Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ha llegado al Tribunal Superior en Londres impoluta, insinuando a las cámaras que había ganado un Oscar. Este martes 29 de marzo la danesa se ha sentado en la sala 76 del Tribunal Superior de Londres rodeada de siete personas a su sueldo (dos relaciones públicas, una asistenta personal y cuatro abogados). Ella, aplicada, tomaba notas y apuntaba hasta los tecnicismos más enmarañados que se cruzaban la abogada Belinda McRae, defensora del rey emérito Juan Carlos I junto a sir Daniel Bethlehem, y el juez Matthew Nicklin, analítico y didáctico hasta lo indecible. La vista remataba la resolución del juez dictada el pasado jueves en la que niega la inmunidad soberana o estatal a Juan Carlos I para ser juzgado en Londres por la demanda de Corinna Larsen en la que le acusa de tres cargos: acoso, difamación (con consecuencias económicas) y vigilancia ilegal.

Por parte del pelotón de abogados de Corinna Larsen, ganadores hasta el momento, mucha presencia para poca novedad y poca intervención. Sólo James Lewis ha participado en la vista que ha durado dos horas y media. Lewis ha incidido más en cuestiones de calendario y procedimientos que en razones judiciales, puesto que las argumentaciones de ambas partes han cambiado poco.

Los dos equipos legales concretarán las fechas, si bien se ha fijado el 30 de mayo como límite para la posible apelación que los abogados del rey emérito previsiblemente van a solicitar, y, si ésta es rechazada, a principios de julio se convocará la primera vista preliminar del juicio al exmonarca español. Así y todo, el juez ha descrito el probable proceso judicial a lo largo de uno o dos años. "Todavía no estamos en los aperitivos", ha apostillado el juez Nicklin en una de las escasas ironías que ha propiciado en la vista.

La tirantez entre el juez y el defensor del rey, sir Daniel Bethlehem, ha llevado al magistrado a decir con tono tajante: "La ley ahora es lo mío [resolución que retira la inmunidad] hasta que el Tribunal de Apelación diga que no lo es".

Tras más de una hora de disertación del abogado defensor, ha llegado el turno del de Corinna Larsen, James Lewis, por parte de la danesa, ha tomado la palabra para emitir dos palabras: "Nada nuevo".

A pesar de la argumentada resolución (27 páginas) del juez, la defensa de Juan Carlos I insiste en que el monarca lo es por vida, forma parte de la Casa Real y la inmunidad soberana es una condición innata en él. El juez, en cambio, separa la capacidad oficial y estatal de la privada y personal, y separa también sus actividades tras la abdicación en junio de 2014, la retirada de la vida pública en 2019 y la ausencia de asignación de dinero oficial desde marzo de 2020.

El juez, que hasta ahora insistía en que él sólo trataba la inmunidad del rey emérito antes y después de su abdicación, ha entrado en la naturaleza de las acusaciones, puesto que algunos de los supuestos delitos de acoso se cometieron fuera de la jurisdicción territorial inglesa. Al parecer del magistrado, las partes deberían reformular algunas de las acusaciones de acoso, como deberían reformar también el papel del general Félix Sainz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Investigaciones (CNI), sobre sus amenazas o coacciones a Corinna Larsen, puesto que si actuaba en función de Estado podría incluirse en la legislación internacional. "Habría que aclarar si cuando el domicilio de la demandante en Mónaco fue intervenido, quién lo hizo y en qué capacidad", adujo el juez en su razonamiento sobre el papel ambiguo de Félix Sainz Roldán y los presuntos delitos cometidos fuera de la jurisdicción territorial inglesa.

La prueba del ropero

El proceso judicial que examina en el Tribunal Superior de Londres el caso de la examante contra el rey oscila entre el derecho internacional en su forma más complicada (no hay precedente igual en la jurisprudencia inglesa) hasta las argumentaciones más peregrinas como "la prueba del ropero": la defensa del rey, para demostrar que es parte de la Casa Real, aduce, entre otros argumentos de más altura, que "su ropero y sus pertenencias están en el Palacio de la Zarzuela desde mayo de 1962, aunque él ahora viva en Abu Dabi".

La flota de empleados de Corinna Larsen, en nombre del abogado Robin Rathmell, publicó un comunicado tras el cierre de la vista en el que dice, en inglés y castellano, lo siguiente: "El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra ha rechazado los más recientes intentos por parte de D. Juan Carlos de frustrar el avance de la denuncia de mi cliente. Mi cliente aprecia las decisiones prácticas del Tribunal Superior de Justicia para la administración del procedimiento y espera sirvan para limitar nuevas demoras en el mismo. D. Juan Carlos ha indicado que solicitará autorización del Tribunal de Apelación para recurrir, pero mi cliente tiene total confianza en la decisión del juez Nicklin y hará frente a tal solicitud cuando corresponda. Hemos avanzado un paso más hacia una vista de los hechos en cuestión".

Por parte de los abogados del rey, han sido más escuetos al publicar sólo en inglés: "Su Majestad está muy decepcionado con la decisión de hoy del juez porque cree que tiene fuertes y convincentes razones para apelar. En consecuencia, dará inmediatos pasos para conseguir el permiso del Tribunal de Apelación para recurrir la decisión del juez".

Reclamaciones de dinero

En la vista de este martes también se ha hablado brevemente de dinero, sin embargo, se ha dejado para el futuro. Los abogados de Corinna Larsen han dicho al juez que necesitan 235.000 libras (250.000 euros) para sufragarse. Un trámite, el que el juez pregunte por los costes, que se zanjó en menos de un minuto. Corinna Larsen paga sus gastos y el rey los suyos.

El proceso judicial, en su totalidad, tiene una lectura económica, puesto que Corinna Larsen aduce en el cargo de difamación que le ha generado pérdidas económicas al perder clientes en la realeza de Arabia Saudí u Oman por las difamaciones de Juan Carlos contra ella. Aunque la examante no ha puesto cifra exacta a estas reclamaciones de dinero, el diario Financial Times las calculó en "decenas de millones de euros" en una entrevista concedida por ella. A esta cifra habría que añadir los 65 millones de euros que le reclama Juan Carlos de las supuestas comisiones del AVE a la Meca y otros dos dígitos (30) en millones que salen en la documentación de la causa. Si Corinna Larsen llega a ganar el juicio contra el emérito, las reclamaciones compensatorias serán exorbitantes.

Otra opción para concluir el litigio judicial, que también le saldría cara a Juan Carlos I, sería conseguir un acuerdo extrajudicial para evitar el juicio como ha hecho recientemente el príncipe Andrés, para sacarse de encima las acusaciones de pedofilia de Virginia Giuffre. Las partes no han reconocido cifra compensatoria, pero se ha divulgado la cantidad de 12 o 15 millones de dólares para acallar a Virginia y evitar que el hijo de la reina compadeciese ante un tribunal estadounidense.

Tal como van las cosas entre Corinna Larsen y el rey emérito, ella está dispuesta a sacarle lo máximo que pueda. En los pasillos de los juzgados de Londres, los representantes de la examante del rey negaban la posibilidad de un pacto extrajudicial. También lo negó durante mucho tiempo Virginia Giuffre.