La XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos de España, celebrada desde el pasado lunes en Sevilla, ha acordado proponer la supresión de la posibilidad que establece el Código Penal de suspender el cumplimiento de las penas por casos de corrupción en caso de que se solicite el indulto, así como suprimir estos casos del 'elenco de delitos a enjuiciar por el jurado popular'.

Así figura en el documento de conclusiones aprobado este miércoles, que incluye un apartado específico de 'propuestas para una más eficaz lucha contra la corrupción' en el que también se reclama la 'deseable' creación de un 'cuerpo nacional de peritos contables, integrado por expertos auditores y economistas, a disposición de los juzgados a semejanza de los médicos forenses' y se rechaza 'de todo punto' que la designación última de peritos 'se efectuada por parte del director de la Agencia Tributaria o por cualquier otro cargo público de designación política'.

Con carácter general, los jueces decanos subrayan la necesidad de garantizar 'mecanismos ágiles de apoyo' en juzgados 'sobrecargados' o encargados de asuntos 'especialmente complejos o de gran trascendencia social -y singularmente en casos de corrupción- que requieren una dedicación intensiva del juez'.

'Es indudable que los jueces que conocen de asuntos de especial relevancia deben dedicarse a ellos de forma exclusiva, por lo que habrá que facilitarles al máximo y sin excusas su labor y proporcionar los medios necesarios, y asumir que no es posible en muchos casos llevar a cabo una investigación seria y rigurosa en dichos procesos y continuar asumiendo el trabajo propio de la marcha normal del juzgado', advierten los jueces decanos, que demandan una 'auténtica regeneración ética de la sociedad en todos sus aspectos, que pasa por la concienciación y el cambio de parámetros y valores inculcados como parte de la educación'.

'Los jueces que conocen de asuntos de especial relevancia deben dedicarse a ellos de forma exclusiva'

En su opinión, 'si de verdad se quiere una eficaz lucha contra la corrupción, habrá que dotar urgentemente a los juzgados de instrucción de los oportunos medios', para lo que propone medidas de apoyo como 'la asignación de jueces de refuerzo, una mayor dotación de medios personales y materiales, incluyendo la exención de reparto en todo o en parte durante un periodo prudencial'. Para asuntos de especial complejidad plantean que, a petición del juez, se pueda articular su asistencia por jueces en prácticas o de apoyo para colaborar en la instrucción de la causa.

En la misma línea apuestan por reforzar las unidades de auxilio a la instrucción judicial o permitir su dedicación exclusiva a esas funciones para 'no demorar los plazos de emisión de los peritajes necesarios para la finalización de las instrucciones en curso' y rechazan 'de todo punto que la designación última de peritos sea efectuada por parte del Director de la Agencia Tributaria o por cualquier otro cargo público de designación política'. En este sentido, consideran 'deseable la creación de un cuerpo nacional de peritos contables, integrado por expertos auditores y economistas, a disposición de los juzgados, a semejanza de los médicos forenses'.

Otras demandas de los jueces decanos a las administraciones se refieren a la necesidad de programas específicos de formación en la tramitación de delitos relacionados con la corrupción fundamentalmente medidas cautelares como embargos, ejecuciones anticipadas o subastas; la tramitación urgente de la prolongación de jornada de funcionarios o el nombramiento de funcionarios 'con los recursos económicos oportunos' o la creación de un 'cuerpo de policía judicial, funcional y orgánicamente dependiente del Poder Judicial previsto en el artículo 126 de la Constitución'.

También incluyen entre sus reivindicaciones al Ministerio del Interior, al que insta a 'proteger especialmente' a los jueces de instrucción que tramiten causas relacionadas con la corrupción 'articulándose las medidas oportunas al efecto por parte de las fuerzas policiales'.

Por último, los jueces decanos subrayan que la autonomía presupuestaria es 'indispensable para que el Poder Judicial disponga de medios necesarios para afrontar con mínimas garantías de éxito dicho reto'.

'No puede acabar siendo un poder mendicante ante quien precisamente debe controlar, ni actuar con precariedad de medios frente a poderosas redes que pudieran actuar al margen de la ley', concluye el documento aprobado en la XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos de España.