La Ley de Vivienda fue la última medida legislativa de alcance que se aprobó en las Cortes españolas la legislatura pasada, antes de las elecciones del 23J. El Gobierno español sacó adelante la ley sumando a los partidos del Ejecutivo, PSOE y UP, la mayoría de la investidura con Esquerra Republicana y EH Bildu en el centro. Ahora, solo 3 meses después, la "Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda" se convertirá en el Parlament en el primer bache en la relación entre Junts y ERC y los partidos que buscan reeditar el Gobierno de coalición progresista, PSOE y Sumar. Y es que los independentistas tienen previsto enviar la Ley al Constitucional mediante la aprobación en el Pleno, que se celebrará este viernes en la cámara catalana prácticamente con este único objetivo.

El Parlament dedicará este viernes, a partir de la 9.30 horas de la mañana, el primer Pleno del nuevo período de sesiones, el sexto de la actual legislatura, al debate y votación de las propuestas presentadas por los grupos de JxCat y ERC en las que solicitan que el Parlament interponga un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de esa "Ley del Estado 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda".

Habrá que estar atentos a las intervenciones, consideraciones y posibles reproches que se produzcan entre Junts y ERC, impulsores del recurso de inconstitucionalidad, y el PSC y En Comú Podem –marca catalana de Sumar–, aunque estos últimos aún no han publicitado su posición sobre el recurso al Constitucional pero son fervientes defensores de la Ley de la Vivienda.

Un recurso que llega en plena negociación

El recurso de inconstitucionalidad es una iniciativa parlamentaria que tiene su origen con anterioridad a la celebración de las elecciones del 23J. Pero a nadie se le escapa que llega en una coyuntura muy diferente en la que Junts y ERC están en plenas negociaciones con el PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. Y en que, además, ahora Junts –y no solo ERC– es imprescindible en la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Con todo, tanto desde las filas independentistas como en las de los partidos que forman parte del Gobierno español consideran que "a pesar de la discrepancia en este tema no debe afectar al fondo de la negociación para la investidura".

Aunque fuentes socialistas apuntan que cualquier piedra en el camino es inconveniente teniendo en cuenta la dificultad y complejidad de la negociación que se afronta.El recurso de inconstitucionalidad ya fue anunciado por Junts inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Vivienda ya que los de Carles Puigdemont justificaron su voto contrario –también el PNV la rechazó- por la invasión competencial que aseguran incluye respecto a la Generalitat, entre otras cosas. Junts no tendría mayoría en el Parlament dado que los partidos catalanes que aprobaron la ley en el Congreso, Socialistas, En Comú Podem y ERC tienen mayoría en la cámara catalana. Pero ERC ha decidido sumarse a la petición del recurso de inconstitucionalidad alegando que puede ser mejorada en los aspectos competenciales pero con la intención de "mantener la esencia de la norma" que continúan defendiendo.

Aprobación prácticamente asegurada

Los votos de ERC y Junts, junto a los de la CUP que también votó en contra en el Congreso por considerar la normativa española insuficiente y un "colador para seguir atropellando derechos", comportarían una mayoría absoluta que garantiza prácticamente seguro que se presentará el recurso de inconstitucionalidad. Aunque los anticapitalistas no han concretado aún su posición, lo mismo que En Comú Podem. El voto de los 33 diputados del PSC en contra del recurso es seguro y se sumaran los del PP y Vox que ya votaron en contra de la ley en el Congreso y no consideran que haya invasión competencial. Ciudadanos también se muestra dubitativo al respecto.

El procedimiento para poder recurrir la "Ley del Estado para el derecho a la vivienda" ante el Tribunal Constitucional lo inició JxCat, a principios de julio, al solicitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el dictamen preceptivo sobre la adecuación en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de una veintena de disposiciones de la ley.

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

El 4 de agosto, el CGE dictaminó que "varios artículos y disposiciones de la ley por el derecho a la vivienda vulneran la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismos que fija el Estatut d'Autonomia de Catalunya, así como los principios de autonomía financiera y de gasto de la Generalitat". El dictamen tuvo un voto particular presentado por dos miembros del consejo.

Según fuentes jurídicas del Parlament, a raíz de este dictamen, "JxCat y ERC ha solicitado la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2 (sobre finalidades de las políticas públicas de vivienda), 15 (sobre el derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial y urbanística), 16 ( sobre la vivienda protegida), 17 (sobre la vivienda asequible incentivada), 18 (sobre la declaración de zonas de mercado residencial tensionado), 27, 28, 29 (los tres artículos son sobre los parques públicos de vivienda), la disposición transitoria primera (sobre las viviendas calificadas con algún régimen de protección pública antes de la aprobación de la ley) y la disposición final séptima (sobre títulos competenciales)".

La posición de Junts, rotundamente contraria a la Ley

Junts tiene una posición totalmente contraria a la nueva legislación habitacional y no solo por la supuesta invasión competencial, aunque esta es la que justifica el recurso al Constitucional: "Esta ley no soluciona los grandes problemas de la vivienda. Además, se ha incrementado la inseguridad jurídica sobre todo en los pequeños propietarios, que en Catalunya representan el 85%", señala la jefa de filas del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, que también critica la falta de consenso con el sector.

Nogueras recuerda que en Catalunya ya se aprobó una ley catalana para abordar la problemática de la vivienda, que fue tumbada por el Tribunal Constitucional: "La ley Catalana sirvió para poder, entre otras muchas cosas, determinar qué medidas eran mejorables, cuáles descartables y cuáles nos faltaban". Para Nogueras, "en cada ley aprobada en Madrid, Catalunya pierde competencias y recursos" y critica el voto favorable de ERC en su día a quien acusa, junto al Govern, de haber "abandonado la defensa de los intereses de los ciudadanos de Catalunya" haciendo "seguidismo del Gobierno y el tripartito español".

ERC sale en defensa de la Generalitat pero sin devaluar la ley

Por su parte Esquerra justifican el recurso al Constitucional a pesar de haber votado a favor de la Ley de Vivienda. Los republicanos aseguran que la labor de Esquerra Republicana en el Congreso "permitió avances sociales fundamentales en materia de vivienda". De este modo, aseguran fuentes de la dirección, los republicanos consiguieron, entre otros, "poner topes a los precios del alquiler o poner freno a la especulación y los abusos que afecta a la ciudadanía". Unos avances que, recuerdan los republicanos, "ya existían en Catalunya con la ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de vivienda y que sirvieron para ser pioneros en la contención de rentas" pero que fue enmendada por el Constitucional a instancias del Gobierno español.

ERC esgrime también el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que detalla que en algunos artículos "la ley afecta al autogobierno de Catalunya en aspectos como urbanismo o autonomía financiera y de gasto". Y justifica el recurso al Constitucional "con el objetivo de proteger las competencias de la Generalitat y, a su vez, mantener la esencia de la Ley de la vivienda, que significa avances muy relevantes en materia habitacional, y que es necesario que se puedan desplegar".