La representación legal de Iberdrola ha presentado un escrito en el marco de la pieza 17 del caso Tándem en el que pide la nulidad de la resolución por la que el juez acordó la imputación del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán. Es más, extiende la nulidad a todas las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar desde el pasado 27 de mayo y hasta el 25 de junio.

En un escrito de diez páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la eléctrica recuerda que el pasado 25 de junio tuvo conocimiento por la prensa de que el juez, Manuel García-Castellón, preguntaba a la Fiscalía para que se pronunciara sobre si Iberdrola debía estar personada como acusación, habida cuenta de que se han acumulado en esta pieza las diligencias que se abrieron en un juzgado de Bilbao a raíz de una querella de la compañía contra uno de los investigados, el exdirectivo José Antonio del Olmo.

Los letrados de la eléctrica muestran su sorpresa porque, habiendo transcurrido prácticamente un año desde la referida inhibición, aun desconozcan cuál ha sido el devenir de esa querella o si se han practicado diligencias de investigación tendentes a esclarecer los hechos objeto de la misma.

Indican además que después de un mes desde que pidieran conocer la resolución por la que se acumulaban las diligencias de Bilbao y que se les diese acceso a las actuaciones, siguen sin recibir una respuesta judicial a sus reiteradas peticiones.

"Y lo que es más grave, el Ilustre Juzgado al que nos dirigimos sigue sin notificarnos ninguna de las resoluciones judiciales que desde ese momento se están dictando en el procedimiento, y ello, a pesar de su directa vinculación con las peticiones formuladas por esta parte, como ocurre con el Auto de 25 de junio de 2021", lamentan.

Por eso, interesan la nulidad del auto de 25 de junio y de todas aquellas resoluciones judiciales "que se hayan podido dictar desde el pasado 27 de mayo de 2021", lo que incluiría la que se adoptó el 23 de junio y que conllevó la imputación de Galán por un delito continuado de cohecho activo, un delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, derivados de la contratación del comisario José Manuel Villarejo.

Iberdrola fundamenta esta petición en que la negativa a darles acceso a las actuaciones les impide conocer qué otras resoluciones, por forma o contenido, podrían ser susceptibles de ser calificadas como nulas o cuáles deberían ser los efectos de esa nulidad, por lo que avanzan que no descartan solicitar más nulidades cuando se les dé acceso a la totalidad de las actuaciones.

Ostracismo procesal

Tras esto, extraen que su mandante, la compañía, se encuentra en una situación de "ostracismo procesal" y culpa directamente de ello al magistrado instructor. "Consecuencia directa del proceder de su ilustrísima señoría", apunta.

Para argumentar esa nulidad, indica que en el presente caso "concurren de forma plena los elementos necesarios para la nulidad de los actos procesales denunciados" y advierte que no cabe la subsanación de los defectos por lo que las actuaciones deben retrotraerse al momento procesal oportuno. "La razón es palmaria: no estamos ante un mero defecto procesal, sino ante una auténtica privación del derecho defensa generador de indefensión", subraya.

Indica además la representación de Iberdrola que desde que se interpuso la querella contra Del Olmo en Bilbao en 2020, se le reconocieron una serie de derechos procesales derivados de dicha circunstancia. Pero, lamentan, desde que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional su mandante "ha sido despojada de forma injustificada de esos derechos procesales legal y constitucionalmente reconocidos", causándole indefensión.