Jueces, bajo la lupa del 'lawfare': de dejar sin efecto la amnistía a la guerra sucia contra Podemos
Manuel García-Castellón, Pablo Llarena, Manuel Marchena, Juan Carlos Peinado o Joaquín Aguirre. En este vídeo repasamos sus polémicas decisiones judiciales.
Madrid--Actualizado a
Manuel García-Castellón, Pablo Llarena, Manuel Marchena, Juan Carlos Peinado o Joaquín Aguirre. Estos jueces han tomado decisiones trascendentales que han incidido en la política española, especialmente en la cuestión del procés catalán. En este vídeo hablamos de la actuación y trayectoria de estos magistrados.
Repasamos algunos ejemplos de la actuación de estos jueces. La cuestión del procès ha sido un tema recurrente en sus decisiones. Partidos como Podemos o sectores del independentismo han denunciado a algunos de ellos por prevaricación y de estar inmersos en una estrategia de lawfare.
Resumen de la trayectoria de cada juez
Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha sido criticado de favorecer al Partido Popular en sus decisiones judiciales. Su papel en casos como el caso Lezo y Kitchen, donde evitó imputar a figuras clave del PP, ha generado controversia. Además, ha encabezado investigaciones contra Podemos que finalmente no prosperaron y trató de juzgar por terrorismo al movimiento Tsunami Democràtic, una investigación que fue archivada.
Pablo Llarena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es conocido por su postura conservadora y su papel en las sentencias contra los líderes del procés. Ha criticado las decisiones del Gobierno sobre los indultos, las reformas de los delitos de malversación y sedición y la amnistía. Llarena ha sido activo en tratar de traer a Carles Puigdemont a España, manteniendo la orden de detención contra él.
Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha sido el ponente de la resolución que ha dejado sin efectos la amnistía a varios líderes del procés. Con una tendencia conservadora, ha sido crítico con las reformas legales y los indultos propuestos por el Gobierno de Sánchez. Además, bajo su dirección, el Supremo ha recurrido la ley de amnistía ante el Constitucional y ha presidido el tribunal que condenó al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.
Joaquín Aguirre, juez del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, archivó la causa sobre una joven que perdió un ojo por un proyectil de los Mossos, responsabilizándola del incidente. En unos audios publicados por Canal Red, se le escucha vanagloriarse de su influencia en tumbar la ley de amnistía y su deseo de afectar al Gobierno de Sánchez. Aguirre también investiga la supuesta intervención de Rusia en el procés catalán.
Juan Carlos Peinado, juez del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, amenazó con arrestar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y ha imputado a periodistas por informar sobre el sumario de los CDR. Su hija es concejala del PP, y el PSOE ha insinuado que Peinado podría tener vínculos con el PP y Vox, especialmente tras entregar documentos de la causa de Gómez a Vox. La defensa de Gómez ha denunciado que Peinado está llevando a cabo una investigación general, algo que está prohibido según la Fiscalía General del Estado.
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