Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que aspira a recuperar la libertad de expresión en España, porque está siendo restringida “de manera alarmante” en los últimos años. Entre otras cosas, propone inhabilitación de uno a cuatro años para los agentes que identifiquen a personas solo “por su participación en actividades de índole política, sindical, religiosa u otras actividades”.

En rueda de prensa, Garzón ha anunciado que se propone derogar los artículos del Código Penal que “provienen de la dictadura”, como el delito contra los sentimientos religiosos (Art. 525), las injurias a la Corona (Art. 490.3 y 491), a la patria y sus símbolos (Art. 543) o a otras instituciones del Estado (Art. 504), el delito de enaltecimiento del terrorismo (art. 478) y, también, una modificación del artículo 510 que define, sin concretar, los delitos de odio.

De este modo, pretende ajustar nuestra legislación penal a las recomendaciones emitidas en repetidas ocasiones por Naciones Unidas y diversas asociaciones internacionales de reconocido prestigio como Amnistía Internacional y a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, también, se propone terminar con las ambigüedades jurídicas que dejan los límites reales de la libertad de expresión en manos del juez que toque, en un país de tradicional judicatura conservadora.

Fiel a lo que anunció que haría hace unas semanas, tras muchas reuniones con diversas asociaciones especializadas en la materia, como Amnistía Internacional, Jueces y Juezas para la Democracia, No somos delito, Asociación Libre Abogacía, etc., IU presenta una reforma sustantiva del Código Penal, que junto con Unidos Podemos presentarán a todos los grupos parlamentarios y muy particularmente al PSOE. A preguntas de los periodistas sobre la viabilidad de esta ley, ante el reciente voto socialista en contra de la despenalización de las injurias a la Corona, Garzón ha contestado que “la esperanza es lo último que se pierde” y la movilización puede cambiar cosas.

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, a su llegada a la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana en el Congreso, en la que ha presentado una proposición de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. EFE/ Zipi

Alberto Garzón nos recuerda que son ya 70 los condenados en España, en los dos últimos años, solo por el artículo 478, de enaltecimiento del terrorismo, y la autocensura que esto provoca en el debate público.

Además, de la vía penal, esta proposición de ley no olvida la vía administrativa, por la que de “manera silenciosa y discreta se disuade a la ciudadanía del derecho fundamental de la manifestación” y se propone terminar con las identificaciones gratuitas y disuasorias que se han observado en los últimos años en muchas movilizaciones sociales. Para acabar con esto presentan un nuevo artículo, el 536Bis, que incluiría la inhabilitación especial de empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses para “la autoridad, funcionario público o agente de éstos que, fuera de los supuestos previstos por la ley, proceda a identificar a una o varias personas para desvelar su identidad con el propósito de conocer o controlar su participación en actividades de índole política, sindical, religiosa u otras actividades”.

La propuesta incluye un interesante análisis pormenorizado de la inconcreción de muchos de estos artículos y de la justificación de su derogación por la existencia de otros que incluyen la defensa de los derechos que supuestamente protegen y cuya especificación no es necesaria y solo genera confusión.

Entre las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que recopila no están solo las referentes a España, como la reciente del 13 de marzo pasado, que de manera unánime condenó a España a indemnizar a Stern Taulats y Roura Capellera por haberles hecho pagar una multa por quemar unas fotos del Rey en 2007 o la que en 2011 también nos sentenció por haber condenado a Arnaldo Otegui por llamar al Rey "jefe de los torturadores". Destaca, por ejemplo, el caso Sekmadienis vs Lituania, en el que el tribunal condenó el 30 de enero de 2018 a ese estado por haber sentenciado a esa empresa textil por lanzar una campaña con el título “Jesús en vaqueros”, que exponía las imágenes de María y José así de modernos.

Por último, también son llamativas las cifras de casos y sus fechas, que presenta como argumentación. En el caso del delito de enaltecimiento del terrorismo llama la atención, que siendo un tipo penal que nació en 2000, en un momento de” extrema violencia” de ETA, durante sus 11 primeros años de vida apenas se aplicó. Hasta 2011, con ETA desactivada, no se comenzó a perseguir por este delito que IU recuerda que implica incitar a “la comisión de delitos terroristas”, cosa harto difícil sin organizaciones terroristas activas (ni ETA, ni GRAPO).

Izquierda Unida, por otro lado, ha organizado esta tarde, a las 19:00, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un Acto por la Libertad de Expresión con la participación de César Strawberry, Valtonyc, Cassandra, Activistas Pro Soterramiento Murcia, Cristina Fallarás, Isabel Elbal, Enrique Santiago y el propio Alberto Garzón, en apoyo a esta iniciativa.