"La industria franquista hacía dinero con los desastres ambientales”

ZARAGOZA .- “La industria franquista hacía dinero con los desastres ambientales”, sostiene Pablo Corral Broto, profesor en la universidad francesa de Saboya-Montblanc y doctor en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París con una tesis en la que ha documentado los conflictos sociales por motivos ambientales durante el franquismo, una de las facetas menos estudiadas de esa época.

Corral, que acaba de publicar Protesta y ciudadanía. Los conflictos ambientales durante el franquismo en Zaragoza. 1939-1979 (Rolde de Estudios Aragoneses), recuerda cómo en los años del desarrollismo algunas empresas del INI (Instituto Nacional de Industria) se encontraban entre las más contaminantes del país, caso de la asturiana Ensidesa o los Altos Hornos de Erandio. “El zorro siempre vigilaba a las gallinas en temas ambientales”, dice.

“El franquismo tuvo una gran actividad industrializadora que provocó conflictos” en distintas zonas de España por la instalación de plantas de celulosa, factorías químicas y centrales eléctricas, además de por la construcción de embalses. “Pensaban que la gente aceptaría las industrias si había trabajo”, señala. Pero no fue así.

Corral destaca doce áreas de conflicto ambiental entre 1950 y 1975. La mayoría de ellas se concentran en el tercio norte de la península, con la excepción de la fábrica de enriquecimiento de uranio de Jaén y el polo químico de Huelva, en el sur; y los Altos Hornos de Sagunto, en el levante. Todas esas instalaciones generaron protestas vecinales, como ocurrió en Erandio y la Ría de Bilbao con los Altos Hornos, en Barcelona y Tarragona contra las industrias químicas y en Zaragoza con La Industrial Química, instalada en las afueras en 1898 y que acabó engullida por lo que hoy es el barrio de La Almozara.

Esta fue la primera industria que el franquismo ordenó trasladar. Eran los años 70, cuando ya se estaba extendiendo la conciencia ambiental. “Una industria que trabajaba con ácido sulfúrico no podía estar dentro de la ciudad”, señala Corral, que explica cómo, sin embargo, el Ministerio de Industria boicoteó la orden de traslado del Gobierno Civil de la época. El desmantelamiento tuvo que esperar a que la democracia comenzara a asentarse: no se produjo hasta 1980.

Los efectos contaminantes que las fábricas textiles y las empresas de tratamiento de cuero de Vic tuvieron en los ríos Méder y Ter soliviantaron a los vecinos de las poblaciones situadas aguas abajo, mientras los agricultores protestaban contra las consecuencias de las industrias de celulosa en el Orial y el Urumea, en Navarra y Guipúzcoa; de las factorías de aluminio y químicas de Sabiñánigo en el Gállego, en Huesca y Zaragoza, y de las químicas de Monzón en el Cinca, también en Huesca.

El sector primario, en este caso los mariscadores, también protestó contra la instalación de fábricas de celulosa en las Rías Baixas y en As Encrobas, en Galicia, mientras los agricultores mostraron su oposición por los efectos en el medio ambiente de las actividades mineras y suderúrgicas en zonas de Asturias como Avilés y Mieres.

Las protestas ambientales, no obstante, habían comenzado antes. Lo hicieron con la incipiente industrialización al final de los años 40. “Los conflictos se centraban entonces en las concesiones de agua, más que en su calidad –explica Corral-. Eran lideradas por terratenientes y secundadas por pequeños propietarios que se disputaban ese recurso con las industrias y que veían mermados los que hasta entonces habían tenido. En la década de los 50 ya hubo claramente una división entre los partidarios de industrializar sin matices y los de limitarla. En los 60 el debate se amplió con las nucleares y los movimientos vecinales”.

Corral considera “muy interesante” la documentación de esas protestas, “porque demuestra que la gente ya tenía conciencia de lo que era contaminar”. “Las protestas empezaron a desmontar la imagen de que el campo era sumiso y obediente”, anota. “Era una contaminación que se percibía, aunque no se tenían en cuenta los efectos a largo plazo”, añade.

Las enfermedades en el ganado, las mortandades de peces y los daños en los vegetales por la calidad del aire llevaban a los agricultores a denunciar esas situaciones ante los ayuntamientos y las hermandades de labradores, que, junto con los farmacéuticos locales, las tramitaban hacia arriba, dentro del régimen. Sin embargo, topaban con un escollo: los gobernadores eran al mismo tiempo responsables de los planes de industrialización y de la salud pública. De hecho, la Dirección General de Sanidad dependía del Ministerio del Interior.

A esas actitudes sistemáticas se les sumaba la laxitud de la legislación. El franquismo suprimió en 1952 el nomenclátor del Reglamento de Actividades Clasificadas que la dictadura de Primo de Rivera había copiado en 1925 de un texto francés de 1808, lo que, en la práctica, abolía la exigencia de que las industrias no pudieran ubicarse a unas distancias mínimas de los ríos y los cascos urbanos.

Una década después, en 1961, y “después de numerosas quejas de ayuntamientos, sanitarios locales y organizaciones agrarias”, señala el investigador, fue aprobado el Raminp (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas). Sin embargo, su aplicación tampoco fue demasiado estricta. “En esa época se pone de manifiesto la negligencia con la instalación de industrias ubicadas en connivencia con los ayuntamientos y las elites locales, y también el celo excesivo para evitar alegaciones en los procesos de información pública”, apunta Corral, que resalta que “las empresas sin papeles eran una práctica habitual en el franquismo. Su regularización solía ser a posteriori, cuando llevaban años funcionando”.

Tras el Plan de Estabilización, desarrollado entre 1946 y 1959, que fue el periodo más activo en instalación de industrias, comenzaron a llegar las multinacionales, muchas de las cuales, anota, “traían técnicas que no podían aplicar en sus países por contaminantes y se mostraban reacias a utilizar tecnología ambiental, que ya existía, alegando que dejarían de ser competitivas”.

Las protestas, que seguían en el campo –“en los años 50 eran cotidianas también en Barcelona y Andalucía, por los polos industriales y la planta de enriquecimiento de uranio en Huelva”, anota-, comenzaron entonces a extenderse por las ciudades, tanto en su versión legal como en la clandestina, por la combinación de dos factores: “Los urbanitas comienzan a preocuparse por la calidad ambiental y por los efectos de algunas industrias como las centrales nucleares” y, por otro lado, “la emigración rural encontraba en la ciudad un ambiente hostil”, señala Corral, que destaca que “la exposición a las industrias es lo que hizo mover a los barrios obreros”.

“Fue el movimiento vecinal de los barrios obreros el que reclamó al movimiento obrero que integrara la lucha ambiental y la reclamación de servicios públicos, zonas verdes y otras mejoras urbanas”, señala el historiador. Sin embargo, el obrerismo no terminó de asumir esas tesis, lo que provocó la escisión del ecologismo.

Una de las causas era el dilema que habitualmente esgrimían los empresarios y las autoridades franquistas ante los conflictos ambientales: “El franquismo manejaba muy bien la amenaza de la pérdida de empleo para dividir”, indica Corral, para quien la disyuntiva entre puestos de trabajo y conservación de medio ambiente “es un dilema absurdo: ambas son cuestiones de supervivencia, hay que cuidar los dos”. Pasados los años, no obstante, “se socializa la protesta ambiental y entra el movimiento obrero”, recuerda.

No obstante, hay ejemplos de zonas en la que la dicotomía se mantuvo. “Sabiñánigo, en el pirineo oscense, es la prueba de que no había protestas donde trabajaba la gente”, explica, mientras a finales de los años 50 las diputaciones de Huesca y de Zaragoza se habían visto obligadas, por la presión de los ayuntamientos y los vecinos de pueblos situados aguas abajo, a crear una comisión interprovincial para tratar los problemas de calidad de agua en el río Gállego, al que vertían sus residuos las empresas químicas y del metal de la primera localidad.

La situación, no obstante, cambió con los años: en los 80, Sabiñánigo pasó a ser uno de los bastiones del ecologismo ante la amenaza del lindado de Inquinosa, cuyo legado de más de 100.000 toneladas de residuos altamente tóxicos enterrados en el Pirineo la UE no sabe cómo enfrentar.

No obstante, las protestas ambientales se mantuvieron en muchas zonas. En algunas, con reultados sangrientos. La más trágica se produjo el 28 y el 290 de octubre de 1969 en Erandio, en la que dos obreros murieron por disparos de la Policía Armada y varias decenas resultaron heridos en los enfrentamientos.

Los vecinos se habían echado a la calle hartos de soportar los efectos contaminantes de factorías como Altos Hornos, Down Chemical, Olarra o Remetal, y del aumento de los problemas respiratorios en la zona. La protesta, con cortes de la vía de tren y barricadas y a la en la segunda jornada se sumaron numerosos obreros que dejaron sus puestos de trabajo, derivó en un sangriento enfrentamiento en el que también resultaron heridos cuatro agentes. Una década después, ya en la transición, el Gobierno central señaló el cinturón de Bilbao como área contaminada, catalogación que se mantuvo hasta mediados de los años 90.

“Las mujeres tuvieron mucha importancia en las protestas”, explica Corral. Su presencia al frente de las manifestaciones no evitó las cargas policiales, como ocurrió, al menos en dos ocasiones, en Mequinenza, un pueblo zaragozano a orillas del Ebro que fue trasladado a una nueva ubicación tras la inundación del núcleo original por el llenado del embalsen de Ribarroja en 1969. El embalse provocó la emigración y el desplazamiento de más de 3.500 personas.

Mequinenza, una zona de tradición minera y navegación fluvial con fuerte implantación del PCE en aquellos años, vivió dos manifestaciones históricas. En 1964, cinco años antes de la inundación que engulliría el pueblo y el vecino Fayón -1.600 habitantes-, la Guardia Civil obligó a recortar de la pancarta las palabras “y siete en guerra contra Enher” –la empresa del INI que promovía el pantano- que completaban la frase “25 años de paz…”. Tres años después, en 1967, una protesta contra la colindante presa que lleva el nombre de la localidad, promovida por el temor a su rotura tras el desastre de Vajont en Italia, terminaba con una carga policial.

Poco después, el ecologismo comenzó a institucionalizarse. Desde la Administración franquista, con iniciativas como la creación del Icona, la aprobación en 1972 de la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1972 –la versión local de la norma estadounidense incluyó la audiencia a las principales empresas pero no a los agentes sociales-, la puesta en marcha de la Comisión Interministerial de Medio Ambiente y la constitución, a través del Instituto de Estudios Fiscales y con la participación de industrias e institutos del régimen, de Aselca, la Asociación Española de Lucha Contra la Contaminación Ambiental.

Para entonces, en pleno tardofranquismo, ya operaba la primera organización ecologista no institucional. Aeorma (Asociación Española de Ordenación del Medio Ambiente) fue constituida en 1971 con la participación de personalidades como Ramón Tamames, José Vidal Beneyto y Mario Gaviria. Esta entidad promovió, en julio de 1974, el Manifiesto de Benidorm, un rompedor documento –para la época- que denunciaba “el caos del medio ambiente español” y se ofrecía como cauce para los ciudadanos con “deseos, sentimientos e intereses agredidos” por la degradación del medio.

El texto ya denunciaba, hace más de 40 años, “la degradación urbana general” en zonas como Barcelona y Bilbao, el “grado de contaminación” de Avilés y Madrid, “la privatización del suelo público” o la “agravación de los desequilibrios regionales mediante trasvases improcedentes como el del Ebro”. “Fue la primera asociación en la que participaban científicos sociales y no solo técnicos”, explica Corral, que “se dan cuenta de que el medio ambiente es un asunto social y político, de que los vatios tienen que ver con la justicia social y de que las injusticias ambientales las pagaban los más débiles”.

“La percepción de la contaminación siempre ha existido, aunque no siempre se le ha llamado así ni se ha regulado”, anota el investigador, que destaca que esa problemática “no la señalaron los expertos, sino que vino de abajo”.