Un informe denuncia el uso policial de detectives para espionaje a políticos al margen de la ley

@patricialopezl

Un informe de la UDEF sobre las investigaciones de la ex ministra Ana Mato apareció en la mesa de una agencia de detectives sin número de salida oficial. De ahí a los medios de comunicación pasaron sólo unas horas. Ese fue el inicio de la Operación Colombo encargada por el ministro del Interior a la Unidad de Asuntos Internos. Según ha sabido Público en exclusiva, el informe entró en la Fiscalía Anticorrupción el 14 de mayo de 2014 y no sólo afecta a ese caso de corrupción del Partido Popular.

Las investigaciones sobre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que en ese momento dirigía el comisario José Luis Olivera, según aseguran a este medio fuentes de la fiscalía, incluirían además del asunto de Ana Mato, el primer informe por el que se inicia el caso Pujol, espionaje a políticos de casi todos los partidos y otro sobre los espías de la Comunidad de Madrid, un caso que será juzgado próximamente.

Sin embargo, nada se había sabido del resultado de las pesquisas llevadas a cabo por Asuntos Internos y que afectaban al caso de corrupción más importante en esos momentos, la trama Gürtel y su pieza separada de los papeles de Bárcenas. El propio Fernández Díaz se vio obligado a admitir que la investigación por la que Asuntos Internos interrogaba a agentes de la UDEF "tiene que ver con una información que extrañamente le llegó a una agencia de detectives que ha adquirido notoriedad últimamente por actuaciones policiales y judiciales y que salió de esa unidad (UDEF) sin registro de salida y llegó a esa agencia de detectives donde uno de sus clientes estaba especialmente interesado en esas investigaciones".

“Se tuvo conocimiento de que se abrió una información reservada, porque informó de ello el propio ministro de Interior, pero no las partes que no hemos tenido acceso a las conclusiones de ese informe y desconocemos si la información que contiene puede ser relevante para el caso Gürtel”, explica a Público Ángel Galindo, el abogado del denunciante José Luis Peña.

“Efectivamente tendría que estar aportada a las partes. El problema creo que UDEF y UCO muchas veces trabajan sin la debida cobertura jurídica por el juez, porque se han creado 'supercuerpos' y vuelan por sí solos y son carne de lo bueno y de lo malo”, asegura Wilfredo Jurado, abogado del Partido Socialista de Madrid y que es acusación en el caso Gürtel, los espías de la CAM y el ático de Ignacio González.

Este informe tendría mayor relevancia, aseguran las fuentes consultadas, “porque se ha tenido conocimiento de una reunión entre Ignacio González y los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo en el que este les pedía que paren la investigación sobre su ático y que, además, la UDEF finalmente no llegó a hacer en ese momento ningún informe relacionado con esa investigación”.

“La existencia de este informe que desconocemos las partes podría poner de relieve que la Policía de la mano de agencias privadas de espionaje saltándose la legalidad y vulnerando el derecho a la intimidad han investigado a su arbitrio y jueces claramente bajo la sospecha de parcialidad, como el caso Espejel y a Enrique López. Entre jueces y el ministerio del Interior no vamos a avanzar si no se depuran responsabilidades. El procedimiento de los papeles de Bárcenas fue cerrado en falso y se debió investigar en profundidad tal cual alegamos”, asegura Isabel Elbal del Observatori Desc.

En el caso Pujol, según recoge el informe del grupo de investigadores de Asuntos Internos que dirigía el comisario Marcelino Martín Blas –ahora destituido por el caso del Pequeño Nicolás y sus investigaciones sobre el comisario José Villarejo-, se apunta a una estrecha relación entre Método 3 de Francisco Marco, un medio de comunicación y diferentes comisarios de la Policía Nacional, entre ellos José Luis Olivera y José Villarejo.

Público se ha puesto en contacto con Paco Marco que asegura que “es absurdo que a mí me vinculen a una connivencia con la Policía para espiar políticos ni para nada, porque está claro lo que la Policía hizo con mi agencia de detectives. Bien no nos llevamos”.

Lo que sí existiría sería una estrecha relación entre policías y las agencias de detectives, empleadas en muchos casos como puertas giratorias. Uno de los agentes citados en el informe, según fuentes de la fiscalía, sería Antonio Jiménez Raso. Tras salir de la Policía se relacionó con la agencia Método 3 porque, según confirma a Público Francisco Marco, Antonio Jiménez tuvo una empresa de auditoria de seguridad con uno de los socios de Método 3, hace unos 6 años”. La relación duró un año, pero ahora este ex policía forma parte del consejo de administración de otra empresa de asesoría relacionada con el comisario José Villarejo.

Según el registro mercantil, él y su hermano ex policía Carlos Giménez Raso aparecen como apoderados junto al abogado del comisario, Rafael Redondo, en el consejo de Cenyt Argo. Nacida en 2011, esta empresa se encarga de la "intermediación en el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y particulares".

Esta misma agencia también habría colaborado y relacionado extraoficialmente con la Policía en otras investigaciones, como los seguimientos en Colombia al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Según fuentes policiales, “se sospecha que Método 3 y la agencia detectives Mira pudieron ser los que hicieron ese trabajo y aportar documentación sobre el ático de Ignacio González que después aparecería en informes de la UDEF”. Otras fuentes policiales explican que “en un coche en Madrid se encontró una documentación que relacionaba a detectives Mira y Método 3 con esos seguimientos y fue aportada al juzgado número 47 que instruía el caso de González”.

Según las diferentes partes personadas en el caso de los espías de la Comunidad de Madrid, que se terminará de instruir este mes para dar paso a su juicio oral, “este informe que se guarda en la fiscalía sería muy relevante que fuera aportado antes de que acabe la instrucción. Hay un grupo de guardias civiles procesados y dos políticos del PP a quienes se vulneró sus derechos al espiárseles y ese informe podría aportar mucha luz a las relaciones entre políticos, policías y agencias de detectives”.

De hecho, en el mes de julio, el abogado de los guardias civiles imputados en el caso de los espías pidió la declaración de Esperanza Aguirre, Ignacio González y también la del ex jefe de la UDEF, José Luis Olivera, y del comisario Jaime Barrado, ahora suspendido por la Policía tras investigar a su homólogo José Villarejo, quien sería una de las piezas clave en el informe que lleva un año depositado en la Fiscalía Anticorrupción.