"Esto no es una trama del PP como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta" decía el expresidente Mariano Rajoy —entonces líder de la oposición— en febrero de 2009, cuando salieron a la luz los primeros casos de la trama Gürtel. Rajoy se rodeó de la plana mayor de la formación para vender la Gürtel como un caso auspiciado por jueces a servicio del PSOE y no dudó en tildar de "cacería" las investigaciones, aludiendo a una "maniobra orquestrada" en vísperas de las elecciones gallegas y vascas para minar a los 'populares'.

Este jueves el actual líder de los 'populares', Pablo Casado, criticaba al recién nombrado vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por sus "ataques" a la Justicia y le ha recordado que "ya no es tertuliano" sino que forma parte del Gobierno de España. Dicho esto, ha subrayado que "lo más grave" es que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le "avaló" después, en alusión al comunicado que difundió Moncloa respaldando a Iglesias. El líder de Unidas Podemos aseguró recientemente que las resoluciones de los tribunales europeos han dejado "en mal lugar" a la Justicia española, lo que supone una "humillación para el Estado".

Casado ha manifestado que existe una "honda preocupación dentro de la carrera judicial y en toda la sociedad española por la instrumentalización institucional que está haciendo este Gobierno desde hace meses" y ha criticado la "formas amenazantes de Gobierno". En la misma línea se expresó la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, después de que Sánchez nombrara a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. A su juicio, "el control y sometimiento del poder Judicial por parte del Gobierno ha llegado al paroxismo con el nombramiento de Dolores Delgado". La portavoz 'popular' defiende que este nombramiento tiene como objetivo "someter al Poder Judicial a sus pactos de Gobierno con los separatistas e incluso golpistas que sostienen a este Gobierno". 

Sin embargo, en el PP las críticas hacia los jueces que investigaban las causas de corrupción en las que se les señalaba —como al magistrado José Ricardo de Prada— eran más que habituales. De Prada llegó, incluso, a denunciar públicamente las presiones recibidas: "Mientras investigaba la Gürtel he sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros casi treinta restantes que llevo trabajando como juez en la Audiencia Nacional", aseguró en una entrevista en el diario El País.  "Hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted —le espetó el parlamentario popular Carlos Rojas al magistrado durante una comisión parlamentaria— "es bueno para la Justicia que deje de hacer lo que estaba haciendo, que por unos años dejará usted de poner sentencias".

Es más, el PP pidió en el Congreso —solo unos días antes de la elección de Pablo Casado como líder del partido— que el Consejo General del Poder Judicial vigilase a dos jueces que llevaban sus casos Gürtel y Bárcenas al considerar que sus actuaciones "aumentan la percepción de politización de la Justicia". Los 'populares' expresaban la "creciente preocupación" por las intervenciones como "tertulianos políticos" de jueces y magistrados en activo en relación con procedimientos en fase de instrucción o juicio oral, o de la "revisión mediática" de aquellos que habían  participado como instructores o juzgadores.

El Grupo Popular situó en el centro de la diana al instructor del sumario de los papeles de Bárcenas, José de la Mata, por su decisión de prorrogar la investigación de la caja B hasta 2020, "coincidiendo con la posible y más que probable convocatoria de elecciones generales", argumentaban en su escrito. "Creo que hubiera sido más deseable que se hubiera inhibido en este caso", dijo el exportavoz del PP, Rafael Hernando, en una entrevista en Catalunya radio, cuestionando la independencia del magistrado, exdirector general del Ministerio de Justicia.

Presiones y críticas a los fiscales generales del PP

Los fiscales generales son elegidos a propuesta del Gobierno de turno, por lo que las presiones y los favores tanto a PP como a PSOE se han sucedido desde la consolidación del bipartidismo. Ejemplo de ello fue Jesús Cardenal nombrado fiscal general en 1997 a petición de José María Aznar. En el informe preceptivo previo a su designación, el Consejo General del Poder Judicial ya expresaba su preocupación por las "manifestaciones" hechas por el candidato no acordes con la Constitución. En aquel informe, aprobado por unanimidad, el órgano de gobierno de los jueces tuvo en cuenta la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1994, en la que Cardenal criticó el "clima de pluralismo" existente en España de leyes que permiten el divorcio, el aborto, los anticonceptivos o "la distribución de pornografíay "la mediocridad ética de nuestra sociedad".

El exvicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, se posicionó a favor de que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, nombrado por Rajoy en enero de 2012, actuase por la consulta alternativa del 9 de noviembre en Catalunya: "Sería bueno que actuase en nuestra opinión porque es el garante de la legalidad", señaló, aunque acto seguido se apresuró a recalcar que el PP mantiene un "respeto absoluto a las decisiones que se puedan adoptar" desde el Ministerio Público. Finalmente Torres-Dulce acabó dimitiendo a finales de 2014 por desavenencias con el Gobierno. Como reveló entonces Libertad Digital tanto el Gobierno como Génova lo presionaron para que actuase conforme a sus intereses. Drigentes del PP nunca entendieron que la fiscalía forzara el ingreso en prisión de Luis Bárcenas, cuando la acusación popular pedía prisión eludible con fianza.

La sucesora de Torres-Dulce, Consuelo Madrigal, también dimitió por las presiones recibidas por el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, como explicó el diario El Mundo. El Gobierno rechazó mantenerla como fiscal general en diciemnbre de 2017 al comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos cambios en la cúpula del Ministerio Público.En esos encuentros, el ministro ya respaldó expresamente la opción de que Manuel Moix ocupara la jefatura de Anticorrupción, pero Madrigal insistía en que ese puesto lo ocupara Alejandro Luzón.

El fiscal Manuel Moix y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en una imagen de 2009. EFE

Quien finalmente nombró a Moix fue el fiscal Manuel Maza. Una decisión polémica ya que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, condenado a prisión por el 'Caso Lezo' ya quería que fuera él quien ocupara ese puesto: "Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo". Esta decisión —tanto la de Maza como la de Moix— fue muy criticada por el PSOE.