El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel debido a la malversación en el mecanismo de financiación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, ha asistido este martes a las dependencias del Instituto de Medicina Legal. Lo ha hecho para remitir el informe, sobre si su cáncer repercute, o no, en el cumplimiento de su pena de prisión, a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. La defensa de Griñán había solicitado suspender su ingreso en la cárcel por su estado de salud.

Vista la documentación médica aportada por la defensa del expresidente, la Sección Primera de la Audiencia ordenó analizar la documentación a un forense del Instituto de Medicina Legal y realizar un reconocimiento a Griñán para emitir un informe "valorando si el ingreso en el centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito".

Tras recibir el informe, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla solicitará a la Fiscalía y al Partido Popular, personado como acusación popular, que se pronuncien sobre su contenido, antes de lanzar su decisión sobre la petición del expresidente andaluz de suspender su ingreso en prisión.

Al igual que Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román han sido condenados a diferentes penas por el mismo caso.