Interior guardará los 'antecedentes' de los que multe con su ley mordaza

La creación de un fichero para registrar a los infractores reincidentes es uno de los aspectos que recoge el Anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que llega hoy al Consejo de Ministros entre una marea de críticas desde la mayoría de la oposición y muchos movimientos sociales.

El Ministerio del Interior tendrá en cuenta la reincidencia a la hora de decidir la cuantía de las multas a imponer. "Este fichero no tendrá nada que ver con los delitos sino con las infracciones en materia de seguridad ciudadana, a fin de registrar esas infracciones para valorar si se produce la reincidencia", dijo ayer el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. "Éste es un elemento para graduar en el anteproyecto la cuantía de las sanciones y en última instancia para apreciar si la comisión reiterada de infracciones pueda hacer que una infracción grave se pueda convertir en muy grave o una infracción leve se pueda convertir en grave, no unas sino varias acumuladas en el tiempo", añadió.

Las críticas de los últimos días han hecho que el Gobierno haya reculado a última hora en sus aspiraciones originales, de tal manera que ha anunciado que suavizará las sanciones que se recogían en el primer borrador. "Lo que se ha producido en la última semana es lo que pasa siempre con cualquier iniciativa legislativa y en especial cuando es compleja y afecta a temas cruciales", defendía Martínez. En opinión del 'número dos' de Interior, las modificaciones eran "de esperar", pues cuando su departamento presenta una iniciativa legislativa como borrador, los demás hacen aportaciones, con lo cual, "ese borrador va cambiando varias veces".

Desde que se conocieron los primeros detalles, la llamada ley mordaza ha recibido críticas desde sectores políticos, sociales e incluso policiales. Fernández Díaz aseguró en el Congreso que por parte del Gobierno y el PP no se han recibido presiones para cambiar el texto, pero sí "sugerencias" y "propuestas", algo que ha calificado de "normal" en esta fase de elaboración de la norma. El ministro, además, declaró que se encuentran "abiertos al debate" y no descartó nuevas modificaciones durante su presentación en el Consejo de Ministros.

Las infracciones muy graves se reducen en un tercio

De este modo, las infracciones muy graves, multadas con hasta 600.000 euros, se reducen en un tercio. Entre ellas, desaparece como infracción muy grave para ser considerada grave, con multas de entre 1.001 a 30.000 euros, las protestas no comunicadas frente al Congreso u otras altas instituciones del Estado, aunque no estén reunidas y siempre que se perturbe la seguridad ciudadana. También baja de categoría -de grave a leve- amenazar, coaccionar, injuriar o vejar a los agentes encargados del mantenimiento del orden público, que serán sancionados con entre 100 y 1.000 euros. 

Las 21 infracciones muy graves que inicialmente estableció quedarán en menos de diez

Según el anteproyecto al que ha tenido acceso Efe, las 21 infracciones muy graves que inicialmente estableció quedarán en menos de diez, mientras que las infracciones graves serán las más numerosas, una treintena, y las leves, sumarán casi veinte. De entre las tipificadas como muy graves figuran la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, religiosos, deportivos u otras reuniones numerosas; las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto, o las manifestaciones con finalidad coactiva desde que finalice una campaña electoral y hasta que concluya la jornada.

También, se multará con hasta 600.000 euros deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos; fabricar, reparar, almacenar, adquirir o poseer armas prohibidas o explosivos no catalogados. De la misma manera se considera la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas que quebranten la prohibición o suspensión por razones de seguridad, así como la comisión de tres infracciones leves en el plazo de dos años.

Tras pasar hoy por el Consejo de Ministros, y después la larga tramitación que tiene por delante, la previsión del Gobierno es que sea definitivamente aprobada por las Cortes a lo largo del primer semestre de 2014. En todo ese proceso, Interior da por seguro que el texto sufrirá todavía más cambios.