Ley RhodesLos grupos cerrarán la próxima semana un acuerdo sobre la ley de infancia que propone prohibir el Síndrome de Alienación Parental

La ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia está cada vez más cerca de debatirse en su respectiva comisión en el Congreso, paso previo a la votación del texto final en el Pleno. Los grupos cerrarán el próximo miércoles previsiblemente un acuerdo sobre la Ley Rhodes, bautizada así por el pianista James Rhodes -víctima de abusos sexuales cuando era niño-, en la que sería la última ponencia.

En este sentido, los portavoces de los diferentes partidos se han reunido desde el mes de enero hasta en seis ocasiones para revisar las más de 500 enmiendas registradas al texto y tratar de zanjar los flecos sueltos de la ley, que llegó al Congreso arrastrando muchas críticas por la falta de perspectiva de género y de enfoque de infancia, entre otras cuestiones.

En concreto, el próximo miércoles se votarán las decenas de enmiendas que los partidos han transaccionado a lo largo de estas reuniones, según afirman fuentes parlamentarias. Entre ellas se encuentra la prohibición del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una modificación introducida por los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y exigida por juristas y colectivos feministas. 

El SAP es un criterio que, pese a no tener aval científico y estar desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todavía sigue usándose en sentencias de custodia. De esta forma, ambos grupos negocian con otras fuerzas del arco parlamentario para incorporar un nuevo artículo 10 bis en el título I que refuerce el derecho de las víctimas a ser escuchadas.

"Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para evitar que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) puedan ser tomados en consideración", recoge el tercer y último punto de este artículo.

Y es que, tal como justifican estas formaciones en la enmienda, "resulta esencial prever una cautela explícita frente a la aplicación de criterios y teorías sin aval científico que actualmente se siguen aplicando y que, sustituyendo la investigación rigurosa y con todas las garantías, invalidan de partida el testimonio de la niña, niño o adolescente, especialmente en los casos de rechazo paterno, por presumir interferencia adulta".

Asimismo, recuerdan que las consecuencias de la aplicación de esta supuesta patología en sentencias de custodia resultan "muy preocupantes porque pueden contribuir a la impunidad de formas de violencia contra la infancia", en sintonía con lo establecido en el punto 129 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la recomendación del CGPJ, incluida en su Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección de integral contra la violencia de género.

Varias expertas del ámbito de la justicia y los derechos de los niños señalaron a este medio que la norma no acabará con el SAP, pues la enmienda no concreta cómo se va a llevar a cabo este criterio ni aborda este problema en todas sus dimensiones. Si bien, que una ley hable de la prohibición de esta pseudopatología podría suponer el caldo de cultivo para erradicarla.

Otra de las cuestiones que el Gobierno negocia para incluir en la ley que partió del Ministerio de Derechos Sociales es que los jueces puedan "suspender el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación" de los hijos cuando estos hayan presenciado, sufrido o convivido con una situación de maltrato por parte del padre y se haya dictado una orden de protección.

Además, el texto de la norma incluirá previsiblemente la prohibición, con carácter general, de la entrada y permanencia de menores de dieciocho años en plazas de toros, o recintos habilitados cuanto tengan lugar eventos taurinos, incluidas escuelas taurinas si estas utilizan animales en sus prácticas. Esta enmienda pretende "dar respuesta a la preocupación de las instituciones nacionales e internacionales de proteger los derechos de la infancia y adolescentes a vivir en un entorno libre de violencia", tal como plantea el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y el Convenio 182 de la OIT, entre otras organizaciones.

De esta forma, aunque los partidos pueden mantener vivas sus enmiendas hasta el debate y votación del dictamen de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en el Pleno, el informe de la ponencia tratará de adaptar en la mayor medida posible las diferentes modificaciones en la que los grupos han venido trabajando durante dos meses y medio para mejorar la ley.