Tirón de orejas al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio del Interior. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa ha lamentado en un informe publicado este martes que la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska no ha implementado de forma satisfactoria ni una sola de las recomendaciones formuladas hace tres años para hacer frente a la corrupción en la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Las conclusiones de GRECO son contundentes. En el apartado final de un documento de 19 páginas al que ha tenido acceso Público, el organismo señala que "España no ha cumplido satisfactoriamente ni ha tratado de manera satisfactoria ninguna de las diecinueve recomendaciones" efectuadas en noviembre de 2019. En concreto, detalla que "siete se han aplicado parcialmente y doce no se han aplicado". 

A criterio de los expertos, "la situación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no es la adecuada". Por un lado, reconocen que "la Guardia Civil ha avanzado en su infraestructura ética", aunque aprecian que "aún no se ha materializado de manera efectiva". GRECO también reconoce que "se han comunicado algunos avances valiosos, tanto por la Policía como por la Guardia Civil, para promover la igualdad de género", pero poco más. 

El grupo subraya "la ausencia de cualquier otra mejora concreta y fáctica realizada por la Policía", lo cual considera como "una oportunidad perdida para
establecer una infraestructura de ética integral, proactiva y efectiva dentro de esta fuerza del orden". Por tales motivos, espera que "las fuerzas y cuerpos de seguridad realicen unas actuaciones tangibles, comprometidas y completas para cumplir con las recomendaciones, como un tema prioritario y sin demora".

Entre otros puntos, GRECO "lamenta la falta de acciones específicas" en materiales tales como contar con "una evaluación estratégica de los riesgos existentes en áreas y actividades proclives a la corrupción para detectar problemas y amenazas emergentes", algo que había sido planteado en 2019 y que no ha sido atendido por el Ejecutivo. 

El informe señala que la petición formulada "tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil" para que complementasen "sus respectivos códigos con directrices y medidas prácticas" en torno a conflictos de intereses, obsequios, uso de recursos públicos, información confidencial, actividades complementarias, neutralidad política, etc" solo ha sido cumplido de forma parcial en la Benemérita. "En cuanto a la Policía, no se ha hecho nada", remarca.

Tampoco ha habido avances en la realización por parte de ambos cuerpos de "un estudio sobre el riesgo de conflicto de intereses durante el periodo de servicio activo y después del cese en el mismo (incluyendo a los mandos superiores)" .

'Lobbies' sin control

Asimismo, GRECO lamenta que tampoco se han cumplido otras recomendaciones dirigidas al Gobierno, entre las que figuraba "modificar el 'aforamiento', de modo que no obstaculice la acción penal contra miembros del Gobierno de los que se sospeche haber cometido delitos relacionados con la corrupción". 

El organismo califica como "un avance positivo" la puesta en marcha de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), aunque destaca que "tanto las facultades como recursos de la OCI y del Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno merece mayor atención para que la puesta en marcha de las distintas iniciativas normativas se hagan realidad, no sólo en la ley sino también en la práctica".

El informe remarca además que "la regulación de los lobbies sigue siendo un tema pendiente", mientras que considera importante que "se preste la debida atención a los riesgos específicos de las personas encargadas de funciones ejecutivas superiores, incluidos los asesores políticos".