El magistrado encargado del caso Koldo, que examina la concesión de varios contratos públicos relacionados con mascarillas durante la pandemia, ha determinado que, hasta el momento, "no hay razones suficientes" para pedir al Tribunal Supremo que impute al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

En un auto emitido este lunes, al que ha accedido EFE, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha desestimado la solicitud presentada por la acusación, representada por la asociación Iustitia Europa, para que elevara un informe razonado al Supremo con el fin de investigar a Ábalos, quien está aforado debido a su condición de diputado.

El magistrado ha argumentado que aún hay que realizar diversas diligencias de investigación, entre ellas la toma de declaraciones a testigos e investigados programada para esta semana, así como la elaboración de informes policiales sobre el análisis de los dispositivos incautados.

Moreno ha señalado, por tanto, que "a día de la fecha no existen motivos suficientes para elevar una exposición razonada" al Supremo, aunque deja abierta la posibilidad de que en el futuro, dependiendo del resultado de las diligencias que se realicen y del curso de la instrucción, esta situación pueda cambiar.

El juez cita al director financiero de Adif 

De esta manera, el juez ha seguido el criterio del fiscal anticorrupción Luis Pastor, quien también ha considerado que no existían "indicios suficientes" que justificaran que el juez solicitara al Supremo investigar a Ábalos. Moreno ha accedido, sin embargo, a la solicitud de otra de las acusaciones, Liberum, para citar como testigo al director financiero y de control de Adif, Manuel Fresno, quien deberá comparecer el próximo 16 de septiembre.

Esta semana, el magistrado tiene previsto interrogar en calidad de investigados a dos ex altos cargos de entidades vinculadas al Ministerio de Transportes: Michaux Miranda, exdirector general de Gestión de Personas de Adif, y Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos del Estado, quien fue destituido tras la apertura de este caso. Además, está programada la comparecencia de varios testigos, entre ellos Javier Hidalgo, directivo de Globalia, así como varios altos cargos de Puertos del Estado.

La última declaración prevista será el 23 de septiembre, cuando comparecerá el exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, quien fue destituido hace unas semanas por el actual ministro, Óscar Puente.

La Fiscalía sostiene que los tres ex altos cargos investigados presionaron a los responsables encargados de adjudicar los contratos de mascarillas, impidiéndoles "rebatir la decisión final de adjudicación" a favor de la empresa Soluciones de Gestión, que es el foco central de la investigación.