El 11 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) declaraba nulo el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL), uno de los proyectos estrella del Consell para proteger las zonas de costa que todavía quedan vírgenes, aprobado el mayo del 2018. Solo tres días después, el mismo tribunal admitía a trámite el recurso presentado por la plataforma SOS Hosteleria contra la orden de cierre de bares y restaurantes para prevenir la covid, aunque, finalmente, después de cuatro días de incertidumbre, acabaría para rechazar la posibilidad de seguir el caso de los tribunales vascos y no anularía el cierre.

Estos dos son solo los últimos ejemplos de los choques entre el Gobierno valenciano y el alto tribunal autonómico, pero la lista es mucho más larga. Es visible la fijación en la política lingüística, con la anulación de diferentes artículos de la Oficina de Derechos Lingüísticos, el Decreto que establecía un modelo educativo plurilingüe y el Decreto 61/2017, que regulaba los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales, incluida la polémica prohibición de dirigirse en valenciano a las administraciones catalana y balear, con el polémico argumento que el Estatut enseñara como oficial el valenciano en un territorio y el catalán en los otros dos.

Pero no solo. El TSJ –en una sentencia después corroborada por el Tribunal Supremo– obligó a la Consellería de Educación a renovar de forma automática y permanente los conciertos escolares, anuló la prohibición de poner máquinas tragaperras en los bares, el decreto para coordinar las actividades de turismo y deporte de las diputaciones, la fórmula de cálculo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y, incluso, la rebaja de tarifas de la ITV y obligó a mantener la adjudicación del vertedero de la Vega Baja, a pesar de la implicación del ganador en el caso Brugal. A estas sentencias hay que sumar las del Tribunal Constitucional, oponiéndose al decreto para garantizar la sanidad universal sin diferenciar la situación administrativa y a algunos artículos de la Ley de Función Social de la Vivienda. Estas últimas en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy, quien presentó los recursos.

Ante este listado, ¿es posible hablar de los tribunales como una segunda cámara que enmiendan y limitan las funciones de un parlamento y un gobierno escogido democráticamente? El debate no es sencillo, y diferentes juristas ofrecen su versión a Público. Ferran Puchades, Secretario Autonómico de Justicia durante la primera legislatura del Botànic, aclara primero que no cree "en ninguna conspiración judicial", pero sí que ha observado como los tribunales de contencioso–administrativo están "haciendo un control de la producción normativa de lo que votan los ciudadanos" y esto en una judicatura "muy conservadora". "Habría que examinar cómo y de dónde se reclutan los jueces, porque es un sistema que no ha cambiado en 100 años", alerta Puchades. Una ideología que, además, con los años ha ido virando hacia una mayor derechización. "Sentencias del Constitucional de los años 80 y 90 hoy serían imposibles –explica Puchades–, hay un refuerzo de las posiciones más conservadoras". "Quizás porque ahora ya no se sienten con la presión de alejarse del antiguo régimen", remacha Anna Oliver, abogada con más de 30 años de experiencia.

Tanto Oliver como Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de València, coinciden al destacar la ideologización de los jueces: "Tendrían que ser imparciales y centrarse en la norma, pero es obvio que son humanos y, como todo el mundo, tienen ideología", dice la abogada. "Obviamente las dinámicas sociales les afectan –apunta Boix–, negarlo es absurdo". Entre los posicionamientos en que más se ha notado este sesgo ideológico, ambos juristas destacan los que afectan la lengua y la educación. "En estos casos, la interpretación de la Constitución es claramente restrictiva, puesto que lo que dice el texto es mucho más amplio", asegura Boix, mientras Oliver señala que "a menudo se nota como ellos primero deciden el resultado y después buscan la forma de justificarlo, al leer las sentencias lo ves".

Desplazamiento del poder

"El Estado no es homogéneo, es un entramado muy grande con diferentes intereses, a menudo contrapuestos y atravesado por conflictos como la lucha de clases –explica Albert Noguera, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València–, por eso a menudo, cuando la izquierda accede al Poder Ejecutivo, la derecha desplaza el poder hacia otros espacios, que pueden ser los tribunales". Es el que en el mundo anglosajón han bautizado cómo lawfare, una expresión que ha salido a lo largo de estas entrevistas. Noguera recuerda que hay un largo debate en el mundo del derecho "sobre hasta qué punto es legítimo que personas no electas impongan su voluntad sobre normas aprobadas por gobiernos y parlamentos democráticos".

Los mecanismos para evitarlo son complicados –una vez todos los expertos consultados coinciden en la necesidad de un control judicial de los otros poderes–, pero Noguera cree que se pueden "pensar mecanismos que sean garantistas" y que vayan en una línea de "democratizar los tribunales". Boix, por su parte, cree que un primer paso es dejar claro que "las decisiones judiciales tienen que poder ser analizadas y criticadas". "Si el tribunal tumba un decreto como el PATIVEL porque considera que el Gobierno no lo ha fundamentado bastante bien, lo que me pare perfecto, no puede ser que la sentencia esté tan mal argumentada", añade el profesor de derecho administrativo.

Para evitar situaciones como estas, todos los juristas coinciden a decir que hay que ser muy rigurosos en todos los procedimientos para evitar las sentencias contrarias. "Hay que ponerselo difícil al enemigo", en palabras de Oliver. Puchades también recuerda que hay cambios que ya no dependen del poder autonómico, por lo que "hay que crear alianzas a escala estatal y forjar mayorías capaces de cambiar las leyes", como por ejemplo la nueva ley Celáa, que evitaría, en un futuro, sentencias como las de los conciertos.