@patricialopezl

MADRID-. Guarda el secreto de la financiación del Partido Popular de Madrid, pero el tiempo en prisión parece que está haciendo mella en Francisco Granados. El miércoles volverá a sentarse a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso Púnica, y podría llevarse por delante a los dos máximos responsables del partido y de la Comunidad de Madrid antes de la llegada de Cristina Cifuentes, los expresidentes del PP madrileño Esperanza Aguirre e Ignacio González.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene atados el centenar de negocios que junto con su amigo el constructor David Marjaliza, entre otros, realizó valiéndose de su capacidad de mediar con las diferentes administraciones públicas madrileñas. Pero aún queda una pieza declarada secreta en tan inmenso sumario, la presunta financiación irregular del PP de Madrid, y es sobre ésa donde tanto la Fiscalía como los investigadores esperan que Granados arroje la máxima luz posible.  

Su declaración vendría a sumarse a la documentación incautada en el registro de la sede del partido que los conservadores madrileños tienen en la calle Génova y que consta en el sumario de la Operación Púnica, iniciada cuando en 2014 Suiza informó del dinero que allí tenía el exviceconsejero de Esperanza Aguirre y ex secretario general del PP de Madrid.

Empresarios comprometidos

Aunque Esperanza Aguirre niega tener cualquier conocimiento de lo que hacía su viceconsejero y persona de confianza, la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil no parece sustentar esa tesis. 

Entre los empresarios investigados y que podrían acabar imputados también en esta pieza sobre financiación ilegal está Arturo Fernández, ex presidente de los empresarios madrileños y amigo de pupitre de Esperanza Aguirre.

Otro de los nombres claves es Javier López Madrid, ex consejero delegado de OHL, que además de amigo de juergas en el yate con Granados y Marjaliza también causó serios enfrentamientos entre los responsables nacionales del PP y los madrileños. Por ejemplo, el propio Luis Bárcenas ha narrado una conversación subida de tono entre el entonces tesorero. Álvaro Lapuerta. y Mariano Rajoy, donde presuntamente éste le informaba de que el dinero de OHL no estaba llegando a la planta correcta de Génova. 

Este sería, según diferentes fuentes han narrado a Público, el motivo por el que se inició el espionaje en la comunidad de Madrid y que fue pagado con fondos públicos siendo Esperanza Aguirre presidenta y Granados e Ignacio González vicepresidentes.  Entre los espiados estaba el también consejero Alfredo Prada, vinculado siempre más a la dirección nacional del partido que a la de Madrid, y el propio Álvaro Lapuerta.

Fiscales e investigadores recuerdan también que con motivo de la Operación Gürtel los ex concejales de Majadahonda, Juan José Moreno y José Luis Peñas, ya informaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que la entonces presidenta de la Comunidad conocía los chanchullos que había con las empresas de Francisco Correa y también con las de Marjaliza y otras ahora investigadas en el caso Púnica.  

Sin embargo la Policía jamás hizo ninguna diligencia al respecto y, a pesar de las siete horas que estuvieron registrando la sede de Génova, por la única planta que la UDEF no pasó fue por la que guardaba los secretos de la financiación del PP de Madrid que Francisco Granados puede desvelar ahora.