MADRID.- El gran vuelco político surgido de las urnas el pasado día 24 de mayo no solo tiene consecuencias en el poder institucional. El veredicto de los votos tiene su traducción también en el poder económico que proporciona la gestión directa de los voluminosos presupuestos de las comunidades autonómicas que se sometían al sufragio popular. Ni más ni menos que casi 117.000 millones de euros – incluida Andalucía por la cercanía en las fechas - de un total de casi 167.000 millones.

Pues bien, la parte más importante de esa cifra pasará a ser gestionada en las próximas semanas por gobiernos autonómicos de izquierdas, la mayoría de ellos con presidentes del PSOE, bien en coalición o con apoyo de otras fuerzas de izquierdas para la investidura. El PSOE pasará de gestionar dos comunidades – Andalucía y Asturias – a un total de siete: las dos citadas más la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Aragón; también podría entrar en los gobiernos de Cantabria y Canarias.

El PP es la formación política más perjudicada por el resultado electoral del 24-M. De un plumazo ha perdido más de la mitad del presupuesto autonómico en juego que estaba en sus manos: de 76.798 millones de euros que disponía en las diez comunidades que gestionaba ha pasado a quedarse tan solo con 35.666 millones - de esa cantidad casi 21.000 millones corresponden a la Comunidad de Madrid -.

El PP 35.666 millones de gasto autonómico, de los que casi 21.000 millones son de  la Comunidad de Madrid 

Su poder territorial se completa con Galicia – que no se sometía a las urnas – y que dispone de un presupuesto de 9.736 millones. En resumen, tras las elecciones autonómicas el reducto de los populares se limita a cinco comunidades autónomas – Galicia, Madrid, Murcia, Castilla y León y La Rioja – con apenas 45.402 millones de euros. Menos de un tercio del total de las administraciones autonómicas.

En cambio, las izquierdas han obtenido un gran avance en este segmento. De golpe, los nuevos administradores progresistas pasarán a gestionar 74.345 millones de euros, incluidas en esta cantidad las cifras presupuestarias de Andalucía – la que dispone de mayores recursos con 25.460 millones -, Navarra e incluso Cantabria si el PCR se coaliga con el PSOE. Un trasvase espectacular en relación con la situación anterior a la jornada electoral de mayo.

El resto de la tarta presupuestaria de las 17 comunidades autónomas se lo llevan tres administraciones en manos de formaciones nacionalistas: Catalunya, con la cantidad más elevada – 29.461 millones -, País Vasco – con 10.657 millones – y Canarias – que aporta otros 6.900 millones –; todas ellas alcanzan la cifra de 47.018 millones de euros.

Si se toma en consideración únicamente la cifra presupuestaria que alcanzaban las comunidades que entraron en la contienda electoral el vuelco también es espectacular: el voto ciudadano ha trasvasado un poco más de la mitad del total de los presupuestos en manos del PP – un total de 38.632 millones de euros - a gobiernos que estarán en poder de las izquierdas, principalmente de los socialistas en coalición con Compromís, en la Comunitat Valenciana, o Més, en Baleares, con apoyos puntuales de Podemos en Castilla-La Mancha, Extremadura y probablemente en Aragón.

Este panorama, salvo sorpresas de última hora, se irá consolidando en las tres próximas semanas a medida que se vayan celebrando los debates de investidura en las 13 comunidades autónomas que celebraron elecciones y una vez producida la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía este mismo domingo después de unas largas negociaciones tras los comicios en esta comunidad el 22 de marzo.

A partir de ahora, comienzan los debates de investidura de los 13 comunidades que celebraron elecciones el 24-M

La Comunidad Valenciana puede ser la primera en celebrar el debate de investidura de su presidente – antes del 24 de este mes - a la que se presentará el socialista Ximo Puig como candidato con un respaldo suficiente de su partido, PSPV-PSOE, de Compromís y de Podemos tras firmar el llamado Acord del Botànic la semana pasada y superadas las iniciales tensiones entre las tres formaciones políticas. El pacto quedó reflejado este sábado en la designación de los alcaldes de Valencia – Compromís – y Castellón y Alicante – PSPV-PSOE-.

Antes de que finalice junio es probable que se fijen los debates de investidura en Castilla-La Mancha y Extremadura, según fuentes socialistas. El resto de comunidades celebrarán sus procesos a lo largo de las próximas cuatro semanas. En la segunda quincena de julio estará completado el nuevo mapa autonómico surgido tras las elecciones de finales de mayo con un color muy diferente al anterior y el trasvase de decenas de miles de millones de euros a gestores de formaciones de izquierdas.