Irene Montero y Pablo Iglesias piden un año y seis meses de prisión para el acusado de acosarles frente a su casa

El Juzgado de instrucción número uno de Collado Villalba (Madrid) última el procedimiento contra Miguel Ángel Frontera, el cabecilla de las concentraciones frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero, acusado de los presuntos delitos de acoso, delito contra la intimidad, coacciones, desobediencia a la autoridad e injurias graves contra la ministra y el exvicepresidente.  En diciembre pasado dictó una orden de alejamiento de 500 metros para Frontera respecto al domicilio de la pareja y al lugar de trabajo de ambos. 

Siguiendo el procedimiento, la ministra de Igualdad y el exlíder de Podemos han presentado en el juzgado su escrito de acusación contra Frontera, en el que piden que se abra juicio oral contra él y solicitan un año y seis meses de prisión y el pago de una indemnización de 20.000 euros en total en concepto de daño moral. 

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Público, relata las diversas acciones acometidas por Frontera, que llegó a crear una plataforma de crowdfunding  para obtener ingresos económicos "con los que seguir dando soporte del acoso diario". Desde el 15 de mayo al 12 de diciembre de 2020, Miguel Ángel Frontera se personó a diario frente al domicilio de Montero e Iglesias, en Galapagar, "hostigando y profiriendo términos injuriosos como Garrapata, Chepas o términos similares, según consta en el escrito de acusación. El 5 de junio de 2020, Frontera se declaró el responsable del hostigamiento que sufría la pareja en Twitter. 

En un momento dado en la campaña de hostigamiento contra los dirigentes de Podemos, Frontera comenzó a llevar pancartas a las concentraciones frente a la residencia de Iglesias y Montero. "Pablo…hijo de terrorista" e "Irene Montero ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas" son algunos de los lemas de las pancartas del presunto acosador. 

Fue a comienzos del verano de 2020 cuando además de las pancartas, Frontera acudió a aquellas concentraciones con altavoces y el himno de España a todo volumen. A ritmo de cacerolada, los congregados gritaban, entre otras cosas, "No nos vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela", consta en el escrito de acusación, que destaca las consecuencias que para el vecindario y para los hijos de la pareja pudo tener este espectáculo a diario. 

Frontera llegó a emitir en directo, el 23 de julio de 2020, saltándose el perímetro de seguridad establecido en la casa del entonces vicepresidente del Gobierno, "con colaboración del presentador del programa de entrevistas y actualidad de extrema derecha ' Estado de Alarma' , grabando un vídeo donde Miguel Frontera se jacta de haber sobrepasado el perímetro de seguridad y nuevamente con un megáfono comienza a gritar términos ofensivos", dicen los perjudicados, que indican que todo ese hostigamiento no está amparado en la legítima protesta y la libertad de expresión.

La grabación del interior del domicilio de Irene Montero y Pablo Iglesias por parte de Miguel Ángel Frontera, el 12 de julio de 2020, fue uno de los episodios más graves vividos por la pareja. "Burlando nuevamente la seguridad de la vivienda, se alzó sobre una piedra para superar el muro perimetral y procedió a grabar desde ahí el interior de la morada de los querellantes hasta que fue visto por los mismos, invadiendo su intimidad, claramente ajenos a

cualquier tipo de protesta o expresión de crítica. No cesó en esta conducta hasta que don Pablo Iglesias le detectó infraganti grabando hacia él", describe el escrito de acusación. 

Por si todo esto fuera poco, Frontera publicó en su canal de 'Youtube' las grabaciones de las declaraciones del procedimiento judicial realizadas por Iglesias y Montero en la instrucción de la causa, lo que incurriría en un presunto delito de descubrimiento de secretos, consta en la querella.

La querella que presentaron Iglesias y Montero hacía especial hincapié en la seguridad de sus hijos. "La afectación e impotencia para mis representados para proteger a sus hijos en su hogar familiar ante los insultos, el acoso y las coacciones sufridas. Es más, el daño sufrido alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los tres hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cómo no podían desarrollar su vida en privacidad". 

Las penas que piden para Frontera la ministra y el exvicepresidente del Gobierno abarcan los 18 meses de multa a una cuota de 10 euros diarios por un delito de coacciones continuadas; por el delito de acoso, la pena de seis meses de prisión; por el delito de injurias graves contra las Instituciones del Estado doce meses de multa a cuota de 10 euros al día; y por el delito de descubrimiento de secretos un año de prisión.