Las causas judiciales contra el gobierno municipal de Barcelona han ido en aumento en los últimos años y, sobre todo, han sido protagonizadas por el gran poder económico y empresarial que opera en la ciudad, con independencia de que sea local o global. Para Barcelona en Comú constituye un ejemplo de manual de lawfare, o guerra judicial, que busca desgastar a Ada Colau y su equipo, paralizar o limitar las políticas que desarrolla y torpedear sus opciones de regir la capital catalana durante un tercer mandato. De hecho, esta misma semana la alcaldesa ha tenido que comparecer en sede judicial a raíz de la querella de un fondo buitre que fue sancionado por desahuciar a familias vulnerables.

De todo ello hablamos con Josep Maria Montaner (1954) doctor en arquitectura, catedrático en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y, sobre todo, concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2019, durante el primero mandato de los comunes al frente de la institución. Publica Lawfare urbano. Ofensiva judicial contra la Barcelona de Ada Colau (Icaria Editorial). En la conversación desgrana cómo actúan estos poderes, qué ideología los mueve y opina que en el caso de los lobbies locales su apuesta para las elecciones municipales del 28 de mayo pasa por Xavier Trias o Jaume Collboni.

De entrada, ¿cómo surge el concepto de 'lawfare' o guerra judicial?

Es un término angloamericano, que inicialmente tiene que ver con este tipo de guerra blanda de Estados Unidos para interferir en las políticas de Latinoamérica e, incluso, conseguir eliminar a políticos utilizando medios como la prensa y juicios gestionados con mala fe. El término se ha ido extendiendo en los últimos años a medida que se ha ido utilizando más. Es esta guerra judicial con fines políticos, inicialmente promovida por los intereses económicos de multinacionales o los geopolíticos de Estados Unidos en ese territorio.

¿Es un concepto muy del siglo XXI, cuando el uso de las armas para derribar a gobiernos se hace menos habitual?

Exacto, es un paso no tan violento pero también perverso para atacar a gobiernos. Suelen participar ciertos políticos de la oposición, ciertos medios y ciertos jueces. En el caso latinoamericano el ejemplo más conocido es el de Lula da Silva, junto al juez Moro. Al respecto había un artículo de Juan Carlos Monedero donde dice que Estados Unidos ha entendido que más que formar a militares para controlar Latinoamérica, lo que debe hacer es formar a jueces y, de hecho, el juez Moro ha estado formado en Estados Unidos. Es difícil decir cuándo arranca la lawfare, pero en el libro también explico que toda la persecución a gente de izquierdas durante el maccarthismo ya lo era un poco, con la voluntad de purgar a sus disidentes, desprestigiar al otro y acusarlo de cosas falsas para que tuviera que ir a defenderse de realizar actividades antiamericanas. Es una práctica que va evolucionando

En el caso de Barcelona, se añade el adjetivo de urbano. ¿Qué especificidades tiene?

La lawfare es un tipo de mecanismo que se ha ido trasladando al territorio de las ciudades, porque también lo utilizan los lobbies que tienen intereses en ella y que consideran que ciertas políticas les atacan. Ocurre en todas las ciudades, en las grandes y en las pequeñas.

¿Uno de los cambios desde que gobierna Barcelona en Comú es que ahora las querellas y los litigios provienen de los poderes económicos y no de los vecinos, cómo seguramente ocurría antes?

Esto es un cambio cualitativo, cambian los agentes. En esta etapa los contencioso-administrativos se han duplicado, pero al final entran en el funcionamiento democrático. En cambio, también proliferan las causas penales que de algún modo están amenazando a personas, a las que pueden pedir prisión. Además, el número de causas ha aumentado mucho del primero al segundo mandato [de Colau]. Comentándolo con [el periodista] Enric Juliana, me decía que en Madrid se vivió mucha más presión en el mandato de Manuela Carmena, mientras que en Barcelona a Ada Colau se la dejó hacer más porque [los poderes] pensaban que no llegaría al final del mandato. Y ha sido en este segundo, cuando han visto que continuaba y que quizás podría optar a un tercer mandato, que la presión ha aumentado.

Es un cambio cualitativo, porque en los ocho años que lleva Ada Colau cada vez hay más procesos y son más los lobbies y grupos de presión que no quieren que continúe de ninguna manera. Incluso en verano la FAVB [la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona] dio una rueda de prensa quejándose de los ataques al Ayuntamiento de Barcelona, cuando en otras épocas era quien ponía los pleitos, mientras que ahora les ponen los poderosos.

Esta guerra judicial intenta detener o ralentizar determinadas políticas y para conseguirlo pasa por varias fases. Empieza intoxicando el poder democrático en cuestión.

Sí, lo primero es intoxicar y crear desconfianza, malestar y desprestigio hacia los políticos y la administración pública. En el fondo detrás de la lawfare contra Colau y otros gobiernos hay unos intereses neoliberales. El primer paso es éste, salir en los periódicos, desprestigiar y crear sospecha. También se busca que existan muchas causas, porque la lawfare intenta crear un determinado relato. El siguiente paso es conseguir que la causa tenga un recorrido y esto en algunos casos se consigue, lo que hace que la sospecha y la desconfianza vayan aumentando, algo que iría a más si se logra una condena. En Barcelona no ha pasado, pero sí se ha conseguido que se detengan algunas políticas, como el dentista municipal, que no es exactamente por lawfare, pero sí por la defensa de unos intereses corporativos. O la multiconsulta que se logró que no se hiciera.

En cualquier caso, casi siempre ralentiza la puesta en marcha de políticas o su funcionamiento, lo que también supone un problema.

Ralentizar siempre lo hace. Lo hemos visto con la supermanzana, las obras de la Via Laietana, la conexión del tranvía... Al final es un obstáculo más en todos los procesos administrativos, que ya son lentos, ya que implica hacer más informes, que los servicios jurídicos hagan más revisiones y, de rebote, esto desprestigia a la administración. Es ese círculo vicioso que busca generar desconfianza en la administración pública.

A grandes rasgos podríamos decir que el grueso de querellas contra el Ayuntamiento proviene del lobby del automóvil (básicamente el RACC), el sector hotelero, grandes fondos inmobiliarios y grandes empresas de servicios (como Agbar). Es decir, del poder tradicional de la ciudad, pero también de un poder mucho más global, que va mucho más allá de Barcelona.

Sí, es así. Ahora hay estos fondos buitre que lo dominan todo, y el caso de la vivienda es el más grave, porque la han convertido en un elemento de inversión y, además, lo que quieren es tener viviendas vacías. No quieren que haya gente viviendo en ellas, prefieren que estén años vacíos y que se vayan comprando y vendiendo, cómo se compra y vende una empresa. Luego también están todas las plataformas digitales de Internet, como Uber, que ataca el servicio del taxi, y Airbnb que además de recorrer todas las multas presiona como lobby a la Unión Europea, aunque al final no se ha salido con la suya. Estas plataformas si quieres directamente no ponen una denuncia, pero están presionando como lobby en todas partes para conseguir sus intereses. Y, por último, están los fondos de inversión, como Blackstone, Vanguard, Cerberus... Realmente no sabes quién está detrás y eso te limita la capacidad de actuar contra ellos, no es como hablar con el CEO de tal empresa.

En 2015 uno de los lemas constantes de Barcelona en Comú antes de llegar a la alcaldía era aquello "que el miedo cambie de bando". ¿Justamente actuaciones de este tipo buscan impedir que suceda?

Sí. Hay personas con mucho temperamento como Ada Colau o Janet Sanz que aguantan mucho esta presión y, en cierto modo, cuando salen al final quizás estos ataques se acaban convirtiendo en algo que las hace más heroínas, pero el desgaste y el miedo están ahí. Los políticos están más dispuestos a aguantarla, porque son más visibles, pero a los funcionarios y técnicos municipales les genera mucho miedo y eso coacciona.

Aunque las políticas acaben tirando adelante, ¿uno de los efectos de la 'lawfare' es que acaban siendo menos ambiciosas de lo que se había planteado inicialmente?

Creo que por el momento no se ha producido ese efecto. También debe discernirse que una cosa es ir en contra de unos políticos en concreto y unas medidas determinadas, y otra cosa es cuestionar el poder municipal y atacar sus competencias. Algunas de las querellas justamente buscan esto, van contra las competencias del Ayuntamiento. La carta municipal de Barcelona se está revisando para tener más competencias, porque la ciudad necesita más inversión y más competencias, porque es la que realmente puede afrontar mejor y más de cerca los problemas. Con estas acciones también buscan limitar la capacidad de actuación del Ayuntamiento y defenderla es algo que reivindicar más allá de quien gobierne.

Las encuestas, empezando por el Baròmetre Municipal, muestran un desgaste de la figura de la alcaldesa, que tiene un significativo rechazo ciudadano. ¿Contribuyen a ello estas campañas?

El desgaste queda, dejan un rastro de difamación y desconfianza y después está la proliferación de las fake news, que hay gente que se las cree por completo. En el fondo se busca crear el mensaje de que el poder público es lento e incapaz y de que los políticos todos deben ser corruptos. Y precisamente quienes sufren la lawfare en general son honestos y defensores del bien común.

Todas las querellas y las causas penales han ido contra concejales de Barcelona en Comú, cuando en gran parte de los últimos ocho años ha gobernado en coalición. No parece precisamente casualidad, cuando el PSC es ahora mismo un partido mucho mejor relacionado al menos con los poderes tradicionales de la ciudad.

Es cierto que muy rara vez el PSC y el PSOE han recibido fake news. Con la misma ley estatal de vivienda está claro que hay unos sectores del PSOE más afines a los inversores inmobiliarios que no la ven suficientemente clara. Es un partido todavía con sectores muy desarrollistas, con una visión de que lo importante son las inversiones y los puestos de trabajo y en la que cuestiones como la igualdad de derechos o la lucha contra el cambio climático no lo son tanto. Lo hemos visto con el tema del aeropuerto [del Prat].

¿Han echado de menos apoyo del PSC en determinados proyectos emblemáticos que justamente han sido muy atacados por estos poderes, como las supermanzanas o las zonas de bajas emisiones?

En algunos casos sí, solidaridad y falta de convencimiento y pasión [para defenderlos]. La supermanzana, por ejemplo, está inventada desde hace mucho tiempo. La idea de Salvador Rueda y la Agencia de Ecología Urbana tiene más de 20 años, es de épocas en las que los alcaldes eran del PSC y nunca se llegó a aplicar, y al final los que lo hemos hecho hemos sido nosotros. El PSC lo tenía como recurso, pero nunca se atrevió, porque sabía que implicaba luchar contra el lobby de los coches y ciertos hábitos en la ciudad. En cierto modo, en el Estado PP y PSOE juegan ese papel de dos poderes que se van relevante, pero que en el fondo ya les va bien un cierto statu quo.

Visto en perspectiva, ¿la alianza con el PSC ha sido contraproducente? Lo digo justamente por esta falta de voluntad de enfrentarse a determinados poderes y quizá con ERC estarían más alineados en estos temas.

Es cierto que políticamente con ERC hay más sintonía en esa voluntad de enfrentarse al establishment, pero ERC a veces tiene unas posiciones más cerradas y es difícil [entenderse en ella], como se ha visto con la misma votación de la Ley Mordaza. Las relaciones tanto con ERC como con el PSC no son fáciles, aunque existen sintonías y diferencias con unos y otros. Quizás con ERC más de rebeldía y de ponernos en contra de los poderes establecidos. Y con el PSC quizá compartimos cierta visión de progreso social y del urbanismo. También ocurre con la CUP, con la que puede haber sintonía con un proyecto anticapitalista, pero después en lo concreto, con qué medidas se toman, no hay ninguna. Pese a las diferencias y dificultades, lo ideal sería un tripartito con ERC y PSC. Y eso es lo que de verdad quería Ada Colau en el 2019, pero con Ernest Maragall no fue posible. Sería lo ideal porque Barcelona es una ciudad de izquierdas y ese tripartito tiene una mayoría clara.

Estamos a dos meses y medio de las elecciones municipales y, seguro, que esos poderes de los que hablamos quieren influir en las urnas. ¿Cuál cree que es su apuesta por el 28 de mayo?

Está claro que no quieren que gane el Ada Colau, eso lo explicitan. En este sentido, la aproximación de los últimos meses del PSC hacia grandes proyectos e intereses de la patronal demuestra que existe cierta expectativa de que los poderes locales apuesten por él. Puede haber una apuesta por Trias, pero también puede haber una apuesta por Collboni, en la medida en que se aproxima más al programa de Foment del Treball, que podrían llevarlo a cabo tanto él como Trias. La sociovergencia se ha producido en pocos casos y sería un retroceso para Barcelona. Tirar atrás alguno de estos proyectos emblemáticos e imprescindibles, que son pedidos por la ciudadanía, como la supermanzana, la zona de bajas emisiones o lo que sea sería un retroceso para la ciudad.

¿Hasta qué punto la 'lawfare' constituye un problema democrático?

Es un problema, pero yo intento ser optimista y exponer en el libro que a pesar de todo se puede resistir. Vemos los casos de Lula y Petro, y en el caso de Barcelona el balance es que la mayor parte de las apuestas que se han hecho van adelante. Por tanto, se puede resistir e ir avanzando, porque son transformaciones necesarias. Pero también es cierto que la lawfare y las fake news aumentan y eso es preocupante, porque los efectos siempre son de generar antipolítica, desconfianza, insistir en que funcionan mucho mejor las empresas privadas que la administración pública o que en el mundo no existen alternativas. En definitiva, existe toda una ideología neoliberal detrás.

Al final se busca limitar el campo de acción de la actuación pública y medidas necesarias en ámbitos como el cambio climático, la lucha contra las desigualdades, la contaminación, etc... Hacen falta unas transformaciones radicales que cuestan [de llevar a cabo], pero todas las grandes ciudades, como Amsterdam, París, Londres, Nueva York, todas, intentan hacerlas. Y por eso es importante que las ciudades avancen y que la lawfare y las fake news tienden a desaparecer, ya sea punitivamente o llegando a un acuerdo social tanto a nivel local como global. Entender que para salvar el planeta y salir adelante debemos hacer determinadas políticas y que lo público debe ser importante. Es necesario un nuevo consenso social en el que las cosas se tengan que resolver más por acuerdo, que no por guerra o lawfare y huir de un mundo en el que una minoría se beneficia, mientras que la mayoría tiene las cosas cada vez más difíciles.

La 'lawfare' también es una forma de estos poderes de demostrar que ellos votan a diario y que pueden pasar por encima de la voluntad ciudadana.

Sí, es así. Los poderes han encontrado la forma de presionar cada vez más e introducirse en el día a día con la complicidad de algunos jueces y de algunos medios, que les permiten ejercer esta presión continua para no perder ninguno de sus beneficios. Ocurre lo mismo en todas las grandes ciudades y en los estados, pero sin embargo tengo la impresión de que las ciudades, que son las que tienen menos competencias, son las que más resisten y más intentan innovar porque son las que están más cerca de la vida cotidiana de la gente. Si quieres tal vez sea una resistencia de David contra Goliat.