La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha denunciado la "grave" alteración del tribunal de la Audiencia Nacional que decide las medidas cautelares de 16 de los 29 condenados en el caso Gürtel para los que la Fiscalía ha pedido en su mayoría la prisión provisional y entre los que se encuentra el extesorero Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apartó el pasado lunes del caso al juez más duro del tribunal de Gürtel: José Ricardo de Prada, quien se encuentra en situación de "servicios especiales" ya que está ahora destinado en el tribunal internacional para la ex Yugoslavia de La Haya para resolver los recursos sobre la condena del criminal de guerra Radovan Karadzic.

La asociación judicial denuncia que el magistrado ya estaba destinado en La Haya desde abril cuando más de un mes más tarde, y a "instancias del intersado el CGPJ le habilitó ,como no podía ser de otra manera porque formaba sala en el citado caso, para la deliberación, redacción y firma de la sentencia hasta el próximo día 31 de mayo".

JJpD sostiene que el CGPJ ha incurrido en una "grave intromisión" en la independencia judicial al impedir que el magistrado estuviese presente en las vistillas celebradas para decidir las medidas de prisión de los condenados en el caso Gürtel.

"La decisión del CGPJ es cuestionable constitucionalmente y erosiona aún más la imagen de independencia e imparcialidad de los tribunales ante la sociedad en los casos de corrupción pública", dice la asociación en un comunicado.

Además, sostiene que el CGPJ -órgano constitucional creado para defender la independencia judicial- "sale deteriorado en su legitimidad de ejercicio" cuando interviene "de esta manera" en la composición del tribunal, "alimentando las sospechas de parcialidad partidista".

La Comisión Permanente del CGPJ acordó este lunes en sesión extraordinaria -unas horas antes de que comenzasen las vistillas- no permitir que De Prada asistiese a esta sesión, como solicitaba, al entender que "no procede en Derecho" ya que se encuentra en situación de servicios especiales.

Para la asociación, que "el órgano encargado de velar por la independencia de jueces y magistrados" haya apartado a este juez que formó parte del tribunal y que ha enjuiciado y decidido un "tema tan sensible" como el primer juicio que ha celebrado la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel, es un "artificio".

En su opinión las medidas cautelares impuestas a los condenados, así como la resolución de los recursos de aclaración, rectificación y subsanación debe ser acordadas por el "tribunal predeterminado por ley, el que ha juzgado y fallado".

De Prada fue quien redactó la parte de la sentencia que da por acreditada la contabilidad paralela del PP o Caja B. Recibió el apoyo del juez Julio de Diego, mientras que Ángel Hurtado quedó en minoría. Ahora, de Prada ha sido reemplazado por la presidenta de la Sección Segunda, la magistrada María José Rodríguez Duplá, quien llegó al cargo gracias al apoyo de Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal con estrecha relación con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.

El acuerdo del CGPJ fue adoptado gracias al voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes. Se da la circunstancia de que los miembros de este órgano constitucional son designados por los grupos parlamentarios presentes en las Cortes, tras la última reforma del PP.

Se da la circunstancia también que existe temor entre la cúpula del PP por las revelaciones que podría hacer Luis Bárcenas, su extesorero, ya que quiere evitar que su mujer vaya a prisión. Uno de sus gestos fue retirar su acusación sobre la destrucción de sus ordenadores, caso que ha sentado en el banquillo al propio partido.

La asociación progresista explica en su comunicado que la garantía constitucional del juez legal no se circunscribe solo al órgano jurisdiccional, en este caso la sección 2ª de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, "sino que alcanza a la determinación de las concretas personas encargadas de juzgar" y abarca las medidas cautelares de los condenados, así como la resolución de los recursos de aclaración, rectificación y subsanación.