En la primera jornada, este lunes, del juicio contra el juez y el fiscal que instruyeron el caso Cursach y cuatro agentes de la unidad de Blanqueo de la Policía Nacional han abundado las expresiones "nulidad absoluta de la instrucción", "contaminación de la instrucción judicial y policial", "falta de legitimación de las acusaciones" y "doctrina de los frutos del árbol envenenado", todas ellas durante las intervenciones de las defensas. 

El juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán --ambos, jubilados anticipadamente--, y los agentes policiales José Luis García Reguera, Blanca Ruiz Alfaro, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera se enfrentan a más de 500 años de prisión entre todos por presuntos delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio. 

Estos presuntos ilícitos se cometieron, según la Fiscalía, mientras los acusados investigaban el caso Cursach y sus derivadas, sobre la mafia policial y política a favor del magnate de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach. Todos los acusados fueron absueltos en un extraño giro de guion de Anticorrupción. De hecho, el mismo fiscal que intervino en el juicio de Cursach, llegando a derramar lágrimas en su alegato de inocencia, hoy representa al Ministerio Público en el juicio contra Penalva y Subirán, pese a su recusación.

Todas las defensas han reclamado en su turno de cuestiones previas la nulidad de toda la causa, al estar fundamentada en las pruebas obtenidas mediante el espionaje ilegal a tres periodistas de Palma. Todos los abogados han clamado contra la "investigación prospectiva" llevada a cabo por la Jefatura Superior de Policía de Balears con el apoyo del juez Miguel Florit y del fiscal Juan Carrau, que llegaron a estar investigados por el caso Móviles. 

Los frutos del árbol envenenado

Se intervinieron los móviles y ordenadores de los informadores con el fin de hallar la fuente de filtración de un informe económico vinculado al Grupo Cursach. A raíz de esas intervenciones contra la libertad de prensa y el secreto profesional de los periodistas, declaradas posteriormente ilegales por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares, la Policía llegó hasta un chat privado en 'whatsapp' entre el juez, el fiscal y los agentes de Blanqueo, que es el origen de la causa que este lunes ha comenzado a enjuiciarse. 

El chat en cuestión contiene expresiones espontáneas, incluso groseras, sobre los investigados de Cursach, que sirvieron a los acusados para plantear que el juez y el fiscal habían coaccionado a los testigos.

Según la doctrina de los frutos del árbol envenenado, las pruebas obtenidas ilegalmente por haber conculcado derechos fundamentales son inválidas y todo lo que se hubiera avanzado a través de ellas debe ser declarado nulo. El tribunal se tomará unos días tras la sesión del miércoles para decidir si declara nulas las pruebas relacionadas con el espionaje a los periodistas. Es probable, según indican fuentes jurídicas, que los magistrados permitan celebrar el juicio íntegramente y declararlo nulo al final. 

El papel del fiscal Carrau

El abogado de Penalva y Subirán, Javier Barinaga, ha expuesto más de diez cuestiones previas, pidiendo no sólo la nulidad sino la admisión de pruebas fundamentales, como que se aporte el intercambio de correos entre el fiscal Carrau y los policías que iniciaron esta causa. 

"El fiscal Carrau juega un papel muy importante en esta causa. Intervino en varias de las coacciones que se nos imputan. De hecho, en una entrevista, Bartolomé Sbert [mano derecha de Bartolmé Cursach], tras su absolución, señaló que Carrau le dijo: "Más vale que colabores porque te van a caer muchos años". ¿Por qué no se le imputa también a Carrau y no solo a mis clientes?", ha preguntado Barinaga. 

El motivo es "porque Carrau se autoexcluyó de la causa pero la siguió dirigiendo desde atrás -- ha dicho este letrado--. Y además actuó paralelamente estando imputado en el caso de los móviles de los periodistas". Según el abogado, "se ha vulnerado el derecho a un juez imparcial", en alusión a que se habrían predeterminado el juez y el fiscal de la causa contra Penalva y Subirán. 

Barinaga ha incidido en que esta causa contra los agentes de blanqueo tuvo que llevarse a cabo por la unidad de Asuntos Internos de la Policía y no por la cúpula policial de Illes Balears y ha llamado la atención sobre la coincidencia de que la investigación contra Penalva y Subirán se inició en el mismo momento en el que apuntaban a las conexiones de dicha cúpula policial con el caso Cursach. 

Era esencial que la Policía balear investigara a sus propios compañeros de la Unidad de Blanqueo, en vez de Asuntos Internos "porque así pudieron someter a un régimen de terror" a los agentes, como a Iván Bandera y pudieron decidir quién tenía que instruir la causa, según este abogado.  

Los letrados de la defensa han incidido en la contaminación de la causa por la instrucción paralela de la Policía. Esto es muy importante de cara a comprender los inicios de una investigación que ha tenido como resultado la petición de 121 años de prisión para el fiscal Subirán y 118 para el juez Penalva. 

Minutos de oscuridad en la detención de un agente

Así ha expuesto el abogado Javier Barinaga la detención del agente  acusado Iván Bandera: "Fue detenido el 18 de diciembre de 2018, en plena Navidad, cuando iba a ser padre por primera vez. Le son leídos sus derechos sin asistencia letrada. Declara durante 21 minutos, son 21 minutos de oscuridad, bajo una jerarquía, porque él es un agente raso de fuera de Mallorca". 

"Tú sabrás lo que haces, o nos das el móvil o bajas a calabozo. Esto lo arreglamos con Carrau, nos va a dar la orden", consta en la declaración del agente Bandera. 

Pese a constar en el acta de detención que Iván Bandera entregó voluntariamente su móvil y que más tarde, ya con su abogado presente, se trasladó a su casa e hizo entrega de otros dispositivos, Pedro Horrach, fiscal Anticorrupción del caso Nóos, ahora ejerciente como abogado y que representa al acusado Miguel Ángel Blanco, duda de esa voluntariedad. "El consentimiento estuvo viciado".

El exfiscal Horrach, letrado de un acusado

Ni fue una decisión espontánea ni fue una confesión, según Horrach, ni Bandera accedió a que se volcara su contenido ni a que se recuperan los archivos borrados, mediante técnicas de peritaje. Todo eso se hizo sin orden judicial, ha resaltado. 

José Luis García Reguera, jefe del grupo de Blanqueo que investigó a las órdenes de Penalva, también fue detenido el 18 de diciembre de 2018. "Fueron detenidos solo en base al listado de llamadas de los periodistas. No había más pruebas", ha resaltado Horrach, calificando de "falacia" lo que sostuvieron Florit y Carrau de que existían "otras pruebas". 

Juan Ignacio Fuster Fabra, abogado de la policía Blanca Ruiz, ha expuesto que el teléfono de esta agente fue incautado el 2 de abril de 2019 en Madrid, pero no fue precintado hasta ocho horas después, ya en Palma. "Pudieron hacer con él lo que quisieron", dice el letrado, apuntando a "eventuales manipulaciones" de esta prueba. 

Fuster Fabra, al igual que Barinaga, sostienen dudas sobre la cadena de custodia de los móviles de los agentes. "¿Dónde está el acta de precinto del móvil de Bandera?", ha dicho el letrado del juez Penalva.