Que el proceso soberanista ha provocado una judicialización de la política catalana es una realidad que se puede observar en la infinidad de casos judiciales que implican a un altísimo número de políticos independentistas -- desde expresidents de la Generalitat, como Artur Mas, Quim Torra o Carles Puigdemont, hasta los ya expresos del procés, con el exvicepresident del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, a la cabeza--. Muchos otros altos cargos continúan pendientes de juicio tanto en Catalunya como en otros organismos jurisdiccionales del Estado.

Pero más allá del fondo de los procesos judiciales y la acusaciones que se les imputa, existe la percepción en el mundo independentista de que desde la alta magistratura del Poder Judicial se ha optado por buscar la injerencia con los poderes ejecutivo o el legislativo. Y lo sustentan con causas como la inhabilitación del expresident de la Generalitat, Quim Torra, en plenas funciones del cargo, o el juicio a la mesa del Parlament de la anterior legislatura, por permitir debates sobre la autodeterminación o sobre la monarquía. 

Pero no solo las causas judiciales en sí mismas provocan desazón en la amplia parte de la sociedad catalana partidaria de la independencia. También la utilización de los tiempos procesales con una supuesta vocación de interferencia política. O por lo menos así se perciben determinadas decisiones judiciales que de forma constante impactan en la política catalana y por derivada, en la estatal. Lo explicita una fuente de la dirección de Esquerra Republicana próxima al presidente del partido, Oriol Junqueras: "En demasiadas ocasiones las decisiones judiciales se toman en momentos delicados que han supuesto una clara interferencia en los procesos políticos". 

Una percepción que es compartida también desde las filas de Junts. "Los jueces no pueden decidir quién es el president de la Generalitat ni sobre qué se debate en un Parlamento. Es una interferencia que rompe claramente la separación de poderes", aseguran estas fuentes. Y añaden que además "hay una cierta voluntad de dinamitar en ocasiones pasos políticos que se van dando de acercamiento entre el independentismo y partidos estatales como el PSOE y Unidas Podemos de cara a formalizar determinadas mayorías políticas en el Estado como la que se forjó en la investidura de Pedro Sánchez o para avanzar en la resolución democrática del conflicto, como puede ser la mesa de diálogo". 

La cúpula de los republicanos y de Junts critican, de este modo, el exceso de coincidencia de decisiones judiciales contra el independentismo en momentos políticos claves. Unas decisiones judiciales que la ley obliga a efectuar de forma que se evite cualquier interferencia en procesos políticos, por ejemplo postergándolas en periodos de campañas electorales si afectan a partidos políticos.​

Esta es la percepción del independentismo, aunque desde el Poder Judicial y las asociaciones de la magistratura se niega voluntad de interferencia política con las decisiones judiciales. Ahora bien, una mirada a la hemeroteca sobre los principales acontecimientos relacionados con el proceso soberanista catalán y su reflejo en la Justicia española aporta importantes claves sobre esas aparentes interferencias ejercidas desde la cúpula judicial y ciertas instituciones del Estado, con designación política en su composición, como el Tribunal de Cuentas, en el camino hacia el diálogo y la serenidad en relación a la cuestión catalana. 

Sin ir más lejos, la reciente decisión del juez Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, de procesar por terrorismo a trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) se produjo 24 horas antes de que se iniciara la mesa de diálogo en el Palau de la Generalitat entre los Gobiernos español y catalán. Lo que parece una oportuna coincidencia se ha repetido con frecuencia, casi siempre que ha trascendido algún intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez de normalizar las relaciones con el independentismo. 

En este sentido, resulta paradigmático que horas antes de que el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, se sentara en esa esperada mesa de diálogo fuera llamado a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la causa que le imputa un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por haber permitido en 2019, cuando era el presidente del Parlament, dos debates sobre la monarquía y la autodeterminación a sabiendas de que estaba contraviniendo una orden directa del Constitucional.

La supuesta pugna entre la posición del Gobierno español y la de la cúpula del Poder Judicial y de altas instituciones del Estado en lo que se refiere a la cuestión catalana tuvo su punto álgido recién comenzado 2020, cuando la Junta Electoral Central (JEC) sacudió el debate de investidura de Pedro Sánchez cuatro días antes de que éste comenzara, con la inhabilitación del entonces president Quim Torra y del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, los dos principales bastiones del independentismo en aquel momento.

La JEC, máxima autoridad electoral española, sacó adelante tanto la inhabilitación como diputado de Torra como la de eurodiputado de Junqueras por escaso margen, pero su decisión de estimar los recursos del PP puso en serios aprietos a Pedro Sánchez, que necesitaba la abstención de los 13 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para ser nombrado presidente del Gobierno. El enfado de los socialistas, en vísperas de la investidura, llevó a la portavoz Adriana Lastra a arremeter públicamente contra la Junta Electoral Central, declarando que ésta no tenía capacidad para aquellas inhabilitaciones pues no es un tribunal jurisdiccional. En efecto, no lo es, aunque está formada, entre otros vocales, por ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo por el CGPJ.

"Retomar la senda política"

Al final, Esquerra permitió la proclamación como presidente de Pedro Sánchez. Al comenzar el debate de investidura, el candidato socialista tuvo palabras para Catalunya; se comprometió a acabar con la "judicialización" del "conflicto político" catalán, abogando por la vía política. Pero se ha encontrado muchas trabas en el camino, siendo cuestionado continuamente desde el gobierno de los jueces. Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ, ha reiterado en varias ocasiones su oposición a los indultos a los presos del procés. Estos indultos han sido, de momento, el máximo exponente de la voluntad del Gobierno de Sánchez de retomar la vía política con el proceso soberanista.

El 22 de junio de 2021 el presidente del Gobierno anunciaba la concesión de los indultos para los nueve condenados por el procés a entre nueve y trece años de prisión. La tramitación de esos indultos se había iniciado a finales de septiembre de 2020. Unos largos meses que no estuvieron exentos de intentos de desestabilización. Por ejemplo, desde el Tribunal de Cuentas, que reclama millonarias fianzas a altos cargos del Govern por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.

Pulso del Tribunal de Cuentas

Los informes del Tribunal de Cuentas, que tiene una composición mayoritaria conservadora y cuyo mandato está caducado y pendiente de renovación en el Parlamento, apuntan a los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont y a sus antiguos colaboradores en los respectivos Governs de la Generalitat de haber invertido indebidamente altas sumas de dinero para fomentar la causa independentista en el exterior, pese a que no han sido condenados por malversación por ningún tribunal. Artur Mas y otros investigados ya han aportado 4,9 millones de euros en concepto de fianzas. Un mes antes de la concesión de la medida de gracia a los presos del procés, un juzgado de Barcelona abrió una causa penal ante la remisión de un informe del Tribunal de Cuentas en este sentido. Hay diez investigados, entre ellos, el exconseller Raül Romeva,uno de los presos del procés indultado.

El pulso desde el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del sector público en España, choca con la petición de los partidos independentistas catalanes de una "solución" que evite la ruina de las personas señaladas por el Tribunal de Cuentas, ante la petición del pago de 5,4 millones de euros en concepto de multas a una treintena de altos cargos del Govern. Una actuación que se considera muy lesiva para las familias de los políticos encausados, ya que en muchos casos se producirá el embargo de los domicilios particulares para hacer frente a las multas.

El Gobierno, por su parte, ha contestado que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda en la causa por la acción exterior de la Generalitat, pero el procedimiento continúa su curso, con la personación de la Fiscalía. 

Otras acciones de la Justicia

Otra curiosa casualidad judicial se interpuso en el camino de Bernat Solé, exalcalde de Agramunt (Lleida) por ERC y exconseller, que recibió del TSJC la inhabilitación para ser cargo público en plena campaña electoral del  14-F en Catalunya, lo que le impidió ser el candidato por Lleida de la lista republicana. 

El exconseller Jordi Turull, uno de los presos del procés, no pudo presentarse a la segunda votación para ser nombrado president de la Generalitat porque el juez Pablo Llarena, instructor del Tribunal Supremo de la causa del procés, ordenó su ingreso en prisión, el 23 de marzo de 2018, un día después de celebrarse la primera votación, que no superó Turull. Cabe recordar que Turull tenía garantizada la presidencia en esa segunda votación con la abstención de la CUP porque ya no se requería la mayoría absoluta.

La decisión, en diciembre de 2020, del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado a los presos del procés, concedido por la Generalitat, fue considerada una injerencia por la propia administración penitenciaria catalana. Los magistrados del Alto Tribunal trataban con esa medida de impedir un "trato privilegiado", una vez dictada su sentencia, dos meses antes -- el 14 de octubre de 2020-- contra los doce líderes independentistas por sedición y malversación. La sentencia recibió dos duros votos discrepantes en el Tribunal Constitucional, aunque resultó ratificada. 

Casualidad o no, el procés ha dejado un sinfín de momentos judiciales que han impactado directamente sobre la dinámica política, no solo de Catalunya sino en ocasiones del conjunto del Estado. Y que no escapan a la pugna política que bloquea la renovación de un caducado Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones del Estado.