado de alarma. Fue un día después cuando Ábalos firmó una nueva resolución para duplicar ese número, según consta en el informe recogido por Europa Press.

Por otro lado, el juez Moreno también ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si procede llamar a declarar como testigo en la causa al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después de que lo haya solicitado la asociación Liberum, que ejerce de acusación popular.

Los ex altos cargos investigados

En una providencia aparte, el magistrado da por recibido el escrito de la asociación que, entre otras cuestiones, destacaba que la declaración de Puente es necesaria y útil para el procedimiento en el que se encuentran investigados varios ex altos cargos de su departamento.

Liberum, en concreto, recordaba que Puente señaló que el cese del subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, se produjo "como consecuencia de la pérdida de confianza hacía éste por motivo de su situación procesal como investigado en las presentes diligencias de investigación".

En este contexto, la asociación solicita la testifical del ministro para que declare sobre "la información y conocimiento que los investigados le hubieran compartido o que hubiera podido tener acceso, respecto de los hechos objeto de las presentes diligencias previas y sus ampliaciones, especialmente la vinculación de Gómez García" y también del que fuera jefe de personal de ADIF Michaux Miranda, cuyo cese fue anunciado también el pasado viernes.

Cabe destacar que la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia recibe su nombre de Koldo García, que era asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

La Fiscalía presenta denuncia tras quejarse Ábalos de presunta revelación de secretos

Esta misma tarde, se ha podido saber, además, que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid tras haber estudiado un escrito del ex ministro José Luis Ábalos quejándose de que hubo una presunta revelación de secretos y de datos personales en las filtraciones de documentos sobre el 'caso Koldo'.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal da cuenta de "la interposición de denuncia, que ha sido presentada en el Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid, estando pendiente de reparto", tras concluir las diligencias de investigación preprocesal.

Ábalos, adscrito en el Grupo Mixto del Congreso tras haber sido expulsado del PSOE, anunció el pasado 24 de julio que presentaba su denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las filtraciones de documentos relativos al 'caso Koldo' que le afectan a él y a terceras personas con las que ha tenido relación.

En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado del Grupo Mixto y exministro de Transportes subrayó que, al menos de momento, sigue sin tener la condición de investigado en esa causa judicial y se quejó de que esas filtraciones no han sido objeto de reproche penal ni de investigación "por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal".

Además de "delitos indiciariamente constitutivos de descubrimiento y revelación de secretos", también denunciaba la "omisión de perseguir delitos", es decir, inacción ante estas filtraciones.

El que fuera responsable de Organización del PSOE con Pedro Sánchez incidió en que ni la Guardia Civil ni el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso han iniciado actuación alguna para detectar de dónde provienen las filtraciones, que están haciendo, señaló, un "daño enorme" a su reputación personal y profesional.

A su juicio, con esas filtraciones se ha establecido un "estado de excepción de derechos y ya no existe derecho a la intimidad" no de personas que tienen relevancia pública como él, sino de otras que "no tienen nada que ver" y que, según recrimina, "ya han sido privados de sus derechos a la intimidad y el honor".