El Gobierno de Mariano Rajoy intenta torpedear el rescate de servicios privatizados vetando que las administraciones puedan absorber a las plantillas de esas contratas y poniendo trabas que, en la práctica, reducen al mínimo la posibilidad de que lo hagan sus empresas públicas.

La remunicipalización de servicios privatizados, uno de los ejes programáticos de los ayuntamientos del cambio y de otros en los que las confluencias apoyan al PSOE, había provocado recursos judiciales de la Abogacía del Estado y de algunas patronales, como ha ocurrido con el rescate del servicio de atención telefónica 010 en Zaragoza o con el del agua potable en Valladolid. El ejecutivo ha decidido ahora intensificar su ofensiva y poner directamente trabas legales a esos procesos.

La disposición adicional 27  del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado establece que, “de manera indefinida”, los ayuntamientos y sus empresas públicas no podrán incorporar como funcionarios ni como personal laboral, ni siquiera como interinos o eventuales, a los empleados de contratas y concesiones privatizadas “cuando los contratos [de estas] se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio”.

El Gobierno de Rajoy ha incluido una disposición antiremunicipalizaciones en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año.

Tampoco podrán hacerlo al absorber fundaciones, consorcios y empresas públicas, según la versión inicial de los Presupuestos, que también pone trabas a la eventual inclusión en las plantillas de empresas públicas de personal procedente de servicios privatizados, incluso cuando su rescate sea consecuencia de una sentencia o llegue tras una oferta pública de empleo.

En esos casos, y “excepcionalmente”, la incorporación de trabajadores quedará limitada por la tasa de reposición, que este año solo alcanzará al 60% de las jubilaciones  del anterior, o al 100% si esa sociedad ha obtenido beneficios en dos de los tres últimos años u opera en un sector considerado prioritario como fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y actividades de recaudación tributaria.

"Intentan evitar las remunicipalizaciones"

El Gobierno no se extiende en explicaciones sobre los motivos para adoptar una decisión tan restrictiva: “Se establecen limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público” para “regular situaciones de cambio de modalidad de gestión indirecta a directa de servicios públicos y también de obras públicas de titularidad de la Administración”, se limita a señalar en la exposición de motivos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige Cristóbal Montoro apelan al control del déficit como causa para impulsar las medidas. “Se trata de gestionar los fondos públicos de la manera más sostenible y eficiente –señalan-, y esos procesos tienen incidencia presupuestaria porque afectan al gasto en personal de las Administraciones”.

Los ayuntamientos del cambio, que tratarán de coordinarse en la jornada sobre rescate de servicios públicos que celebrarán en Zaragoza la primera semana de mayo, no comparten ese análisis, aunque sí coinciden con el ejecutivo en sus consecuencias: “Esta ley impide de facto cualquier remunicipalización de envergadura, que es lo que está intentando evitar el Gobierno”, sostiene el concejal de Servicios Públicos de la capital aragonesa, Alberto Cubero, que apunta a “presiones de las grandes empresas” como causa de la medida.“

Los ayuntamientos somos las administraciones que más deuda hemos reducido y más superávit hemos generado. ¿Y qué hace Montoro? Ir a por nosotros y atacar la autonomía municipal”, señala la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en su muro de Facebook.

“El volumen de negocio es enorme”

“Se trata de una línea roja, porque el volumen de negocio que pueden perder grandes empresas, como FCC, ACS y otras, es enorme”, añade Cubero, que considera la iniciativa del Gobierno “ridícula, porque los interventores solo avalan la remunicipalización de servicios cuando resultan más baratos que el servicio privado, y eso va a ocurrir casi siempre porque el ayuntamiento se ahorra el IVA y el beneficio industrial cuando asume su gestión”.

“El mantra del ahorro no es real, sino que se aplica en función de a quien afecta ese ahorro”, anota el concejal, que recuerda que “el Gobierno no llegó a imponer medidas de este tipo ni en los momentos de mayor austeridad de la pasada legislatura, cuando la tasa de reposición era prácticamente cero”.

Los ayuntamientos del cambio celebrarán una jornada sobre remunicipalizaciones a principios de mayo en Zaragoza.

No obstante, el intento del ejecutivo de Rajoy de atacar las remunicipalizaciones también tiene una lectura estratégica: tratar de abrir brechas entre las confluencias municipalistas y algunos de los colectivos del ámbito laboral que las impulsaron como un instrumento para recuperar servicios públicos.

Los ayuntamientos del cambio intentarán que Unidos Podemos presente enmiendas a esa disposición adicional durante la tramitación de los Presupuestos, algo que alcaldes de otras formaciones, como el oscense Luis Felipe (PSOE), también comienzan a reclamar a sus partidos.

Algunos avances

Mientras tanto, los procesos de remunicipalización de servicios, efectuados la pasada legislatura por ayuntamientos del PP como León y Arteixo, el primero con la limpieza viaria y el segundo con el agua de boca, siguen en sus fases previas en la mayoría de los ayuntamientos del cambio.

Madrid, que ha recuperado la gestión municipal de la funeraria tras vencer su contrata en septiembre y donde la empresa pública EMT ha asumido el servicio BiciMad tras su rescate, estudia la viabilidad de gestionar directamente los polideportivos municipales.

El pleno de Barcelona debatirá el próximo viernes la propuesta del equipo de gobierno de Colau para vender el 15% de las acciones de Serveis Funeraris de Barcelona, valorados en 28 millones de euros, para crear una funeraria municipal que ofrecería los servicios un 30% más baratos que la media de la ciudad, o comprar a Mémora por 64 otro 36% para pasar a controlar la sociedad.

La ciudad condal, que ha municipalizado tres guarderías y los servicios de atención a la mujer y a las víctimas de violencia machista, es, junto con Badalona, Cerdanyola, El Prat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa, uno de los siete miembros de la Asociación de Municipios Catalanes por la Gestión Pública del Agua.

Playas, grúas, basura, bibliotecas

El próximo pleno del Ayuntamiento de Cádiz se pronunciará sobre las tres alegaciones presentadas al plan para asumir a partir del 1 de junio, fecha de inicio de la temporada de baño, la gestión de los servicios de salvamento, de socorrismo y de limpieza y mantenimiento de las playas de la ciudad. Paralelamente, mientras otras contratas como la de limpieza viaria y la de suministro de agua de boca se mantienen prorrogadas tras haber vencido, el equipo de Gobierno ha iniciado los trámites para asumir la plantilla de la oficina de Turismo. “Vamos a ir poco a poco, de uno en uno”, señalan fuentes municipales.

El pleno de Santiago, que ha recuperado una asesoría jurídica cuya externalización le salía por unos 200.000 euros al año, debatirá en las próximas semanas que la empresa municipal de transportes, Tussa, se haga cargo de la grúa y de la ORA después de que los tribunales anularan el contrato con la empresa Setex Aparki, a la que el equipo de Gerardo Conde (PP) le adjudicó el servicio pese a no cumplir el pliego de condiciones.

“Es mucho más complicado de lo que pensábamos”, admiten fuentes del equipo de gobierno de Ferrol, que actualmente trabaja en los estudios previos para recuperar la gestión de la recogida de basuras y en un contrato puente para municipalizar el suministro de electricidad. El de A Coruña ha fijado las bibliotecas municipales como primer servicio a recuperar.

Después de que un juzgado suspendiera el rescate del 010 y de que PP, PSOE y C’s se unieran para vetar el rescate de las depuradoras aunque los informes previos pronosticaran un ahorro de 400.000 euros anuales, Zaragoza en Común va a intentar remunicipalizar el servicio de parques y jardines -250 trabajadores y un ahorro posible de hasta 2,5 millones al año- antes de que se imponga el nuevo escenario legal a principios de junio.