En el Movimiento Católico Español conocen de sobra el procedimiento, y lo cumplen con absoluta tranquilidad. Cada vez que deciden salir a la calle para reivindicar los crímenes de la dictadura, previamente comunican el acto a la Delegación de Gobierno de Madrid. Da igual el partido que esté al frente del Ejecutivo: pese a los antecedentes de sus mítines, las autoridades dejan que todo siga su cauce sin poner pegas de ningún tipo. A día de hoy, la exaltación de la dictadura franquista no encuentra dificultades de ningún tipo en las Delegaciones de Gobierno.  

Sin embargo, hay organizaciones que enfrentan una realidad diametralmente opuesta cuando recorren el trámite previo a la celebración de una manifestación. De acuerdo a los datos que figuran en las distintas memorias estadísticas del Ministerio del Interior, las Delegaciones de Gobierno han prohibido durante los últimos años un amplio listado de movilizaciones por cuestiones "laborales" o también "contra medidas políticas y legislativas".

"Gobierne quien gobierne, a las Delegaciones les resulta más fácil prohibir determinado tipo de manifestaciones", afirma a Público José Muga, abogado del Estudio Jurídico Liria. Según la normativa vigente, quien desee convocar una manifestación debe comunicarlo por escrito a su respectiva Delegación de Gobierno –salvo en Euskadi y Catalunya, donde las competencias de seguridad están transferidas– "con una antelación de diez días como mínimo y treinta como máximo".

En ese escrito de comunicación se hará constar, además de los datos "del organizador u organizadores", el "objeto" de la movilización y el "itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas", así como las "medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la autoridad gubernativa".

Del mismo modo, la ley permite "prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario" en caso de considerar que "existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes". "La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas", explica Interior en el apartado de "servicios al ciudadano" de su página web.

Entre 2010 y 2019 –último año del que existen datos–, las Delegaciones de Gobierno prohibieron 3.699 manifestaciones convocadas por sindicatos y comités de empresa. Así se refleja en las distintas memorias estadísticas anuales de Interior, que no incluyen más datos precisos sobre las razones concretas de esas movilizaciones ni tampoco sobre los motivos exactos que llevaron a impedir su realización.

"Efectivamente, muchas manifestaciones son denegadas. Te encuentras con resoluciones de tipo 'hay mucho tráfico' por esa calle, aunque les digas que tienes que ir por ahí porque está el Ministerio de Trabajo", explica Raúl Maíllo, abogado del sindicato CGT. A su juicio, las delegaciones de gobierno "han convertido lo que es una mera comunicación en un régimen de autorización previa", algo que, en la práctica, supone una dificultad para ejercer el derecho de manifestación.

Asimismo, durante los últimos diez años también se prohibieron 1.202 manifestaciones que tenían como "motivación" protestar "contra medidas políticas y legislativas", un dato que, a criterio del sociólogo navarro Ricardo Feliú, "deja un espacio para la discrecionalidad bastante inquietante. Es un poco siniestro, por decirlo de forma suave".

La misma suerte corrieron otras 291 movilizaciones que, según Interior, habían sido convocadas para pedir la "libertad de presos de grupos terroristas". Los datos estadísticos indican además que se decretó la prohibición de 78 manifestaciones sobre "temas nacionalistas", punto en el que tampoco se ofrecen más datos al respecto. Otras 46 manifestaciones prohibidas entre 2010 y 2019 aparecen catalogadas bajo el título "contra la violencia de género". Hubo además otras 24 prohibiciones de actos por el Primero de Mayo. 

Carlos Escaño, responsable de campaña sobre libertad de expresión en Amnistía Internacional, destaca precisamente que "el objeto de la comunicación de una manifestación es para que las autoridades faciliten el ejercicio de ese derecho". "Sin embargo, en España se ha convertido en una petición encubierta de autorización", advierte.

En total, durante ese periodo fueron prohibidas 8.592 manifestaciones. Además de los sindicatos, entre las entidades convocantes con más prohibiciones acumuladas figuran las categorizadas como "asociaciones ciudadanas" (con 2.556 expedientes contrarios) y "partidos políticos", que suman otras 641 manifestaciones prohibidas. En este último caso tampoco figuran las siglas de las organizaciones concretas que se vieron afectadas.

Exaltación franquista

En ese contexto, los partidos de ultraderecha que reivindican los crímenes de la dictadura no suelen enfrentarse a prohibiciones de manifestaciones. Así pueden atestiguarlo en el Movimiento Católico Español, que el pasado 28 de marzo pudo realizar un tour por Madrid en el que se reivindicó la caída de la capital en manos del franquismo. Desde la Delegación de Gobierno señalaron en los días previos que no habían encontrado razones para impedir su celebración. 

Tampoco enfrentaron trabas los neonazis que en febrero pasado salieron a la calle a reivindicar a la División Azul y acabaron el acto con proclamas antisemitas que ahora investiga la Fiscalía, ni tampoco aquellos que cada 18 de julio o 20 de noviembre, días marcados en el calendario de los franquistas, reivindican públicamente los crímenes de la dictadura.

En Santander, por ejemplo, la Delegación de Gobierno no observó ningún impedimento para evitar el desfile ultra que el 18 de julio de 2019 se paseó por el centro de la ciudad para conmemorar el golpe de estado contra la democracia. "Los memócratas (sic) se escandalizan", ironizó entonces el Movimiento Católico Español. En septiembre de 2017, la Delegación de Gobierno en Cantabria también había permitido una manifestación xenófoba del grupo ultraderechista Alfonso I, que marchó bajo el lema "Por España, por nuestra gente. Prioridad nacional".  

Con esos datos en la hemeroteca, el abogado José Muga destaca que "cuando tildan a un grupo de extrema izquierda, es muy fácil que les prohíban manifestaciones". "Todo apunta a que con la extrema derecha existe un comportamiento más laxo que con otras organizaciones", subraya por su parte Feliú, quien destaca que bajo la percha ultra "hay un montón de organizaciones que van desde Vox hasta por ejemplo entidades como La Falange u otras que, por su misma naturaleza, no piden permiso para hacer actos". 

Para Imanol Zubero, sociólogo y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV), "en España falta una regulación sobre si se puede exaltar una dictadura criminal como fue el franquismo". "Es un debate que hemos empezado a hacer muy tarde: si se hubiese hecho en la transición, habría sido diferente", subraya. 

"Estamos en lo de siempre: al fin y al cabo, se trata de la interpretación que puede dar la Delegación, dependiendo del gobierno de turno, sobre una manifestación u otra", sostiene el politólogo e investigador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) David Lerín. De hecho, advierte que si bien "no es fácil prohibir una manifestación", también ocurre que "la interpretación de desorden público es muy amplia". Todo depende de para quién.