Los gobiernos español y catalán convocarán la mesa de diálogo este mes para certificar la derogación de la sedición

Los tiempos parlamentarios y la necesidad de iniciar con celeridad la tramitación de la reforma del Código Penal no han permitido escenificar la entente para la derogación del delito de sedición como estaba previsto, es decir desde la mesa de diálogo donde se ha fraguado el acuerdo. Pero reunión habrá y, según fuentes del Govern, debería producirse antes de final de este mes de noviembre. Y será en Barcelona, más concretamente en el Palau de la Generalitat. Todo apunta a que la reunión mantendrá el último formato, sin presencia de los presidentes Aragonès y Sánchez -aspecto aún por decidir- con lo cual las delegaciones estarían capitaneadas por la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Según ha podido saber Público, en los trabajos para el actual acuerdo no ha habido contacto directo entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Tampoco entre consellers y ministros. Sino que se la cocción de la entente se ha desarrollado entre los diversos cargos políticos y técnicos que nutren la negociación realizada de forma minuciosa, constante, con intercambios de documentos múltiples hasta llegar a soluciones factibles. "La decisión final es de los presidentes y de los miembros de los dos gobiernos, que ahora culminarán el proceso con los flecos y la reunión de la mesa de diálogo, pero el trabajo técnico-jurídico es muy relevante", aseguran fuentes del Govern.

Esas mismas fuentes advierten de la volatilidad de las conversaciones en la mesa de diálogo. "Las negociaciones continúan, pero no es fácil y cualquier circunstancia ajena a la negociación puede comportar retrasos. Nos ha pasado más de una vez. Pero la voluntad es que en las próximas semanas cerremos los flecos y se reúna la mesa". Que sea antes de acabar el mes de noviembre "es una posibilidad cierta", aseguran. Pero aseguran que "tampoco pasaría nada si se demora a los primeros días de diciembre". En cualquier caso, desde el Govern recuerdan que "en julio fijamos que habría mesa de diálogo con acuerdo antes de finalizar el año y eso se va a cumplir seguro".

Y ahora, el delito de malversación

En la nueva reunión de la mesa de diálogo, la tercera desde que Pere Aragonès es president de la Generalitat, se prevé que en la delegación del Gobierno español acompañen a Félix Bolaños la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y la ministra de Administración Territorial, Isabel Rodríguez. En el caso de la delegación catalana, además de Vilagrà, se mantiene el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent. Todo apunta que también repetirá el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. Y está por ver si lo hará la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ya que en la última reunión del mes de julio los acuerdos que se cerraron eran sobre aspectos lingüísticos que entraban dentro de su competencia, pero no será el caso en la próxima convocatoria.

Sobre el contenido de la reunión, la previsión es certificar el acuerdo al que los dos gobiernos han llegado para la reforma del Código Penal con la supresión del delito de sedición y los cambios en el de desordenes públicos agravados. Y por otro lado se abordarán otros pasos en este ámbito como el que se refiere a la posible modificación del delito de malversación, que también afecta a diversos dirigentes políticos independentistas implicados en la organización del referéndum.

Fuentes de Esquerra admiten que este tema está "menos maduro" y que habrá que esperar "unas semanas" a completar las conversaciones, pero desde la dirección de los republicanos se ve con optimismo la evolución de las negociaciones. Esquerra plantea que se modifique la malversación en su tipo impropio, es decir, cuando no recae sobre el patrimonio público, introducido en el Código Penal español en el año 2013. O lo que es lo mismo, no sustraer dinero público para lucro personal o de allegados, sino utilizar el dinero público para finalidades impropias como se les atribuyó a los procesados en el Tribunal Supremo al disponer de edificios públicos para el referéndum. Volver a la redacción anterior de la malversación, afirman los republicanos, libraría de problemas judiciales a los ya condenados, pero también a decenas de altos cargos y funcionarios que están a la espera de juicio.

La afectación para Puigdemont y el resto de dirigentes del extranjero

También es relevante esta modificación porque al desaparecer el delito de sedición se modificará el concepto de justificación de las euroórdenes por las que se ha pedido la entrega de dirigentes independentistas que residen en el extranjero, como el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. La petición por sedición se hacía casi imposible por incompatibilidad de este delito con las legislaciones existentes en la mayoría de países de la Unión Europea que ya lo habían suprimido.

Cabe recordar el caso de la detención de Puigdemont en Alemania y la vista judicial celebrada en la que la Justicia alemana aceptó la entrega para ser juzgado por malversación, pero no por rebelión o sedición. Ahora la única opción de la Justicia española -siempre que se acabe levantando la inmunidad de los europarlamentarios- sería la petición por malversación, un delito mucho menor, pero que además Esquerra quiere que sea modificado para que no sea aplicable en el caso del referéndum.

En cualquier caso, desde el Govern de la Generalitat subrayan que "este acuerdo no está hecho a medida de nadie en concreto, esto va de los derechos del conjunto de la ciudadanía". Y de hecho admiten que a pesar de la reforma continuará siendo complicado el retorno tanto de Puigdemont como del resto de dirigentes residentes en Bélgica o de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en Suiza.

Por la vía exprés y con impacto judicial

La tramitación de la derogación del delito de sedición, y del resto de cambios del Código Penal, que se han iniciado este viernes busca coger velocidad de crucero. Por eso se ha tramitado desde los partidos, PSOE y UP, como proposición de ley y no como proyecto de ley del Gobierno español. Y es que las elecciones municipales están ya demasiado cerca y así la tramitación es mucho más rápida. Pero, además, la reforma tiene diversas consecuencias jurídicas y políticas. En el primer ámbito supone la homologación de la legislación española en esta materia al entorno de las principales democracias europeas. Aunque la tipificación final que quedará puede ser más restrictiva con las movilizaciones sociales que en otros países, la mayoría disponen de delitos similares que oscilan entre los tres y los cinco años, que serán las penas previstas en la reforma.

En segundo lugar, la reforma supone un revés para la alta magistratura de la judicatura española, ya que obligará al Tribunal Supremo a revisar la sentencia a los dirigentes del procés que comportó un centenar de años de cárcel para el conjunto de los encarcelados, pero también penas de inhabilitación que limita sus carreras políticas y profesionales. Eso no quiere decir que la exoneración sea inmediata, pero podría abreviar el cumplimiento de la inhabilitación. Hay que tener en cuenta que algunos de los encarcelados -y posteriormente indultados- también tienen condenas por malversación. Y que el delito de desórdenes públicos agravados también prevé inhabilitación si es que fuera aplicable en su caso. La previsión es que un caso extremo como el del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que tenía inhabilitación hasta el 2031, pudiera ver rebajada la condena hasta 2026. Serían cinco años menos, pero insuficiente para presentarse a las elecciones al Parlament de 2025, fecha prevista si es que no hay avance electoral.

Y finalmente, desde el punto de vista jurídico, fuentes del Govern consultadas se muestran convencidas que la derogación del delito de sedición tendrá "efectos directos" en la revisión de la sentencia del Supremo contra los dirigentes independentistas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Que el Estado español reconozca que el delito por el que fueron condenados no era admisible facilita en gran medida que Estrasburgo nos acabe dando la razón respecto a que la condena del Supremo fue profundamente injusta", aseguran.

División en el independentismo

En cuanto a la derivada política del acuerdo para la reforma del Código Penal, dos son las principales repercusiones en el mapa político catalán. Por una parte, la reacción de Junts y la CUP ahonda en la división del independentismo con duras críticas a Esquerra. Y, por otra parte, el acuerdo desbroza el camino de los presupuestos generales y veremos si también de los de la Generalitat. En el primer asunto cabe destacar la beligerancia con que Junts y la CUP han recibido el acuerdo de la mesa de diálogo. Los dos partidos aseguran que, lejos de la satisfacción de Esquerra, la reforma comportará una mayor posibilidad de aplicar el delito de desordenes públicos agravados al conjunto de la masa social independentista en posibles futuras movilizaciones o si se repitiera un acto como el del 1-O. Y se han mostrado muy críticos con los republicanos.

"El texto final -de la reforma del Código Penal- no es el que nosotros haríamos. De hecho, nosotros queremos la amnistía e insistiremos en ella. Pero este acuerdo es un paso importante en la desjudicialización del conflicto político entre Catalunya y el Estado", admiten, por su parte, desde la dirección de Esquerra. Respecto a las críticas por el delito de desórdenes públicos, desde ERC desmienten la mayor. Fuentes de la dirección apuntan que no hay más posibilidades de que sea aplicado a los participantes en actos como los del 1-O. "Las conductas requieren violencia y el 1-O no fue violento por parte de los votantes".

En Esquerra admiten su "desconfianza" sobre las interpretaciones que hacen los jueces. Pero recuerdan que "el delito de desórdenes se rebaja de seis a cinco años", que "ya podría haberse aplicado el delito de desórdenes públicos porque ya existía en el Código Penal y por tanto no es un peligro sobrevenido fruto del acuerdo". Y finalmente que "desaparece un arma jurídica de destrucción masiva como el delito de sedición". "Los jueces continuarán interpretando, pero ahora con mucho menos margen de maniobra", sentencian desde Esquerra.

Los republicanos se muestran convencidos de que el delito de desórdenes en ningún caso sería aplicable para los procesados por los hechos del 2017 y de las movilizaciones post sentencia. Y aseguran que desaparecen muchos de los agravantes previstos en el artículo 557bis del Código Penal. Por ejemplo, se suprimirá el delito por el que fue imputada (y después absuelta) Tamara Carrasco.

En cualquier caso, la división del independentismo es profunda y el enfrentamiento entre ERC, Junts y la CUP llega incluso a un tema tan sensible como el de la desjudicialización. Lo cual tendrá efectos importantes en la política catalana a corto plazo con los presupuestos de la Generalitat a la vista, a medio plazo en la marcha del Govern que tendrá complicados los apoyos en el Parlament, y a largo plazo después de unas futuras elecciones en que los independentistas tengan que entenderse para formar un nuevo Ejecutivo.

La negociación presupuestaria

Respecto a los presupuestos generales, aunque insisten en separar este ámbito de la mesa de diálogo, desde ERC admiten que el acuerdo en la sedición es un factor importante para "desarrollar una negociación presupuestaria en un ambiente de confianza". Y apuntan a la posibilidad de un acuerdo, pero supeditado a la negociación de los aspectos presupuestarios clásicos de inversión para Catalunya o gestión de recursos diversos. Lo que sí reconocen los republicanos es que "hace falta acordar un mecanismo que verifique y asegure el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios", ya que se muestran escamados por la baja ejecución de las cuentas aprobadas con anterioridad.

En el caso de los presupuestos de la Generalitat la cosa está más verde. Aunque Aragonès se mantiene firme en la voluntad de acordar los presupuestos con Junts, el propósito parece complicado por no decir imposible. Y el acuerdo para la desjudicialización no ha contribuido a mejorar la relación. En Esquerra no esconden la voluntad de aprobar presupuestos después de unas semanas en que la prórroga presupuestaria se mostró muy posible, sobre todo por boca de Oriol Junqueras. Pero la aprobación necesitaría el concurso del PSC. Los republicanos consideran que el acuerdo de la mesa de diálogo es un paso, pero que para abrir negociaciones con el PSC los socialistas catalanes deberían dar un paso "para retornar a los consensos del 80% de la sociedad catalana que han abandonado en torno a la amnistía y el derecho a decidir". Es decir, que el PSC acepte hablar del Acuerdo de Claridad para proponer y definir las condiciones de un futuro referéndum de autodeterminación. Una cuestión de la que, de momento, los socialistas no quieren ni oír hablar.