Hacienda busca aplacar la rebelión de los alcaldes con un decreto menos polémico tras el batacazo parlamentario

La rebelión de los alcaldes se ha erigido en un frente que el Gobierno no podía siquiera imaginar hace escasos meses, cuando empezaron a trascender sus primeras dificultades para convencer a la FEMP de que aceptara su oferta inicial para desbloquear 5.000 millones del superávit de los ayuntamientos.

Varias tensiones y toda una derrota parlamentaria después, con el fracaso de un  decreto ley incluido, la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) se reúne este miércoles para evaluar el nuevo decreto redactado por el Ministerio de Hacienda. 

Hacienda sigue dejando fuera de la ecuación la creación de un fondo de transportes y los remenantes

Público ha accedido al último borrador del texto. En esencia, se centra en las medidas consideradas "más urgentes" y menos polémicas por parte del Ministerio que lidera María Jesús Montero. Esto es, deja fuera de la ecuación la cuestión de los remanentes y la creación de un fondo de transportes. 

Entre otras, la propuesta de Hacienda contempla suspender la regla de gasto para el año 2020; prorrogar para 2020 el posible destino del superávit de 2019, para financiar inversiones financieramente sostenibles, o permitir que concluyan en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019. 

A esto se une la posibilidad de usar el superávit de 2019 para financiar gasto de 2020 -siempre si se cierra el ejercicio en equilibrio presupuestario-; abrir la puerta a que los ayuntamientos con problemas financieros acudan al Fondo de Ordenación para pagar deudas con Hacienda o con la Seguridad Social; o que éstos cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acogiéndose a préstamos con entidades de crédito. 

El borrador establece un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales, que podrán disponer de ellos para atender gastos urgentes relacionados con el coronavirus

A su vez, el texto recoge las normas que deben regir el cálculo de la liquidación efectiva de tributos; abre la puerta a que las Diputaciones y otras entidades puedan formalizar préstamos con entidades locales con necesidades de liquidez, así como destinar su superávit de 2019 a transferencias para los municipios que así lo requieran; y establece un procedimeinto de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales, que podrán disponer de ellos para atender gastos extaordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.

El pasado lunes, Hacienda sorprendió anunciando una nueva propuesta que pasaba por enmendar buena parte de sus posiciones anteriores, algo que la ministra había descartado hacer. De su rechazo a presentar otro real decreto, Montero ha pasado a efectuar otra propuesta que, de nuevo, ya ha sido considerada insuficiente por parte de alcaldes de distintos colores políticos.

Este martes, una treintena de alcaldes presentaron sus reclamaciones: recogen la creación de un fondo de 5.000 millones -no vinculado a los remanentes-, y destinar 1.000 millones a transportes. A esto se suma su exigencia de que las corporaciones locales puedan gestionar directamente los recursos del Fondo de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo del pasado mes de julio. 

La propia portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, anunció durante la mañana las exigencias de estos alcaldes, entre los que se encuentra el conservador José Luís Martínez Almeida, primer edil de Madrid.

El PP trata de servirse de esta cuestión para tensar la relación entre el PSOE y Unidas Podemos

En los últimos meses, el PP ha concentrado parte de sus disparos contra el Gobiern de coalición en este frente, como vino a reconocer en el debate del decreto fallido su portavoz en esta materia, el vicesecretario de Territorial del PP y exalcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol. El Partido Popular ha visto que esta cuestión ha generado importantes tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos -reconocidas, además-, y planea seguir utilizándola. 

Y, paralelamente, otros alcaldes no encuadrados en este bloque también tienen previsto presentar sus propuestas en la reunión de este miércoles. Lo único claro hoy por hoy es que nadie está conforme con la cuantía ni con las medidas inicialmente planteadas, y desde el Grupo Municipalista -Izquierda Unida- Podemos- Comuns en la FEMP ya habían advertido a Montero -el lunes, a través de un comunicado- de que no volviera a anticiparse, y de que toca negociar con los alcaldes para garantizar que el nuevo decreto no siga la estela de su predecesor.

A partir de las 10.00 horas, los portavoces de la FEMP volverán a reunirse para abordar "los contenidos del Real Decreto-Ley con las medidas más urgentes para que las Entidades Locales aumenten sus recursos y el margen presupuestario". Vistas las reclamaciones de los alcaldes de distinto signo, aún quedan muchos flecos de la negociación por cerrar.

De hecho, no cunde precisamente el optimismo en el Ministerio de Hacienda, que no quiere fijar fecha de cuándo podrá llevar un acuerdo al Consejo de Ministros.