Los jueces preparan su ofensiva contra la amnistía con el foco puesto en la Justicia europea

La aplicación de la ley de amnistía se prevé igual de turbulenta que ha sido su negociación y su aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados. A partir de ahora, una vez publicada la norma en el BOE, los centenares de personas afectadas por procedimientos judiciales vinculados con el procés independentista deben quedar libres de reproche penal. 

Así, los policías procesados por las cargas el 1-O, los manifestantes y cargos públicos con causas pendientes y los políticos que habían esquivado la acción de la Justicia hasta ahora, con el expresident Carles Puigdemont a la cabeza, lograrán en teoría el olvido judicial gracias a una ley que previsiblemente será examinada con lupa por la Justicia europea. Según el Gobierno, son unas 300 personas las que quedarían beneficiadas por la aplicación de la norma.

Mientras que los recursos de inconstitucionalidad contra la ley, que ya han anunciado varias comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox, no paralizarán la aplicación de la norma, sí lo harán las cuestiones de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías y las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que presenten los jueces. 

Esta última opción parece ser la que más recorrido puede tener una vez que entre en vigor la ley de amnistía, según indican a este medio fuentes jurídicas consultadas. El TJUE tarda entre 12 y 24 meses en resolver estas cuestiones. No es posible iniciar las dos vías-- la del Constitucional y la del TJUE-- de manera simultánea, añaden estas fuentes. Hay que recordar que el texto de la ley da dos meses como máximo para que los jueces apliquen la amnistía. 

Las dos vías que paralizan la ley

Se espera que el Tribunal Supremo presente una cuestión prejudicial sobre si es amnistiable el terrorismo tal y como está interpretado por el Alto Tribunal y por la Audiencia Nacional en la causa Tsunami. Hay que recordar que Puigdemont está citado para declarar por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio por esta causa.

También es probable que se le pregunte al TJUE si la malversación cabe en la ley de amnistía; algo sobre lo que ya se han pronunciado los fiscales que intervinieron en el juicio del procés en el sentido de oponerse a la extensión a este delito.

Otra de las cuestiones que probablemente llegarán al TJUE tiene relación con las  órdenes de detención, es decir, si la amnistía produce irremediablemente la anulación de las órdenes que el juez Llarena dictó para Puigdemont, entre otros. La ley así lo contempla, y su aplicación automática permitiría el regreso de Puigdemont y los exconsellers que permanecen en Bélgica sin ser detenidos. 

Los CDR piden la suspensión del juicio

La Audiencia Nacional celebrará el próximo 27 de junio la vista en la que estudiará la petición de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista de suspender el juicio por la ley de amnistía. 

De hecho, la Audiencia Nacional es uno de los frentes más activos que podría poner trabas a la aplicación de la norma, con un magistrado, Manuel García Castellón, que instruye por terrorismo la causa Tsunami Democràtic y que considera que incluso hubo un fallecido por la acción de esta plataforma en su protesta contra la sentencia del procés en el Aeropuerto del Prat.

Otro juez, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que lleva el caso Volhov, sobre la supuesta trama rusa del independentismo catalán, también podría plantear una cuestión prejudicial para alargar el efecto de la ley de amnistía. En este caso, uno de los delitos que apunta el juez es el de alta traición, que quedaría fuera de la amnistía.