El movimiento #RegularizacionYa, que cuenta con el apoyo más de 1.100 organizaciones, ha denunciado este lunes que el ingreso mínimo vital (IMV), aprobado por el Gobierno el pasado viernes 29 de mayo, deja fuera a 600.000 personas que se encuentran en situación irregular y ahonda en la desigualdad social de la población migrante.

La exclusión de este colectivo de la prestación, que garantizará una renta de entre 461 y 1.015 euros a 850.000 hogares, supone, según estas organizaciones, el incumplimiento de acuerdos internacionales firmados por España como la Agenda 2030 y la declaración universal de los Derechos Humanos.

De esta manera, desde la red instan al Gobierno a tener "altura de miras" y "valentía" para "no dejar verdaderamente a nadie atrás y que esta consigna deje de ser una frase sin contenido". Ya que la prestación excluye a la población más precarizada y que menos apoyos recibe.

La petición no ha sido tomada en cuenta

Así, el pasado día 12 de mayo, hicieron llegar a partidos políticos y entidades sociales el informe Propuesta para que el Ingreso Mínimo Vital. Pero finalmente esta petición no ha sido tomada en cuenta, ya que solo podrán acceder en el estatus de irregularidad mujeres víctimas de trata, violencia machista y prostitutas en una situación de especial vulnerabilidad. Las personas solicitantes de asilo, que en un principio iban a poder optar a esta prestación, también han quedado fuera.

"Dejar fuera del Ingreso Mínimo Vital a las personas migrantes en situación irregular -así como a aquellas migrantes regularizadas que residan menos de un año en España- significa no cumplir con la Agenda 2030 que fue firmada por España para no dejar a nadie atrás", así lo ha explicado Edith Espinola, portavoz de #RegularizacionYa.

"No incluir a la población migrante más vulnerabilizada en una prestación como esta, que está pensada para luchar contra la pobreza extrema, implica excluir a las personas según su estatus migratorio, una medida discriminatoria y contraria a esta agenda internacional. Es una contradicción", afirma la representante del movimiento.

Ha finalizado señalando que, "el Ingreso Mínimo Vital -ha continuado Espinola- es una medida imprescindible de justicia social que se implementa con el objetivo de cumplir con los derechos humanos y garantizar la dignidad de todas las personas pero el Gobierno deja fuera a aquellas que lo tienen peor.

Altura de miras

Desde #RegularizacionYa, ruegan al Gobierno altura de miras en un momento clave de la historia en el que es necesario ser valientes y dar un paso al frente por una sociedad verdaderamente justa que no excluya a una parte fundamental. Además, cuestionan la eficacia de esta prestación.

"¿Cómo uno de los colectivos más vulnerabilizados queda excluido de esta medida? ¿Qué coherencia puede haber con el lema de no dejar a nadie atrás? De mantenerse así, esta medida no será eficaz para acabar con la desigualdad y pobreza si no que las perpetuará en las vidas de las personas en situación administrativa irregular", ha concluido la representante de #RegularizacionYa.