Este artículo se publicó hace 3 años.
El Govern fía los presupuestos de la Generalitat a la abstención de la CUP
La negociación que lidera el conseller de Economia, Jaume Giró, no está encarrilada con los anticapitalistas pero "progresa adecuadamente" según fuentes del Ejecutivo catalán que descartan cualquier otro socio para aprobar las cuentas. Desde la CUP se muestran más escépticos y exigen cambios importantes en fiscalidad para gravar las rentas más altas.
Barcelona-
La negociación de los presupuestos de la Generalitat para el 2022 no está ni de lejos cerrada pero "progresa adecuadamente" con la CUP. A dos o tres semanas máximo de la aprobación de las cuentas en el Consell Executiu -para iniciar posteriormente la tramitación parlamentaria- esta es la perspectiva que plantea un alto cargo del Govern. La negociación está pilotada por el conseller de Economía, Jaume Giró, pero con una atenta monitorización por parte del president Pere Aragonès.
Esta misma fuente recuerda la experiencia de Aragonès en este campo ya que, no en vano, los presupuestos vigentes del 2020 –en 2021 se prorrogaron en medio de duras críticas del PSC- fueron redactados y negociados por él en su etapa como vicepresident y conseller de Economía. "Los acuerdos no se pueden dar por hechos nunca, hasta que todo el conjunto está pactado y cerrado, pero hemos avanzado en algunos puntos", aseguran las mismas fuentes gubernamentales.
"Las reuniones –entre Economía y la CUP- se suceden con normalidad. En unas se avanza más y en otras menos, pero estamos haciendo el camino necesario para encontrar el denominador común"aseguran desde el Govern. Y fuentes de la negociación sitúan ahora mismo el nudo gordiano en los temas de fiscalidad. En palabras del conseller Giró: "No subiremos los impuestos sobre patrimonio ni a empresas familiares; más bien lo contrario, este Govern trabajará para facilitar la actividad e impulso de todas las empresas, especialmente las pequeñas y medianas".
Lo que queda claro en todas las consultas realizadas a miembros del Consell Executiu es que el Govern fía ahora mismo todas sus cartas a un acuerdo con la CUP, aunque sea de mínimos. Así lo expresa a Público la consellera de la Presidència Laura Vilagrà: "En este momento, no nos planteamos otra opción que no sea pactar –los presupuestos- con la CUP. Estamos trabajando intensamente para que sea así y estoy segura de que así será".
La abstención de la CUP, opción prioritaria
"Lo lógico es que la mayoría independentista de la investidura sea quien apruebe los presupuestos", dice Aragonès
En el Palau de la Generalitat no quieren ni oír hablar de otra opción que no pase por los anticapitalistas. Aragonès considera que se están cumpliendo todos los términos establecidos en el acuerdo de investidura y que las demandas de la CUP se han incorporado al Pla de Govern aprobado hace unas semanas. Por lo que no tendría sentido explorar otras alianzas ahora mismo porque "lo lógico es que la mayoría independentista de la investidura sea quien apruebe los presupuestos".
Además, según apuntan las mismas fuentes, no tendría sentido tumbar los presupuestos al Govern después de haber forzado una cuestión de confianza "como la que hemos aceptado". "Es en ese momento que tocará hacer el balance", añaden. De entrada, el Govern buscará el sí de la CUP, aunque las fuentes consultadas admiten la dificultad para conseguir el voto afirmativo y recuerdan que con una abstención sería suficiente. Una abstención que ahora mismo parece lo más factible en caso de acuerdo.
Las fuentes consultadas del Govern matizan que este posicionamiento no quiere decir que en la tramitación parlamentaria no se pueda negociar algunos aspectos con otros grupos como los comuns e incluso con el PSC, a pesar de que este último ostenta la jefatura de la oposición. "Cuanto más apoyos tengan los presupuestos mejor", aseguran desde el Govern, pero dejando claro que "esta negociación parlamentaria no puede suplantar ni entorpecer la prioritaria, que es con la CUP".
Un destacado miembro de la dirección de ERC asegura que "la CUP debe tener en cuenta que dejar la negociación de los presupuestos en manos del PSC no debilitaría al Govern, sino al conjunto del independentismo y eso es lo que quieren determinados poderes fácticos".
Garantizado el trámite parlamentario
El Govern ha decidido retrasar entre dos y tres semanas la aprobación inicial de las cuentas prevista para esta semana para llegar al trámite parlamentario con la negociación con la CUP sino cerrada por lo menos más madura. Y el Consell Executiu prevé aprobar los números el 2 o a más tardar el 9 de noviembre. Lo que si se da por muy descartado es que prospere una enmienda a la totalidad a los presupuestos, que supone el peor escenario para cualquier gobierno. Más allá de los votos finales al presupuesto, se da por hecho que la CUP no vetará la tramitación de las cuentas e incluso se apunta que tampoco lo hará el PSC, vista la predisposición a negociar proclamada por su líder, Salvador Illa, muy crítico con el rechazo del Govern a hablar con los socialistas.
Por su parte, la CUP, que desde el 2017 no han facilitado la aprobación de las cuentas de la Generalitat, manifiestan una perspectiva diferente dibujando unas posiciones mucho más alejadas que las que plantea el Govern. Los anticapitalistas lo dejaron claro durante el debate de política general celebrado en el Parlament hace algunas semanas: si no hay un giro de 180 grados del Govern presidido por Aragonés en cuestiones sociales y nacionales, difícilmente le darán apoyo. Más allá de la apuesta por celebrar un nuevo referéndum, presumiblemente unilateral, esta legislatura, la CUP rechaza frontalmente macroproyectos como la ampliación del aeropuerto del Prat -actualmente parada, pero con sectores del Govern, fundamentalmente de Junts, deseosos de reactivarlo-, la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 o que aún se mantenga el Complejo Recreativo y Turístico (CRT) de Hard Rock en Vila-seca y Salou, el antiguo BCN World.
Desde el Govern consideran que la negociación de los presupuestos por parte de la CUP se deberían limitar al marco de los temas incluidos en el acuerdo de investidura, que Aragonès considera que se están cumpliendo. Y a nadie se le escapa que el anuncio –en plena negociación presupuestaria- de la retirada de los conciertos económicos de la Generalitat a las escuelas concertadas de Catalunya que segregan los escolares por sexos, mayoritariamente del Opus, es un elemento importante para intentar conseguir el voto de los anticapitalistas.
Discrepancias en fiscalidad
Por lo que se refiere a los números concretos, en la negociación entre los responsables del Departament d’Economia encabezados por el conseller Giró y los de la CUP, en que participan diputados como Eulàlia Reguant o Carles Riera entre otros, la fiscalidad está siendo uno de los puntos candentes. La CUP exige mejorar la progresividad y la equidad del sistema fiscal catalán, "ante el aumento de la población en riesgo de pobreza y de exclusión social". Un hecho que, según su visión, conlleva "la necesidad de aumentar la imposición sobre la riqueza para incrementar la recaudación y la progresividad del sistema fiscal, con el objetivo de redistribuir la riqueza".
Jaume Giró, que ya insistió en que sólo contempla rebajar el IRPF a las rentas más bajas, pero en ningún caso subirlo a las más altas
Según detalló la diputada Reguant en la sesión de control al Govern de la semana pasada -recogiendo lo que ya habían expuesto en una propuesta de resolución del debate de política general-, la CUP plantea crear un nuevo tramo del IRPF entre los 60.000 y 90.000 euros, además de incrementar el gravamen de los niveles superiores y reducir las deducciones existentes.
También modificar el impuesto de patrimonio, con la rebaja del mínimo exento. La otra propuesta de la formación es crear un impuesto para las grandes fortunas, para grabar a quien acumula un patrimonio de más de 10 millones. Los cambios fiscales, sin embargo, no entran en la agenda del conseller Giró, que ya insistió en que sólo contempla rebajar el IRPF a las rentas más bajas, pero en ningún caso subirlo a las más altas, así como tampoco realizar cambios en el impuesto sobre el patrimonio ni crear un tributo a la riqueza. Los puntos de partida, por lo tanto, son muy discrepantes, aunque se mantienen los contactos de forma intensa.
Sin contactos con En Común Podem
La situación es muy diferente con los comuns, otro de los grupos que -al menos aritméticamente- podría tener la llave de los presupuestos. De hecho, los de 2020 fueron los últimos presupuestos de la Generalitat que se aprobaron y fue posible gracias a En Comú Podem, que los materializó a través de una abstención tras negociar una serie de cambios fiscales, como el incremento del IRPF para las rentas altas, la eliminación de numerosas bonificaciones en el impuesto de Sucesiones o la creación de nuevos tributos ambientales.
Este año, sin embargo, no parece que En Común Podem sea una opción para negociar los presupuestos. De hecho, el diputado de la formación David Cid admite que más allá de dos encuentros en julio no han tenido más contactos con el Govern para hablar de ello. "Entendemos que hay una mayoría parlamentaria, que es la mayoría de la investidura, y es a quien le toca intentar sacarlos adelante", afirma a Público.
David Cid defiende como "prioritarios" los impuestos climáticos
El parlamentario añade que cuestiones como los Juegos Olímpicos, el Hard Rock o la posición que Junts mantiene con el aeropuerto del Prat "se alejan del modelo de país que tenemos" y reitera que la situación es "diferente" a la de 2020 y que ahora es más complicado que se entiendan para facilitar las cuentas. Asimismo, a diferencia de Giró, considera que hay margen para aumentar la presión fiscal en el IRPF y en el impuesto de Patrimonio, a la vez que defiende como "prioritarios" los impuestos climáticos.
Finalmente, a nivel de enfoque global, Cid considera que los futuros presupuestos deberían tener como ejes "la lucha contra la desigualdad y la emergencia climática". "Hay que reforzar los servicios públicos, la salud y la educación; luchar contra la pobreza infantil y la pobreza estructural, que cada año se va haciendo más grande, mejorar las políticas de acceso a la vivienda, también debe ser la legislatura del tren, no tiene sentido seguir apostando por la red viaria de alta capacidad", expone Cid como ejemplos del modelo que defiende En Común Podem.
El Govern tiene una amplia geometría variable para la negociación de los presupuestos a tres bandas que va desde la CUP a En Comú Podem pasando por el PSC. Pero ahora mismo, desde el Ejecutivo de ERC y Junts se fía todo a un acuerdo final con los anticapitalistas aunque sea para la abstención. Para saber el resultado final habrá que esperar aún semanas de negociación, probablemente incluso más allá de la aprobación inicial de las cuentas durante el trámite parlamentario. Un proceso que llevará las nuevas cuentas a entrar en vigor ya avanzados en el 2022 si es que son aprobadas definitivamente por el Parlament. Algo que con la CUP, o sin ella, en el Palau de la Generalitat dan por hecho que se aprobarán.
Lo contrario sería "un desastre" ya que se perderían, según Aragonès, 3.500 millones de euros más respecto al presupuesto del 2020, provenientes de diversos fondos extraordinarios. Dedicados en buena parte, recuerdan desde la oficina del president, a conseguir un incremento de 5.000 millones de euros en sanidad y cultura en cinco años, dedicar el 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria, la gratuidad en la escolarización de 0 a 3 años o los 140 millones previstos para reforzar la renta garantizada destinada a las personas con menos recursos, entre muchas otras cosas "imprescindibles para hacer frente a la recuperación del país con criterios de equidad tras la crisis provocada por la pandemia", recalcan.
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