Los 46 policías nacionales imputados por las cargas del 1-O en Barcelona han sido amnistiados este martes en el marco del proceso judicial. El juez, tras más de seis años investigando las acciones policiales consideradas desproporcionadas contra los votantes en la capital catalana, ha decidido aplicar la ley de amnistía a todos los agentes investigados.

El juez Francisco Miralles ha decidido seguir el criterio solicitado por algunos agentes y por la Fiscalía, quienes abogaban por la amnistía de todos los investigados. Algunas de las partes perjudicadas y las acusaciones populares representadas por el centro Irídia, Òmnium Cultural y la ANC, han pedido la exclusión de ciertos policías. Argumentan que su actuación contra los votantes podría constituir delitos de tortura o tratos inhumanos, los cuales están explícitamente excluidos de la ley de amnistía.

Miralles considera que los porrazos, tirones de pelo, patadas, golpes e incluso el incidente en el que un oficial lanzó por las escaleras a una votante, no alcanzan la gravedad necesaria para quedar excluidas de la ley de amnistía. El magistrado argumenta que las acciones investigadas fueron breves y estaban dentro de un objetivo policial claro, que era impedir el referéndum conforme a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Además, el letrado explica que las cargas policiales no se extendieron más allá de las maniobras de entrada y salida de los colegios electorales.

Rechazo para aplicar la amnistía a Puigdemont

La ley de amnistía, diseñada para absolver la mayor cantidad de acciones posibles, tanto las independentistas como las actuaciones policiales durante el referéndum, sigue siendo implementada por la mayoría de los tribunales en Catalunya. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido la única instancia que ha rechazado aplicar esta normativa con el expresidente catalán Carles Puigdemont y los demás exconsellers.

El martes pasado, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC se convirtió en el primer tribunal en España en aplicar la amnistía a un grupo de 18 personas. Entre ellos, 16 eran manifestantes condenados por agresiones a agentes policiales durante protestas relacionadas con el procés. Los otros dos fueron el exconseller de Interior Miquel Buch y el escolta de Puigdemont en Bélgica.

Con la exoneración de los 46 agentes de la Policía Nacional, ahora son 64 las personas que han sido amnistiadas de un total de 486 posibles beneficiarios de la ley de amnistía en relación al procés, según los cálculos de la Fiscalía.

En el caso de los policías investigados por las cargas y las lesiones durante el 1-O, el texto de la ley de amnistía los incluía a todos. La normativa únicamente excluía las acciones policiales más severas, como aquellas que podrían ser consideradas tortura o trato degradante, o aquellas que resultaran en la pérdida de órganos, como el caso del votante que perdió un ojo por una bala de goma de la Policía Nacional. La Audiencia de Barcelona será la encargada de decidir sobre la amnistía en este caso.