Cuatro años han pasado ya desde que Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat de Catalunya, anunció que el referéndum por la independencia se celebraría el 1 de octubre de de 2017, con la pregunta: "¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república? Sí o No". Era el 9 de junio de 2017. Puigdemont, arropado por el  Govern en pleno, en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, daba el pistoletazo de salida para una aventura, la de la desobediencia al Estado español en aras del sueño de la independencia.

El camino, estos cuatro años, para aquellos que intentaron posibilitar una independencia unilateral ha sido muy espinoso: cárcel, exilio y duras condenas. Un precio personal altísimo. Ese camino está a punto de llegar a término, con la inminente concesión de los indultos para los nueve líderes independentistas condenados por sedición, a penas de entre 9 y 13 años de prisión: Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull. 

La Ley de Referéndum para posibilitar la consulta del 1-O se aprobó el 6 de septiembre de 2017 en una sesión muy tensa en el Parlament, en la que los grupos no independentistas abandonaron el pleno. Se sentaban las bases del referéndum vinculante sobre la independencia de Catalunya con respecto de España. Al día siguiente, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la ley, respondiendo así al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy. 

Operación Anubis: comienzan las detenciones 

El preámbulo del 1-O fue la operación Anubis, desarrollada el 20 de septiembre. Desde el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona se dio la orden a la Guardia Civil para registrar consellerías y sedes de la Generalitat para encontrar las papeletas que se iban a utilizar en el referéndum. Se hallaron varios millones de ellas en una imprenta. Catorce personas fueras detenidas, entre ellos, Josep María Jové, número dos del vicepresidente, Oriol Junqueras. 

1-O:  urnas a pesar de todo 

Fue un día muy largo. Desde las cinco y media de la madrugada comenzaron a formarse colas ante los colegios electorales, pero a las seis, los Mossos
d'Esquadra empezaron a dispersar a la gente madrugadora y a precintar los colegios. Las urnas llegaron a partir de las siete y media de la mañana. A las nueve, ya se habían producido altercados serios entre votantes y manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado que trataban por todos los medios de impedir el referéndum. Según datos oficiales de la Generalitat, 893 personas tuvieron que ser atendidas por las cargas policiales. Por su parte, el Ministerio del Interior informó de 431 agentes heridos. Sobre las diez de la noche, el president Puigdemont anunció: "Ha ganado el sí". 

La Generalitat informó de que 2.020.144 votos contenían el "sí" frente a 176.566 con el "no"; 45.586 fueron votos en blanco y 2.129 votos nulos. Se había promulgado el censo universal ante la inhabilitación por la Guardia Civil del programa informático para controlar el censo.

Dos días después, el 3 de octubre, se convocó una huelga general en Catalunya para protestar por el operativo policial, dirigido por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Ese mismo día, Felipe VI se dirigió a la ciudadanía acusando a los líderes independentistas de "deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado". Una semana después Puigdemont declaró la independencia de Catalunya, pero en el mismo acto la dejó en suspenso, con el fin de "emprender un diálogo para llegar a una solución acordada para avanzar en las demandas del pueblo de Catalunya".

El artículo 155 para Catalunya

Pero el engranaje, por ambas partes, ya era imparable. El Parlamento de Catalunya aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI) el 27 de octubre de 2017, horas antes de que en el Senado 214 votos frente a 74 pusieran en marcha el famoso artículo 155 de la Constitución Española para cesar al Ejecutivo catalán y que asumiera sus funciones el Gobierno central. Rajoy convocó elecciones en Catalunya para el 21 de diciembre. La intervención de la Generalitat fue un hecho histórico, que duró 218 días.

Los comicios los ganó Ciudadanos y su candidata, Inés Arrimadas, pero sin mayoría absoluta, que sí alcanzó el bloque independentista: Junts per Catalunya, ERC y la CUP. El nuevo Govern, con Quim Torra a la cabeza, tomó posesión el 2 de junio de 2018. 

Empieza la investigación judicial

Causa especial 20907/2017 fue la denominación del sumario abierto por el proceso independentista en Catalunya, que se instruyó en el Tribunal Supremo por parte del juez Pablo Llarena; una instrucción que duró hasta julio de 2018. Vox fue admitido como acusación popular. Los cargos contra 12 personas fueron por delitos de rebelión, malversación y desobediencia y con un horizonte de penas de hasta 50 años de prisión.

El Tribunal Supremo devolvió una parte de la causa al TSJ de Catalunya para los seis miembros de la Mesa del Parlament que habían votado la tramitación de la declaración unilateral de independencia. Y en la Audiencia Nacional se abrieron diligencias contra  la cúpula del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y su mano derecha, la intendente Teresa Laplana, serían posteriormente absueltos de todos los cargos. Por otro lado, la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, instruyó la querella por sedición de la Fiscalía por las manifestaciones y concentraciones, el 20 y 21 de septiembre de 2017, contra la operación Anubis. 

Puigdemont huye y los 'Jordis' y Junqueras entran en prisión

La jueza Lamela decretó prisión incondicional para los conocidos como los Jordis, los líderes sociales del independentismo: Jordi Cuixart, presidente de la entidad Òmnium Cultural, y Jordi Sànchez, presidente de la organización Asamblea Nacional Catalana, al considerarlos responsables de las concentraciones que habrían tratado de impedir los registros y detenciones de la operación Anubis.

También decretó, el 2 de noviembre, prisión sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete exconsellers. Ante la incomparecencia del expresident Carles Puigdemont, que se había marchado a Bélgica con cuatro miembros de su gobierno, Lamela emitió orden de detención europea, pero Bélgica no accedió a la entrega inmediata. 

De los doce imputados por el Supremo por el procés, cuatro de ellos pasaron las navidades de 2017 en prisión: Junqueras, los Jordis y Joaquim Forn, exconseller de Interior. El resto pudo salir con fianza. En marzo de 2018, Llarena envió a prisión de nuevo a Jordi Turull, exconseller de Presidencia; Carme Forcadell, expresidenta del Parlament; Raül Romeva, exconseller de Exteriores; Josep Rull (Territorio); y Dolors Bassa (Trabajo) por considerar que existía riesgo de fuga y de reiteración de los delitos de los que fueron acusados.

Arranca el juicio del 'procés'

El 12 de febrero de 2019 comenzó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, el juicio del procés, con la impactante imagen de los doce líderes independentistas sentados en el banquillo por la celebración del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Catalunya (DUI). Como testigos declararon, entre otros, el expresidente Mariano Rajoy, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, la alcaldesa Ada Colau y el lehendakari Iñigo Urkullu. En total, 52 sesiones.

'La suerte está echada'

El 14 de octubre de 2019 se conoció la sentencia por el procés, alabada por algunos sectores como la "sentencia de la democracia": penas de entre nueve y trece años para nueve de los doce líderes independentistas por sedición, malversación y desobediencia. Los exconsejeros Santi Vila, Maritxell Borràs y Carles Mundó fueron los únicos que no fueron condenados a penas de prisión; fueron condenados por desobediencia a una multa y a un año y ocho meses de inhabilitación, condena que quedó cumplida en junio de 2021, declarándose extinguida su responsabilidad criminal. 

Las reacciones a la sentencia del procés se tradujeron en fuertes movilizaciones en toda Catalunya, incluso con barricadas y el bloqueo de carreteras.

Nueve meses después llegó el tercer grado

En julio de 2020 la Generalitat de Catalunya concedió la semilibertad para los nueve presos del procés encarcelados, cuando habían pasado nueve meses tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo. Sólo tenían que acudir a prisión para pernoctar. La Fiscalía recurrió la medida tomada por el equipo del Servicio de Clasificación de la Consejería de Justicia. Cinco meses después, el Supremo revocó el tercer grado al  considerar que la semilibertad era una medida "prematura". Sin embargo, la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya avaló de nuevo, en enero de 2021, el tercer grado para los presos del procés. 

La libertad les duró poco: menos de dos meses. En marzo de 2021, el Juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya suspendió el tercer grado, siguiendo el criterio de la Fiscalía de considerar prematura la medida por no haber cumplido ninguno de los presos ni una tercera parte de la pena y por no haber "asumido sus actos como delictivos". 

Frontal oposición al indulto por parte del Supremo

Tras no encontrar amparo en el Tribunal Constitucional, que desestimó los recursos por siete votos contra dos, los nueve presos han comenzado a hacer llegar sus demandas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La urgencia para resolver el asunto, excepcional para el tribunal de Estrasburgo en sus más de 50 años de historia, quedaría suspendida si se concede el indulto a los condenados, algo que parece inminente. Con ellos ya en libertad, el TEDH podría tardar en resolver unos cuatro años, el tiempo habitual. 

El tribunal sentenciador del procés, la Sala de lo Penal del Supremo, redactó un contundente informe contrario a la concesión de los indultos, que aunque no es vinculante para el Gobierno, sí que podría condicionar que la medida de gracia no fuera todo lo generosa que cabría esperar. La prerrogativa del Ejecutivo para conceder indultos se está viendo cuestionada, en una hostil campaña política abanderada por el PP. Sin embargo, en los últimos días esta campaña y su máximo artífice, Pablo Casado, han sufrido un grave revés con el apoyo al Gobierno por parte de la patronal, que ve con buenos ojos la medida para estabilizar el ambiente político en Catalunya.

Superada la vía judicial, la política entra en juego para intentar remediar una extraordinaria situación que daña las relaciones entre Catalunya y España. Quizá después del perdón llegue el diálogo que nunca debió faltar.